Un millar de empleos en vías de extinción ante la decadencia de las granjas de visones en Galicia

El paisaje económico del rural gallego está experimentando una transformación silenciosa pero inexorable en uno de sus nichos más controvertidos y, a la vez, arraigados. La industria de la piel, que durante décadas ha tenido en esta comunidad autónoma su principal bastión nacional, atraviesa horas bajas. Según los datos más recientes facilitados por entidades conservacionistas y cruzados con las cifras del sector, la actividad se está contrayendo a un ritmo vertiginoso.

Si hace apenas un lustro el mapa gallego contaba con una red sólida de infraestructuras dedicadas a la cría de visón americano, el panorama actual dibuja un escenario de repliegue, donde la drástica reducción del 37% de las instalaciones operativas marca una tendencia que muchos analistas consideran irreversible.

Esta disminución no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de un cambio profundo en la mentalidad de los consumidores y en las estrategias de las grandes firmas de moda. La demanda global de pieles naturales ha sufrido un frenazo considerable, impulsada por una sociedad cada vez más exigente con el trato ético a los animales. 

Organizaciones como la Fundación Franz Weber (FFW) han puesto cifras a este declive, señalando que de las 35 granjas que funcionaban a pleno rendimiento en 2020, hoy apenas resisten 22. Este cambio de paradigma ético ha golpeado la línea de flotación del negocio.

Sin embargo, reducir este fenómeno a una simple victoria del ecologismo sería simplificar una realidad económica y social mucho más compleja. Detrás de las frías estadísticas de cierres y de las celebraciones de las ONG, existe un tejido humano que observa con preocupación su porvenir. 

La industria peletera no es una actividad residual en términos laborales; su peso es significativo en comarcas muy concretas de A Coruña y el norte de Pontevedra. A principios de década, se estimaba que el sector sostiene cerca de 1.200 puestos de trabajo directos en la comunidad .

 La comunidad concentra más del 80% de la producción peletera de toda España, convirtiéndose en el epicentro de la producción nacional de piel de visón. La provincia de A Coruña aglutina la inmensa mayoría de estas explotaciones, seguida a cierta distancia por Pontevedra y Lugo. Para muchos municipios, estas naves no son lugares polémicos, sino centros de trabajo que generan riqueza local y dinamizan la economía a través de servicios veterinarios, logística, alimentación animal y mantenimiento de instalaciones.

Su mercado no está en la tienda de la esquina, sino en las grandes capitales del lujo internacional. El producto que sale de las granjas gallegas es una mercancía de alto valor añadido que se exporta casi en su totalidad. El destino final de estas pieles suele decidirse en prestigiosas subastas internacionales celebradas en ciudades como Copenhague o Helsinki, donde la calidad del visón criado en Galicia ha gozado históricamente de una excelente reputación. Esta desconexión entre el lugar de producción y el de consumo ha permitido al sector sobrevivir durante años a pesar de la creciente impopularidad de las pieles en España.

No obstante, la incertidumbre actual plantea un dilema de difícil solución para la administración autonómica y nacional. El cierre de estas empresas no solo implica la pérdida de puestos directos, sino que amenaza con arrastrar a toda una industria auxiliar. El gran interrogante que se abre ahora es cómo gestionar el futuro incierto de las familias que han dedicado su vida a este oficio. Las granjas han realizado inversiones millonarias en los últimos tiempos para adaptarse a normativas europeas cada vez más estrictas, y un cierre abrupto sin un plan de compensación o reconversión industrial podría suponer un drama económico para cientos de hogares gallegos.

La sombra de las zoonosis y el impacto ambiental

Más allá de las cifras económicas, el debate sobre las granjas de visones ha cobrado una nueva dimensión tras la crisis sanitaria mundial desatada por el coronavirus.

La Fundación Franz Weber y otros colectivos han intensificado sus advertencias sobre los riesgos biológicos inherentes a estas instalaciones. La concentración de miles de animales genéticamente similares en espacios reducidos se ha revelado como un caldo de cultivo potencial para la transmisión de enfermedades. La amenaza de zoonosis —enfermedades que saltan de animales a humanos— dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad palpable durante la pandemia de Covid-19, cuando se detectaron numerosos brotes de coronavirus en granjas gallegas que obligaron al sacrificio masivo de animales.

A este historial sanitario se suma la detección de gripe aviar en 2023 en una explotación de Carral, un evento que encendió todas las alarmas en las consellerías de Sanidad y Medio Rural. Para los detractores de la industria, estos episodios demuestran que las medidas de bioseguridad, por muy estrictas que sean sobre el papel, son insuficientes en la práctica. 

Además del riesgo vírico, existe una preocupación constante por el impacto ecológico. El visón americano es una especie exótica invasora muy agresiva, y las fugas accidentales representan un peligro mortal para la biodiversidad autóctona, afectando gravemente a la fauna de los ríos gallegos e incluso alcanzando espacios protegidos como el Parque Nacional de las Illas Atlánticas.

Desde la perspectiva de la Fundación Franz Weber, la continuidad de estas explotaciones es insostenible no solo por ética, sino por salud pública. Denuncian que estas granjas contaminan suelos y acuíferos, y describen las instalaciones como lugares con condiciones de hacinamiento que facilitan la mutación de patógenos. Según sus argumentos, mantener operativas estas infraestructuras equivale a mantener activos reservorios virales que podrían detonar futuras pandemias, una visión que choca frontalmente con la defensa que hacen los productores sobre sus protocolos de higiene y control veterinario.

2030: Una fecha límite en el horizonte

El reloj corre en contra del sector peletero gallego. El Gobierno central, alineado con las tendencias que imperan en el norte de Europa, ha puesto sobre la mesa un horizonte temporal que suena a sentencia: el año 2030. La Ley de Bienestar Animal y las directrices que se cocinan en Bruselas apuntan hacia un cierre definitivo para 2030 de la cría de animales con fines exclusivamente peleteros. Esta fecha límite no es un capricho legislativo, sino la respuesta a una iniciativa ciudadana europea, "Fur Free Europe", que ha recabado más de un millón de firmas exigiendo el fin de esta industria en todo el territorio de la Unión.

En este contexto de cambio, el posicionamiento de los grandes referentes empresariales de Galicia ha sido determinante. El grupo Inditex, buque insignia de la economía gallega con sede en Arteixo, hace años que decidió desvincularse totalmente del uso de pieles animales. Su adhesión al programa "Fur Free Retailer" y su política libre de pieles envían un mensaje poderoso al mercado: el futuro de la moda no pasa por el despellejamiento animal. Cuando gigantes como Inditex, Adidas o H&M dan la espalda a una materia prima, la viabilidad comercial de tantas granjas en Galicia queda herida de muerte, independientemente de la legislación.

Por su parte, la Xunta de Galicia se mueve en un terreno pantanoso, intentando equilibrar el cumplimiento de las normativas estatales y europeas con la defensa de un sector productivo legal y regulado. Las asociaciones de criadores se defienden alegando que cumplen escrupulosamente con las normativas de bienestar animal más exigentes del mundo y que sus animales reciben un trato profesional y cuidado. Argumentan que prohibir la producción en Europa solo servirá para trasladar el negocio a países con legislaciones mucho más laxas y peores condiciones para los animales, sin que ello reduzca la demanda de pieles en los mercados de lujo asiáticos o rusos. 

La conclusión lógica a la que apuntan todos los indicadores es que Galicia se encamina hacia un modelo productivo libre de granjas de visones. La urgencia ahora reside en la capacidad de las instituciones para generar alternativas laborales viables para esos miles de trabajadores que pueden perder su empleo en unas zonas rurales en las que, además, no suele haber muchas alternativas.