El coste de llevar la basura de Vigo a Sogama se dispara por un nuevo corte de vía

El cierre ferroviario entre Vigo Guixar y Redondela, decretado por Adif durante al menos un mes para llevar a cabo la renovación de la línea, obliga a la empresa pública a transportar más de 23.000 toneladas de residuos en camión, agravando un conflicto institucional que se arrastra desde hace tiempo.


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El presidente de Sogama, Javier Dominguez Lino, en la planta de transferencia de residuos de Guixar, en Vigo, a 15 de septiembre de 2025.
Archivo.- El presidente de Sogama, Javier Dominguez Lino, en la planta de transferencia de residuos de Guixar, en Vigo, a 15 de septiembre de 2025.

Un mes entero sin tren. Eso es lo que Adif le comunicó a Sogama al notificarle que, desde el 7 de abril hasta el 7 de mayo, el tráfico ferroviario entre la terminal Guixar-Vigo y el Complejo Ambiental de Cerceda quedará totalmente interrumpido. La razón esgrimida son "diversas obras para la renovación integral de la infraestructura y la vía en el tramo Redondela-Vigo Guixar", acciones enmarcadas en la adaptación al Corredor Atlántico, el famoso y polémico corredor de mercancías.

 

Las consecuencias para la Sociedad Gallega de Medio Ambiente para el funcionamiento de la empresa encargada de gestionar los residuos de la práctica totalidad del país son notables: la cancelación de 39 trayectos ferroviarios, el equivalente a 1.170 contenedores cargados con 20 toneladas de residuos cada uno. Todo este volumen deberá transportarse por carretera utilizando los medios propios de la empresa, con el impacto previsible tanto en los costes operativos como en las emisiones de CO₂.

 

Así las cosas, el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, envió una carta a los municipios afectados pidiendo disculpas por las molestias ocasionadas por una situación «totalmente ajena al control de Sogama y las autoridades locales», y agradeciendo la colaboración de las administraciones municipales, como ya había hecho en episodios similares anteriores.

 

Incidentes repetidos
Esta nueva incidente no es un caso aislado. En febrero de 2026, una interrupción similar en la misma línea ya obligó a Sogama a reorganizar urgentemente el transporte, contratando 19 remolques para evitar el colapso de las plantas de transferencia. En aquel momento, tanto la empresa como la Xunta de Galicia criticaron abiertamente a Renfe por la falta de comunicación previa y la ausencia de soluciones alternativas para el traslado de mercancías.

 

El problema fundamental va más allá de las obras puntuales. Sogama paga alrededor de 7 millones de euros anuales por un servicio ferroviario que la propia entidad define como "cada vez más ineficiente". El tren es la principal vía para el transporte del 60% de los residuos que llegan desde localidades como Vigo a las instalaciones de Cerceda, por lo que cualquier interrupción tiene un impacto directo en la logística de todo el sistema gallego de gestión de residuos. Hay que recordar que SOGAMA es un 51% por lo que si sus costes suben, quien acaba asumiendo finalmente la mayoría de la factura es el erario autonómico.

 

La sustitución del ferrocarril por el transporte por carretera también supone un claro retroceso en los objetivos de sostenibilidad que promueves los poderes públicos, al aumentar las emisiones y el tráfico de vehículos pesados ​​en las carreteras gallegas.

 

Mejoras futuras, problemas de hoy


En su defensa, Renfe alegó que las obras que provocan este corte forman parte de un importante proyecto de modernización. La línea entre Guixar, Redondela y Guillarei permanecerá afectada durante los próximos meses —fuentes del sector apuntan a un año— para llevar a cabo la electrificación, la sustitución de traviesas y balasto, la mejora de los sistemas de seguridad e incluso la ampliación de túneles. La inversión superaría los 110 millones de euros.


Para los pasajeros que realizan trayectos de media distancia y cercanías, Renfe ha habilitado autobuses de sustitución y prevé desviar algunas frecuencias a la estación de Vigo-Urzáiz.  Poco consuelo suponen para Sogama, que se lamenta de que no exista alternativa ferroviaria viable: los residuos se transportarán por carretera, y el coste —ambiental y económico— recaerá sobre la empresa pública y, en última instancia, sobre los gallegos.

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