Ecologistas denuncian por prevaricación a la jueza que trasladó los pleitos de las eólicas como deseaba la Xunta

Lo que ha llegado a la Fiscalía Superior de Galicia no es solo una denuncia contra una magistrada del más alto tribunal de Galicia, algo, al fin y al cabo, muy inhabitual.  Es un paso más de una larga pelea político-judicial que mantiene trabado el sector eólico en Galicia desde hace lustros.

Por un lado, los ecologistas  y colectivos vecinales que denuncian operación para desactivar el único freno institucional que estaba funcionando contra el modelo de implantación eólica masiva en Galicia. 

Son una veintena de entes de la Coordinadora "Eólica Así Non" los que han presentado un escrito ante el fiscal para que investigue si la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio, incurrió en un delito de prevaricación —artículo 446 del Código Penal— al trasladar los litigios sobre líneas de evacuación eólica de la Sección Tercera a la Segunda, sin modificar las normas de reparto aprobadas en 2023. 

Entre las entidades firmantes figuran ADEGA, CIG, SLG, FRUGA, Amigas da Terra y más de una docena de asociaciones vecinales. Otras se sumarán en los próximos días, dicen los promotores de la demanda.

En frente, los empresarios eólicos y la Xunta de Galicia, molestos por las docenas de parques eólicos paralizados cautelarmente por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, entre cuyos magistrados está Luis Villares, el ex-líder de la oposición en Galicia durante su etapa de En Marea. Durante años han cargado y han metido presión contra Villares y su Sección Tercera del TSXG, argumentando que las paralizaciones cautelares aplicaban un criterio diferente al de otros tribunales en otras partes de España y que, en el fondo, tenía un matiz ideológico producto del paso por la política del ex-juez. 

La decisión por la que ahora los ecologistas denuncian prevaricación es la del auto de abril de 2025 de la Sección Segunda, que denegó la paralización cautelar de las autorizaciones de la línea eléctrica Campelo-Mesón. Hasta ese momento, todos los procedimientos de impugnación de infraestructuras de evacuación eólica habían sido tramitados por la Sección Tercera —competente en materia de industria—, que en varias ocasiones previas había rechazado expresamente inhibirse a favor de la Segunda, precisamente ante las solicitudes de la propia Xunta de Galicia y de empresas del sector codemandadas. 

La presidenta de la Sala impuso el cambio por encima de ese criterio consolidado, y sin amparo en modificación normativa alguna, entienden los denunciantes.

Para entender el origen del pleito hay que retroceder a abril de 2024. Entonces, el Gobierno de Alfonso Rueda reorganizó su estructura orgánica para trasladar las competencias sobre energía y la tramitación de los parques eólicos desde la Consellería de Medio Ambiente a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación. 

El objetivo de fondo de ese cambio en la Xunta, creen los críticos, era precisamente lograr que los pleitos sobre las eólicas ya no recayesen en la Sección Tercera —la de Villares, la que venía dictando las suspensiones cautelares— sino en la Segunda, cuya presidenta era entonces la propia Azucena Recio, una magistrada más proclive a las empresas según los ambientalistas. Esta primera "maniobra fracasó": la Sección Tercera se negó a ceder jurisdicción pese al cambio en la burocracia de la Xunta. 

Todo cambió este marzo, cuando Recio ganó el concurso para la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo frente al propio Luis Villares. Recio tomó posesión el 6 de marzo, y apenas una semana después firmó un acuerdo —fechado el 12 de marzo— por el que ordenaba el traslado forzoso de Villares desde la sección tercera a la cuarta.  La misma resolución afectaba a la magistrada María Dolores López López, también de la tercera.

El resultado fue el cambio sustancial de la Sección Tercera: dos de sus cuatro magistrados fueron sustituidos por jueces de reciente incorporación, sin experiencia en las materias a juzgar, procedentes de la cuarta. 

EL ARGUMENTO DE LA "IMPARCIALIDAD" Y SUS SOMBRAS

El argumento esgrimido por Recio para justificar el apartamiento de Villares fue la defensa de la imagen de imparcialidad de la Sala, apoyándose en que ante el Tribunal Supremo estaban pendientes recursos en los que se alegaba precisamente que Villares no podía juzgar asuntos sobre los que había tomado posición pública durante su etapa como líder de En Marea. 

A comienzos de 2025, el Supremo ya había anulado tres sentencias sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por considerar que existían dudas sobre la imparcialidad del magistrado.  Villares, en su etapa de político, también se pronunció contra algunos parques eólicos. Sin embargo, este argumento, ya esgrimido en múltiples ocasiones por los promotores eólicos para apartar a Villares de los pleitos, siempre fue rechazado por la Justicia. 

Así las cosas, la asociación Juíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) rechazó de plano el traslado de Villares y la otra magistrada. La organización advirtió de que el mensaje que se podía enviar a la ciudadanía con esta medida "inusual" era que las presiones políticas y empresariales habían conseguido cambiar la composición de la sección, y que el poder judicial se "doblaba" a los intereses de las partes. 

JJpD presentó además un recurso de alzada ante el Pleno del CGPJ, denunciando graves defectos de forma en los cuatro cambios de sección dictados por Recio. El propio Villares recurrió también su traslado.  Por ahora, el CGPJ no ha tomado una decisión, aunque sí ha rechazado las medidas cautelares que pedían JJpD. 

La Coordinadora ya había presentado quejas previas ante la presidencia del TSXG y ante el CGPJ, sin obtener respuesta en ninguno de los dos casos. La denuncia ante la Fiscalía es, en ese sentido, la única salida que les quedaba, argumentan.