La Xunta empieza a hablar ya del fin de Altri: "A punto de terminar el plazo porbablemente no se presente una solución"

El proyecto de la macrocelulosa que la multinacional portuguesa Altri pretendía levantar en Palas de Rei (Lugo) vive sus horas más críticas. La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, admitió esta semana ante la comisión parlamentaria correspondiente que considera "muy probable" que el plazo de tres meses concedido a la empresa concluya sin que esta aporte ninguna alternativa viable al problema de la conexión eléctrica. El desenlace, en ese caso, sería el archivo definitivo del expediente y la caída automática tanto de la autorización ambiental integrada (AAI) como del permiso de captación de aguas del río Ulla.

El ultimátum fue notificado a Altri el pasado 19 de febrero, cuando la Consellería advirtió formalmente a la promotora de que disponía de noventa días para demostrar la viabilidad de una solución de interconexión eléctrica. El problema de fondo es que la subestación con la que el proyecto contaba desde el principio no fue incluida en la planificación de la red eléctrica nacional publicada en octubre de 2025. Sin ese nudo de conexión, la planta —que requeriría 110 MW de potencia— resulta técnicamente inviable.

Echevarría fue clara al señalar que "carece de sentido" avanzar en procedimientos administrativos, como la AAI o el permiso de Augas de Galicia, cuando el propio proyecto industrial estratégico (PIE) puede quedar en vía muerta por causas imputables al promotor. La responsable autonómica precisó que, una vez vencido el plazo, se esperará a conocer algún movimiento de la empresa antes de declarar formalmente la caducidad de todos los expedientes vinculados.

LA SOSPECHA DEL BNG: ¿UNA TRAMPA PARA INDEMNIZAR A ALTRI?

Quien no comparte esta lectura tranquilizadora es el diputado del BNG Luís Bará, que lleva meses exigiendo el cierre definitivo del proyecto. En su intervención parlamentaria, Bará calificó el anuncio del inicio del archivo —realizado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, el 20 de febrero— de "trampa" deliberadamente diseñada. 

A su juicio, el procedimiento elegido por la Xunta buscaría en realidad provocar un litigio que permitiera a Altri reclamar una indemnización millonaria al tiempo que la compañía mantiene viva la tramitación por otras vías. El BNG ha comparado históricamente este proyecto con otras grandes catástrofes industriales gallegas y ha pedido el carpetazo definitivo apelando a la falta de licencia social y ambiental.

El diputado nacionalista también recordó que el permiso de captación de aguas solicitado a Augas de Galicia lleva tres años y medio sin resolverse, dos más de lo que establece la ley, sin que la administración autonómica haya dado explicaciones suficientes al respecto.

CUATRO AÑOS DE CONFLICTO SOCIAL EN GALICIA

El proyecto fue anunciado en 2022 y declarado "proyecto industrial estratégico" por el Consello de la Xunta ese mismo año, lo que aceleró su tramitación. Proyectaba una inversión de cerca de 1.000 millones de euros, 366 hectáreas de superficie y la promesa de 2.000 empleos directos. Sin embargo, desde el principio generó una resistencia social sin precedentes recientes en Galicia. 

Plataformas como Ulloa Viva movilizaron a más de 100.000 personas en Santiago de Compostela bajo el lema "Altri Non", con el rechazo centrado en el consumo de 46 millones de litros diarios del embalse de Portodemouros y el riesgo para la ría de Arousa y los sectores del marisqueo y el mejillón.

La Xunta, por su parte, defendió en todo momento la planta como motor económico e imputó al Gobierno central el bloqueo del proyecto al excluirlo de los fondos PERTE y de la planificación eléctrica. Altri no se ha pronunciado públicamente sobre el estado actual del expediente. El plazo vence esta semana.