Llegar a viejo en Galicia

"Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones idóneas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la  tercera edad. Al mismo tiempo, y con independencia de los deberes familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio" (CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, art. 50)

Si analizamos un poco al por menor la realidad de los mayores en Galicia comprobaremos como este mandato constitucional, con carácter general, no se cumple lo que supone que la llamada tercera edad no disfruta del nivel de bienestar y calidad de vida a la que tiene derecho. 

En relación a la garantía de una suficiencia económica las evidencias empíricas nos confirman que para un número muy elevado de pensionistas gallegos esa garantía no existe. El día de hoy la pensión media de vejez -que por razones operativas identificamos con la de jubilación- está en 1.067,2 euros mensuales que es la segunda más baja del Estado. Tengamos en cuenta que estamos hablando de las contributivas (493.000), que tienen un importe medio claramente superior al de las no contributivas. Una evidencia empírica que nos confirma que la renta de la mayoría de los ciudadanos gallegos de la tercera edad es más baja que el promedio de España, entre otras razones porque el 65% de los jubilados gallegos tienen una pensión inferior al SMI (1.000 euros). 

En cuanto a los servicios sociales que atienden a sus problemas específicos la situación es claramente deficitaria. Tomemos, por caso, la realidad de las residencias de mayores  -podríamos haberlo hecho con la Atención a domicilio o los Centros de día- que, como nuevamente acabamos de saber hace pocos días, esconden situaciones realmente indignantes y que atentan contra los derechos más elementales de los mayores. Situaciones que ya la pandemia de la COVID-19 había sacado a la luz -el 45% del total de fallecimientos tuvieron lugar en residencias- a pesar de la postura ferreamente oscurantista tanto de las direcciones de los centros como del Gobierno gallego. Una situación que, a pesar de eso, no debería sorprendernos dado que, como ya señalamos para la atención sanitaria, este Gobierno gallego de turno (PP) vuelve a apostar por la iniciativa privada como así lo hizo público recientemente el Presidente de la Xunta, el señor Rueda. Una apuesta ideológica y de clase que se refleja en hechos como la debilidad de la iniciativa pública -Galicia está entre las CCAA con menor presencia de plazas en residencias públicas: 1,83 plazas residenciales por 100 mayores, claramente por debajo de la media estatal: 2,65; siendo la más elevada en presencia privada: 59% del total de plazas-. Una realidad que lleva a que seamos, hoy por hoy, la tercera CCAA con un mayor déficit de plazas residencias -unas 15.000-.

Una apuesta por la iniciativa privada que tiene consecuencias tales como la falta de personal que además está mal retribuido -pues la búsqueda del incremento de la rentabilidad y la máxima ganancia tiene uno de sus soportes en la reducción de los costes- y que los pacientes sean tratados como piezas de una fábrica. Factores que repercuten en la atención,  derivan en consecuencias como las señaladas anteriormente -el 95% de los fallecimientos tienen lugar en las residencias privadas- y se convierten en déficits recurrentes: en Galicia nos últimos 15 años no se construyó una sola residencia pública.

Una característica relevante de esta apuesta por la iniciativa privada es que en gran parte de la misma dominan los fondos de inversión -como, por caso, el Intermedial Capital Group con fuerte presencia a través de la empresa DOMUS VI quien gestiona 30 residencias: 18 privadas y 12 públicas- lo que lleva a que en la gestión de estas residencias prime la obtención de plusvalías bursátiles -que cotizan el alza- sobre la utilidad social y la calidad asistencial. Resulta obvio que todo este tipo de operaciones es posible por las buenas relaciones que esos fondos tienen con los poder públicos como, por caso, estamos viendo entre DOMUS VI y el actual Gobierno gallego de las derechas (PP).

Por todas las razones apuntadas, que son políticas, llegar a viejo en Galicia supone, en muchos casos, afrontar un futuro muy incierto a nivel de bienestar y calidad de vida.