El Gobierno uruguayo asegura que "no está decidida la rescisión del contrato" con Cardama pese a sus "irregularidades"

Cruce de acusaciones entre Ejecutivo y oposición en una sesión extraordinaria en el Senado por la polémica con el astillero gallego

La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, ha asegurado que "a día de hoy no está decidida la rescisión del contrato" con el astillero vigués Cardama, pese a haberse encontrado "severas irregularidades" en el documento.

Así lo ha señalado Lazo en una sesión extraordinaria llevada a cabo en el Senado del país sudamericano en régimen de interpelación tras la polémica surgida por la contratación a Cardama de dos patrulleras oceánicas por valor de 82 millones de euros.

En concreto, a finales del mes de octubre se conocía que el Gobierno de Uruguay pretendía romper el contrato para la fabricación de estos dos buques al hallar "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado".

Ahora, Lazo ha desgranado la situación en una larga sesión monográfica de cerca de seis horas de duración. Ella ha dicho que en la actualidad todavía no está decidida la rescisión del contrato, si bien se está llevando a cabo una investigación administrativa que tiene por objetivo conocer qué ocurrió y a partir de ahí marcar los pasos a seguir.

"Son situaciones complejas que no son blanco o negro", ha reivindicado Lazo, después de que insistentemente el anterior ministro de Defensa Javier García, ahora en la oposición, le preguntase si el Gobierno dejaría sin efecto el documento rubricado con Cardama.

HECHOS
La ministra actual ha relatado cronológicamente los hechos, explicando que el contrato fue firmado a finales de 2023 por parte del Estado uruguayo (presidido en aquel momento por el Partido Nacional, actualmente en la oposición). Este contrato daba a Cardama un plazo de 45 días para conseguir dos garantías, con el objetivo de proteger al Gobierno uruguayo en caso de que la empresa no cumpliese lo acordado.

Sin embargo, tras una serie de inconvenientes, Cardama solicitó más tiempo, y no fue hasta octubre cuando el astillero gallego envió las garantías, "casi un año después".

En ese punto, Lazo ha lamentado que el Gobierno anterior no hiciese "saltar las alarmas" al ver que la empresa no conseguía los avales en tiempo y forma. Además, ha recordado que si no lo hacía en 60 días, el contrato podría caer sin que ninguna de las partes pudiesen reclamar nada. Pero esto no ocurrió y el Estado permitió una demora de casi un año.

No obstante, meses después el actual Ejecutivo descubrió que el supuesto banco que firmaba ese aval "no es un banco ni tiene entidad" y se identifica con "fuertes indicios de actividad fraudulenta" porque "no tenía ni un solo empleado" y su web poseía "datos falsos".

Además, en la documentación aportada se observaron "severas irregularidades", detallando que un análisis de la misma reveló que supuestamente habían utilizado la firma falsificada de un notario para darle fiabilidad a unos documentos que no la tenían.

Al parecer, según ha explicado, se habría utilizado la última hoja de un documento notarial donde se incluía dicha firma de un notario valenciano para insertarla en el contrato y así legitimar el aval necesario.

Un aval que tendría que ser renovado por Cardama un año después, enviando la empresa, según ha dicho la ministra, la renovación de dicha garantía este pasado mes de octubre también a nombre del mismo banco (Eurocommerce), cuando ya el Gobierno conocía la situación irregular de este supuesto banco, multiplicándose la polémica.

Pese a todo, ha reconocido que "no hay plan B" y que son necesarias las patrulleras. Además, ha apuntado a que Cardama ha informado de ciertos retrasos en su construcción de los barcos y que ya se han adelantado casi 29 millones de euros de los 82 millones del total del contrato que "es necesario recuperar para evitar su pérdida definitiva".

La sesión en el Senado uruguayo se convirtió en un cruce de acusaciones, ya que el senador interpelante y exministro de Defensa, Javier García, criticó la intención del Gobierno de rescindir un contrato de forma "ilegítima" con el "principal socio que tiene Uruguay en Europa, que es España". Para él, esta sería una "decisión política".