La lucense Pardo de Vera plantó cara a Ábalos: "Le dije que la relación con Jéssica no podía seguir"

La que fuera una de las figuras técnicas con mayor proyección de la política gallega en Madrid, Isabel Pardo de Vera, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo con la determinación que marcó su gestión al frente de las infraestructuras estatales. La exsecretaria de Estado, natural de Lugo, ha ofrecido un testimonio clave en el marco de las investigaciones que rodean al antiguo entorno del Ministerio de Transportes, dejando claro que su prioridad fue siempre preservar la integridad de las instituciones frente a posibles conflictos de intereses que pudieran manchar la gestión pública durante los años más complejos de la legislatura anterior.

En una declaración que ha despertado un enorme interés en la comunidad autónoma, Pardo de Vera ha relatado cómo gestionó la llegada del currículum de Jéssica Rodríguez, quien fuera pareja sentimental de José Luis Ábalos, a las oficinas de la consultora pública Ineco. La ingeniera gallega ha admitido que ella misma facilitó dicho documento a la presidencia de la entidad, pero ha matizado con rotundidad que este gesto no supuso bajo ningún concepto una orden de contratación ni una imposición jerárquica, pues carecía de las atribuciones necesarias para interferir en los procesos internos de selección de personal de una empresa con autonomía propia.

Según el relato pormenorizado de la testigo, el contacto inicial no surgió de su propia iniciativa, sino que el documento profesional le fue remitido directamente desde el Gabinete del entonces ministro, concretamente por mediación de Koldo García. Pardo de Vera ha insistido en que su papel se limitó al de una mera transmisora, trasladando el perfil profesional de una persona a la que no conocía personalmente, con el único fin de que se evaluara si su formación encajaba en alguna de las plazas vacantes que la compañía estatal pudiera tener disponibles en aquel momento de expansión operativa.

UN CONFLICTO DE INTERÉS ÉTICO

La situación dio un giro drástico cuando la gestora gallega tuvo conocimiento del vínculo afectivo que unía a la trabajadora con el máximo responsable del Ministerio de Transportes. Al descubrir esta circunstancia, Pardo de Vera ha asegurado que no dudó en actuar para salvaguardar la transparencia administrativa, entendiendo que la permanencia de Rodríguez en una empresa dependiente del propio Ministerio generaba una colisión ética inasumible para una administración que se pretendía ejemplar en sus formas y procedimientos.

En un ejercicio de honestidad política, la exdirectiva ha revelado que telefoneó personalmente a José Luis Ábalos para comunicarle que la continuidad contractual de su pareja era totalmente inviable bajo esos parámetros. Durante su comparecencia, ha recordado que el ministro no opuso resistencia alguna a su decisión, respondiendo que aceptaría cualquier medida que ella considerase oportuna para resolver el entuerto. Con este gesto, la ingeniera lucense ha querido subrayar que, en cuanto se detectó un escenario irregular, se procedió a la finalización inmediata de la relación laboral para evitar suspicacias mayores.

Este episodio se enmarca en un contexto de máxima tensión política, donde la figura de Pardo de Vera siempre ha intentado desmarcarse de las dinámicas partidistas para centrarse en la eficiencia técnica. Su salida del Gobierno, motivada anteriormente por la crisis de los trenes en el norte peninsular, ya demostró su capacidad para asumir responsabilidades políticas, una actitud que ha vuelto a poner de manifiesto ante el alto tribunal al defender que la ética pública debe estar por encima de las afinidades personales o de las estructuras de poder ministerial.

LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Otro de los puntos críticos de su comparecencia ha sido la compra de material sanitario durante los meses más duros de la pandemia, una gestión que ha puesto en el ojo del huracán a la empresa Soluciones de Gestión. Sobre la adquisición de cinco millones de mascarillas por parte de Adif, Pardo de Vera ha sido taxativa al afirmar que la entidad ferroviaria no tuvo voz ni voto en la determinación del volumen de la compra. Según su testimonio, la cantidad venía ya estipulada mediante una orden ministerial que Adif se limitó a ejecutar siguiendo los cauces legales establecidos para las tramitaciones de emergencia.

La ingeniera ha explicado que la organización que presidía no recibió instrucciones directas sobre a quién comprar, pero sí sobre cuánto y cómo debía hacerse la operación bajo el paraguas de la urgencia nacional. Ha defendido que, a pesar del ruido mediático y judicial posterior, los resultados de aquel contrato fueron objetivamente satisfactorios, ya que el material llegó a su destino y cumplió con la función de protección necesaria en un momento en el que los mercados internacionales se encontraban colapsados y la escasez de suministros era una amenaza real para los trabajadores del sector transportes.

A preguntas sobre la idoneidad de la empresa adjudicataria, epicentro ahora de una presunta trama de comisiones ilegales, Pardo de Vera ha manifestado que se realizaron los análisis de riesgo pertinentes dada la situación de excepcionalidad. Ha querido dejar claro que su responsabilidad era garantizar que el sistema ferroviario no se detuviera y que los empleados contaran con medios de protección, delegando las decisiones sobre el dimensionamiento del contrato en las instancias superiores del Ministerio que, en teoría, poseían la visión global de las necesidades del Estado en aquel periodo de crisis.

TRAYECTORIA Y REPERCUSIÓN EN GALICIA

La figura de Isabel Pardo de Vera sigue siendo muy respetada en Galicia, donde se valora su conocimiento profundo del sector ferroviario y su papel en el impulso del AVE a la comunidad. Su paso por el Tribunal Supremo no solo es un trámite judicial, sino una defensa de su prestigio profesional frente a la sombra de la sospecha que el "caso Koldo" ha proyectado sobre todo el organigrama de Transportes. 

Por su parte, el entorno de José Luis Ábalos, quien ahora ocupa un escaño en el Grupo Mixto tras ser expulsado del PSOE, mantiene su defensa de que todas las contrataciones se ajustaron a derecho y que no hubo lucro personal. Sin embargo, las palabras de Pardo de Vera introducen un matiz de distancia institucional que complica el relato del exministro, sugiriendo que dentro del propio Ministerio existían voces que alertaban sobre la delgada línea que separa la gestión pública de las relaciones privadas de los altos cargos.

El juicio continúa su curso con la incógnita de cómo afectarán estas revelaciones al futuro procesal de los implicados. Mientras tanto, la ingeniera de Lugo ha cumplido con su deber de testigo, reafirmando una trayectoria marcada por la gestión técnica y el pragmatismo, intentando que su nombre quede ligado a la construcción de infraestructuras y no a las maniobras de pasillo que hoy se analizan bajo la lupa de la justicia española.