Las limitaciones del debate sobre el Estado de la Autonomía

Estos días pasados tuvo lugar en el Parlamento gallego un nuevo debate sobre el Estado de la Autonomía que, en este caso, tenía la particularidad de ser el primero de la presente legislatura. Un debate que se celebró bajo el mismo formato que la mayoría de los anteriores por lo que padeció las mismas limitaciones hacia lo que sería menester en un debate acorde con su título de “Estado de la Autonomía”. 

Limitaciones que derivan especialmente de un formato que sitúa la oposición política en un plano de enorme desigualdad con relación al gobierno de turno -basta con echar un vistazo a los tiempos y los turnos de intervención para confirmarlo- de manera tal que más que un debate estratégico entre opciones políticas, unas en el gobierno otras en la oposición, que deberían presentar proyectos muy distintos, incluso contrarios, nos encontramos con posiciones políticas que parecen diferenciarse más en el cuantitativo que en el cualitativo. Un terreno de juego que inevitablemente favorece mucho más al partido de gobierno, que es quien controla los presupuestos, que q la oposición. Un ejemplo de lo que señalo está, por caso, en el papel de los servicios públicos de bienestar donde las diferencias deberían estar no solo, aunque sí resulte relevante, en el volumen del gasto público destinado, sino en la propia naturaleza de los mismos y su papel en el desenrollo económico y el social de Galicia. Lo mismo podemos decir con la política industrial y centrándonos en el caso concreto de Altri la oposición a la instalación de este tipo de industrias contaminantes debiera sustentarse en la defensa de un modelo distinto de política industrial que cuestione, por caso, el intenso deterioro de los recursos naturales y físicos, en muchos casos no renovables, así como el consumo creciente de energía tal que esta fuese inagotable. 

Limitaciones que se ven ampliadas por el posicionamiento estratégico del PPdeG para quien la Xunta de Galicia, más que un gobierno gallego de por sí, es tanto una palanca de poder personal y político desde la que favorecer los intereses de los aliados y amigos -ahí está la entrega al capital privado de crecientes parcelas de las funciones públicas de bienestar: vejez, dependencia, sanidad, enseñanza, familia...- cuanto un arma partidista (PP) contra el gobierno español de turno (PSOE/Sumar): entre las 40 propuestas de resolución presentadas por el PPdeG 27 (67,5%) son reclamaciones al gobierno central. Una estrategia que se ve favorecida y ampliada tanto por la posición dominante en el Parlamento gallego que le permite su mayoría absoluta, cuanto la división de una oposición (BNG, PSdeG) que tira más por diferenciarse que por procurar coincidencias que ayuden a poner en evidencia los intereses que aquellos defienden. Un ejemplo lo tenemos en el tema de la deuda pública gallega donde sí la oposición puede dejar en evidencia como la negativa del PPdeG su condonación parcial (una quita) y a incrementar los ingresos propios es una posición partidista (hacer oposición al gobierno de progreso) y no de país (mejorar la situación financiera de la comunidad) a pesar de eso no es quien de presentar conjuntamente una propuesta fiscal y tributaria alternativa. Una disonancia que se suma a otras, pero que todas ellas favorecen al gobierno de turno. Unas disonancias fruto más de intereses partidistas que de diferencias político-ideológicas insalvables.
 

Por si no fuesen suficientes estas limitaciones, está la realidad de los medios de información y opinión en Galicia. Dejando a un lado los medios públicos (CRTVG), cuya credibilidad está bajo mínimos por un seguidísmo del gobierno de turno (PPdeG), tipo la RTVE franquista, los grandes medios privados subvencionados por la Xunta de Galicia siguen la línea editorial e informativa propia de los aduladores, lo que, como sucede en este caso con el debate sobre el Estado de la Autonomía, no permiten tener una información plural, objetiva e independiente.

Un marco global que hace que el debate sobre el Estado de la Autonomía, además de tener un seguimiento por la ciudadanía muy bajo, aparezca como un acto político de escasa o nula trascendencia. Algo que va en claro deterioro de la democracia y el pluralismo.