Necesitamos la potestad tributaria originaria, plena y exclusiva sobre todos los impuestos y contribuciones recaudados en Galicia
Hoy en día, Galicia no participa en los debates económicos y políticos que se producen en la sociedad. No participa en el debate sobre financiación y menos aún en el de ordenación territorial o en los que se producen fuera del ámbito español, que son los que cada vez más nos afectan.
Los gallegos, conscientes de que como sociedad y como país llevamos décadas, o mejor dicho siglos, afrontando una pérdida de peso demográfico y económico, no podemos generar una sociedad de futuro sin hacer política en primera persona. Una política de estudio, análisis y escucha de las demandas sociales y de las deficiencias en la gestión pública y económica, para rearticular una fuerza política gallega que obedezca únicamente al mandato del conjunto de la sociedad gallega.
La renovación profunda del proyecto de Coalición Galega debe ser transversal y se justifica en la negativa de los partidos gobernantes "populares" o "federalistas" a desarrollar una política alineada con los intereses sociales y económicos de Galicia.
Los partidos gobernantes en Galicia y en España se niegan a solicitar todo el abanico de competencias previstas en la Constitución y el Estatuto
Coalición Galega es pues una apuesta gallega que se nutre de los fundamentos ideológicos y humanistas del galleguismo histórico y quiere representar los intereses de todos los gallegos que desean un futuro en su tierra.
Hoy en día, los partidos gobernantes en Galicia y en España se niegan a solicitar todo el abanico de competencias previstas en la Constitución y el Estatuto, en un grado de autonomía infraconstitucional.
La defensa de una España unitaria se vuelve absurda cuando España no quiere realmente defenderse ni de Bruselas ni de la OTAN y ahora puede delegar en Cataluña competencias en materia de inmigración que por su propia naturaleza están muy próximas al núcleo del Estado moderno.
Creemos que Galicia necesita un grado sustancial de autogobierno y somos firmes defensores del derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Para avanzar hacia ese autogobierno, necesitamos una competencia importante que no es otra que la potestad tributaria originaria, plena y exclusiva sobre todos los impuestos y contribuciones recaudados en Galicia y sobre todos los hechos imponibles que se produzcan en nuestro país.
Disponer del dinero de cada uno es otro mundo y otro nivel, y si no, que se lo pregunten a los euskaldunak y nafarrak.
Cuando uno o más territorios gozan de mayores poderes que los demás, aunque ocupan la misma posición constitucional, nos encontramos ante un caso de federalismo asimétrico.
Las administraciones tributarias forales del País Vasco y Navarra gestionan la práctica totalidad de los impuestos del sistema tributario, concertados o no, y transfieren al Estado una parte de la recaudación obtenida.
Desde el punto de vista financiero, este monto o importe de la cuota y contribución no está relacionado directamente con la recaudación tributaria sino con la estimación de los gastos del Estado que conforman las cargas no asumidas. La financiación de las comunidades autónomas depende de su capacidad fiscal, y al tener un nivel de renta per cápita superior a la media de España, la aplicación de este sistema progresivo les permite obtener mayores ingresos que otras Comunidades. Si a esto le añadimos los efectos derivados de la forma de calcular la cuota y la aportación, otorgando un valor elevado a las competencias no asumidas, los resultados financieros son siempre ventajosos para estas comunidades autónomas.
Por otra parte, este sistema facilita a las comunidades autónomas la recaudación y gestión de casi todos los impuestos, otorgándoles una autonomía fiscal infinitamente mayor.
Ofrecemos al electorado gallego un gran espacio transversal que abarca desde el liberalismo progresista hasta la socialdemocracia
La recaudación tributaria también es algo muy importante cuando surgen controversias con el Gobierno central, especialmente cuando el Estado debe dinero a las comunidades autónomas y amenaza con no pagar, o en el caso común en que ese dinero se transfiere mediante un sistema de pagos a cuenta de una liquidación final que se realiza dos años después, generando también incertidumbre y obstáculos en la gestión del IRPF.
La concesión de competencias en materia de recaudación y gestión tributaria permite que las medidas tributarias que se adopten en cada momento tengan efectos tanto en los contribuyentes como en los ingresos tributarios del ejercicio en que se aprueban.
En resumen, la capacidad de respuesta de los gobiernos autonómicos bajo un régimen común es mucho más limitada porque sólo afecta a los impuestos que gestionan directamente y es mucho menos ágil.
En esta ambiciosa idea de Galicia, en esta lealtad a nuestra sociedad y a nuestro País, sin tutelaje fiscal de ningún tipo, ofrecemos al electorado gallego un gran espacio transversal que abarca desde el liberalismo progresista hasta la socialdemocracia para centrar la política en Galicia, en España y en Europa, siempre en busca de la prosperidad económica y social de nuestro pueblo.
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