La posición de la Xunta con los menores migrantes: ¿desentendimiento o juego político?

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que la comunidad gallega cumplirá la ley y acogerá a los menores migrantes. Sin embargo, ha reiterado que sus recursos están "ahora mismo sobrepasados". Esta declaración se enmarca en la disputa con el Gobierno central por el reparto de estos jóvenes entre las diferentes autonomías. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido un Real Decreto que fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para la acogida de menores no acompañados en el conjunto de España. Y las comunidades del PP, incluida Galicia, se oponen a esta medida.

LA BATALLA POLÍTICA Y LEGAL

Alfonso Rueda, al frente del gobierno gallego, ha acusado al Ejecutivo central de no prestarse al diálogo, también de no aportar recursos económicos suficientes que faciliten la acogida y de imponer un "cumplimiento imposible" con el Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores. Rueda se ha mostrado crítico con una decisión que cree que se ha tomado "a las bravas" calificando el reparto de menores como un acto "político". 

En este sentido, Rueda ha señalado que comunidades como Cataluña o Euskadi no tendrán que acoger a prácticamente ningún menor, mientras que a Galicia se le asignan "por encima de su capacidad”. El presidente de la Xunta ha llegado a acusar al Gobierno de considerar a los menores "una carga" y querer "trasladar el problema a las comunidades".

Desde CCOO, Maica Bouza ha denunciado que la postura de la Xunta es una mera estrategia política. Bouza califica la situación de "ilegal, alegal e inmoral", y considera "especialmente terrible y poco ético" que esta medida provenga precisamente de una tierra de emigración como Galicia. Bouza considera que en este tema, la Xunta puede tener "prioridades políticas antes que humanitarias". Es por ello que denuncia un uso de los menores como "moneda de cambio" e "instrumento contra el Gobierno central". A pesar de todo, cree que la Xunta acabará cumpliendo la ley.

CAPACIDAD DE ACOGIDA Y NECESIDADES
Ante las palabras de Rueda que apuntan a una sobresaturación de los servicios de acogida en Galicia, Maica Bouza contradice esta afirmación. Asegura que la Xunta tiene capacidad para acoger a más de 317 menores, el número que le corresponde a Galicia según el reparto. Considera, por otra parte, que el gobierno gallego no se ha detenido a pensar en la petición de recursos económicos para atender a los menores migrantes. Cree que detrás de esta postura hay una estrategia puramente política.

Bouza también apunta como necesidades más importantes para atender a los menores el habilitar espacios adecuados para acogerlos, como las residencias de verano que tiene la Xunta, en lugar de improvisar pabellones. Es necesario también el favorecer su adaptación cultural y social, promoviendo el conocimiento del idioma y la escolarización si es necesario. Para ello son necesarios proyectos de inserción adecuados, con recursos y atención que faciliten la convivencia entre menores migrantes y el lugar de acogida.
 

Bouza ha insistido en que estos menores no son diferentes a otros en cuanto a capacidad de adaptación y aprendizaje. Es por eso que la Xunta debería "darles cobertura, atenderlos, acogerlos y cumplir con la legalidad vigente", pues merecen "atención, cobijo y afecto porque bastante mal lo han pasado".
 

FALTA DE DIÁLOGO Y SUS CONSECUENCIAS
Desde CCOO lamentan la falta de comunicación desde la Consellería de Política Social, afirmando que en el sindicato no han recibido ninguna respuesta a sus reiteradas peticiones de reunión. Ven en esta actitud de la Xunta, más que de la propia conselleira Fabiola García, una "actitud de hacer demagogia" con la situación de los menores.

La gran preocupación para varios agentes sociales gallegos es que esta disputa política pueda tener consecuencias legales. Bouza confía en que la Xunta "no incumpla la ley" y que la postura de Rueda y su equipo es más una "batalla legal" y de "papeleo mediático". Aún así, ha calificado el comportamiento de la Xunta con los menores de "indecente", y que CCOO estarán atentos para "denunciar, pedir y exigir" que se cumpla la ley.

A pesar de todo esto, los menores siguen esperando y las diferencias políticas dilatando su espera. Mientras tanto, los y las migrantes seguirán llegando a las costas del sur de Europa y las soluciones no llegan a tiempo.