Clamor masivo en Arousa: mariscadores y vecinos desafían la nueva terminal de betún en Vilagarcía

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha logrado articular un frente común sin precedentes en este conflicto local, sumando el apoyo de pósitos clave en la Ría  como los de Carril, Vilanova, A Illa, O Grove o Rianxo, además de las principales organizaciones de mejilloneros y colectivos vecinales de Vilaxoán y Sobradelo. A pesar de que los plazos administrativos coincidieron con las fiestas navideñas y la movilización en el Obradoiro, la respuesta social ha sido contundente, evidenciando que el sector del mar no está dispuesto a aceptar nuevos riesgos.

Desde la plataforma denuncian que la tramitación se ha realizado de forma precipitada, obligando a los colectivos a realizar un esfuerzo titánico para presentar sus argumentos antes del cierre del año. Consideran que el proyecto adolece de una fragmentación administrativa injustificada, ya que separa artificialmente el almacenamiento del producto de su distribución logística. Para los denunciantes, es imposible evaluar el impacto real si no se considera el ciclo completo, que incluye tanto los tanques en tierra como el tránsito incesante de buques y camiones cisterna necesarios para mover la mercancía.

Los opositores alertan de que la documentación presentada por la empresa promotora, Betunes Gallegos S.L.U., carece de datos concretos sobre el número de barcos que navegarán por el interior de la ría. Esta falta de previsión sobre el tráfico marítimo es uno de los puntos más polémicos, dado que la actividad depende en un 90% del transporte por mar. Se teme que el aumento de la frecuencia de buques mercantes en una zona de intensa actividad bateeira y marisquera eleve exponencialmente la probabilidad de accidentes o vertidos que podrían ser catastróficos para la economía local.

Dudas sobre la seguridad y la salud pública

Más allá de la logística, el núcleo de la protesta reside en la naturaleza del material manipulado. El betún requiere ser calentado a altas temperaturas para su trasiego, un proceso que, según los colectivos, incrementa la volatilidad de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. La PDRA advierte de que esto supone un riesgo directo para la salud pública, afectando no solo a los trabajadores del puerto, sino a las poblaciones colindantes y a la calidad de los recursos pesqueros. Lamentan que el estudio no profundice en los riesgos de toxicidad e inflamabilidad asociados a estas operaciones térmicas.

Frente a estas críticas, el proyecto cuenta con el respaldo decidido del Gobierno gallego, que lo ha declarado Proyecto Industrial Estratégico (PIE). Esta figura administrativa busca agilizar la tramitación de iniciativas que se consideran vitales para el tejido productivo. La administración autonómica y los promotores destacan la inversión millonaria prevista, superior a los 21 millones de euros, y la creación de cerca de medio centenar de puestos de trabajo entre directos e indirectos, argumentando que las instalaciones cumplirán con todos los estándares de seguridad vigentes.

Sin embargo, los colectivos sociales desmontan el argumento de la continuidad empresarial. Señalan que no se trata simplemente de seguir con una actividad preexistente, sino de un salto cualitativo hacia un modelo de gran intensidad energética. Las cifras de consumo de gas y electricidad necesarias para mantener el betún caliente son, a su juicio, incompatibles con la sostenibilidad y demuestran que se trata de una instalación industrial nueva y de gran envergadura que merece una evaluación ambiental mucho más rigurosa de la planteada.

Alternativas lejos de la Ría de Arousa

La pregunta que lanzan desde la PDRA es por qué se insiste en ubicar esta industria en el corazón de una ría productiva cuando existen alternativas más seguras. El propio proyecto analizaba opciones como Huelva, pero los opositores sugieren que, de hacerse en Galicia, debería optarse por la deslocalización portuaria hacia puertos exteriores como Punta Langosteira (A Coruña) o Caneliñas (Ferrol). Estas ubicaciones, diseñadas precisamente para alejar tráficos peligrosos de los núcleos urbanos y zonas sensibles, reducirían drásticamente el impacto potencial sobre el medio ambiente y la población.

Postura de la empresa

Los responsables del proyecto, la firma Betunes Gallegos S.L.U. (integrada en el potente grupo multinacional Gunvor), defienden la viabilidad y la seguridad de la planta apoyándose en las cifras de inversión y en la modernización tecnológica de las instalaciones.

Desde la parte promotora se subraya que la nueva terminal supondrá una inyección económica de 21,6 millones de euros en la comarca. Su principal argumento es la reactivación industrial de un espacio portuario que ya tenía usos similares, transformándolo en un complejo eficiente dividido en dos zonas que suman casi 7.000 metros cuadrados. Para la empresa, la planta es una oportunidad de desarrollo que generará 45 empleos entre puestos directos e indirectos, fortaleciendo el peso logístico de Vilagarcía.

En cuanto a la seguridad técnica, el proyecto presentado por los promotores sostiene que el betún asfáltico, debido a su punto de inflamación (260°C), no se clasifica como una sustancia altamente peligrosa bajo condiciones normales. Para garantizar el control total de la mercancía, planean instalar sistemas de medición automática en los tanques y puentes de pesaje digitalizados. Además, aseguran que las instalaciones contarán con infraestructuras de última generación para la prevención de incendios y el mantenimiento térmico de las tuberías, minimizando cualquier posibilidad de incidente durante la carga y descarga desde el muelle de Comboa.