Mentir no es delito, es indecencia

Esta semana y desde las derechas (PP) le han hecho al gobierno español de turno (PSOE/Sumar) un gran regalo que seguramente este no esperaba tan pronto, pero que está aprovechando muy bien para colocar a aquellas a la defensiva. El regalo estaría a cargo de (Miguel Ángel) Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y de (Alberto) González Amador, pareja de la señora (Isabel) Díaz Ayuso, presidenta de la citada comunidad.

(Miguel Ángel) Rodríguez delante del Tribunal Supremo se vino obligado a reconocer que había inventado aquello de que el Fiscal Julián Sato había ofrecido inicialmente un pacto a (Alberto) González Amador y que después lo había retirado por orden del Fiscal General (Álvaro) García Ortiz quien a su vez supuestamente había recibido indicaciones de arriba -de la Presidencia de Gobierno que buscaría así impedir el acuerdo-. La realidad es que la iniciativa había partido del abogado del señor (Alberto) González Amador, quien en un correo electrónico reconocía que su defendido había cometido dos delitos fiscales -falsificación documental y corrupción en los negocios-. Por lo que este le ofrecía un pacto a la Fiscalía para así eludir entrar en la cárcel. A este correo tuvieron acceso varios medios de comunicación -cuatro exactamente: El País, El Mundo, El diario.es y Cadena Ser-, incluso antes que el propio Fiscal General y que los medios hicieron público. En este contexto, desde el Gabinete de la presidenta de la C.A. de Madrid se divulgó en los medios afines -El Mundo- que las cosas habían sido al revés y que, precisamente, la Fiscalía fue quien había ofrecido un pacto a (Alberto) González Amador para que admitiera los delitos. Una mentira que obligó a la Fiscalía salir a desmentir ese bulo. Circunstancia que sería aprovechada por ese ciudadano, ahora defraudador fiscal confeso, y por el círculo de su pareja, la señora (Isabel) Díaz Ayuso, para acusar al Fiscal General de revelación de secretos. Acusación que de inmediato sería aceptada por el magistrado del Tribunal Supremo, (Ángel) Hurtado, para incoar un expediente judicial al Fiscal General por la supuesta revelación de secretos. Un delito por el que, de ser enjuiciado, podría enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años, suspensión de empleo público hasta tres años e inhabilitación especial de hasta cinco años. Delito que, como todo el mundo ya sabe, (Álvaro) García Ortiz nunca cometió.

Ahora que la verdad de la trama quedó al descubierto y recuperados la honorabilidad y el buen nombre de la Fiscalía General cabe preguntarse: ¿qué piensa hacer el magistrado (Ángel) Hurtado? A nadie se le escapa de que hay dos personajes del entorno de la señora (Isabel) Díaz Ayuso que mintieron, (Miguel Ángel) Rodríguez y (Alberto) González Amador y que hay un magistrado del Tribunal Supremo, (Ángel) Hurtado, que montó una instrucción que resulta ser un auténtico escándalo por que sienta en el banquillo a un Fiscal General...sin pruebas y con argumentos basados en mentiras. Un escándalo político frente a lo que el Partido Popular (PP), que a cuenta de esta trama había montado un brutal ataque contra la Fiscalía General, el gobierno de turno (PSOE/Sumar) y su Presidente (Pedro) Sánchez, solo se le ocurre decir que “mentir no es delito”.

Por fin, más pronto que tarde, se tendrá que hacer justicia con el señor (Álvaro) García Ortíz, jurista decente y honrado, que estuvo siendo objeto por la caverna (política, judicial y mediática) de una de las más sucias y repulsivas campañas de acoso y derribo que ha conocido la democracia y que pasará a la historia de las infamias en España.