La Xunta pide al Gobierno una regulación armonizada para que las administraciones puedan monetizar ahorros energéticos

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha reclamado al Gobierno central que dote a las comunidades más recursos y que establezca una regulación armonizada en España para que las administraciones públicas puedan monetizar sus ahorros energéticos.

Lorenzana ha clausuardo una jornada técnica sobre los Certificados de Ahorro Energético (CAE), documentos electrónicos, gestionados por las comunidades autónomas, que acreditan los ahorros de energía logrados mediante medidas de eficiencia energética que se pueden monetizar para financiar inversiones y cumplir con los objetivos de descarbonización.

"Los CAE están transformando la manera de entender y gestionar la eficiencia energética y se consolidan como una herramienta estratégica, ya que permiten recuperar parte o la totalidad de las inversiones", afirma.

Remarca que la Xunta trabaja en un mecanismo que sea sencillo, accesible y útil tanto para empresas y particulares como para la propia Administración.

Apunta que la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña los presupuestos para 2026, que se aprobará previsiblemente en el Parlamento la semana que viene, incluye una serie de modificaciones legislativas que favorecen la monetización de actuaciones de eficiencia energética dentro del sector público autonómico.

"La escalabilidad del sistema depende de un factor clave: de la automatización mediante esa plataforma digital integral; una iniciativa unificada que permitiría optimizar la gestión y compraventa de los CAE, garantizando mayor transparencia, eficiencia y agilidad en el mercado".

En Galicia, hasta el 31 de diciembre de 2024, hubo 61 solicitudes de CAE, con un ahorro de 410,225 GWh. Fue la sexta comunidad autónoma en número de actuaciones, pero la segunda en ahorro después de Madrid.

Con base en los datos de 2025, van registradas 381 solicitudes, de las que 218 fueron favorables, 130 están en tramitación y 33 fueron desistidas o desfavorables. Los 218 CAE registrados supusieron un ahorro de 383,06 GWh y unos ingresos de casi 58,6 millones de euros.