¿Cuántas hectáreas han ardido en Galicia? Baile de cifras entre las más de 68.000 de la Xunta y las 125.000 de Europa
Las cifras, provisionales hasta que se pueda controlar la totalidad de las fuegos que azotan la comunidad, representan en cualquier caso el peor año en lo que va de siglo.
Donde antes había carballos y pinos, ahora solo queda ceniza. Es el panorama que se encuentran muchos vecinos de decenas de concellos gallegos en estos momentos. Los más afectados los de Ourense, donde podemos citar a Chandrexa, Oímbra, A Veiga o Maceda, entre otros, donde prácticamente todo ha quedado a merced de llamas incontrolables y prendidas desde hace más de una semana. Junto al humo quedan suspendidas en el aire muchas preguntas, entre ellas la de la superficie calcinada en los últimos días, un interrogante que, lejos de despejarse, está rodeado de cada vez más dudas, pues entre las cifras que ofrece la Xunta de Galicia y las que difunde Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus hay una diferencia insalvable.
¿CUÁNTO SE HA QUEMADO?
La administración gallega, en su último informa basándose siempre en datos preliminares, pues hasta la fecha es imposible precisar la superficie arrasada cuanto todavía hay más de media docena de fuegos activos y fuera de control, calcula que un 10% del terreno de Ourense es hoy negro. Esto se traduce en más de 67.000 hectáreas de terreno carbonizadas según los cálculos que ofrecía ayer Medio Rural, siendo los fuegos de Larouco, con 20.000, Chandrexa, con 18.000, y Oímbra, con 15.000, los más destructivos hasta este momento.
En todo 2024 fueron 2.644,7 las hectáreas quemadas en los 755 incendios declarados a lo largo de todo el año. Solo el incendio de Carballeda de Avia y Beade, activo en estos momentos, ha quemado casi mil hectáreas más por sí solo que los 755 fuegos sofocados el año pasado.
Estas son, en cualquier caso, las cifras oficiales, que se quedan en estos momentos muy lejos de los datos de Copernicus. Según el sistema comunitario, en el conjunto de España han ardido un total de 382.607. Es una superficie de terreno superior a toda la provincia de Álava, por ejemplo. Solo en agosto han sido 340.000, ya que a finales julio el recuento rozaba las 42.000 en los siete primeros meses del año. De confirmarse, 2025 sería el pero año en este capítulo, muy por encima del 2022, que dejó más de 200.000 hectáreas arrasadas.
Los datos de Copernicus no son compartidos por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues la vicepresidenta tercera y ministra, Sara Aagesen, cifró el lunes en 138.000 las hectáreas calcinadas, aunque estos eran datos provisionales estaban ya obsoletos, pues databan del pasado 10 de agosto, solo tres días después de que comenzase la ola de incendios que encara ya su segunda semana.
Tampoco la Xunta comparte la visión del organismo europeo, pues en el caso de Galicia documenta unas 125.000 hectáreas quemadas. Según las medidas estándar de la FIFA, este terreno sería el equivalente a unos 175.070 campos de fútbol.
CRÍTICAS DE LOS MEDIOAMBIENTALISTAS
La disparidad en las cifras ha despertado el malestar de grupos medioambientalistas como Arco Iris, la Sociedade Galega de Historia Natural o Amigas da Terra, que en un comunicado reprocharon los datos "oficiales oscuros" de la Xunta sobre territorios "abandonados a la suerte del tiempo" después de "más de 40 años de fracaso de política forestal".
Desde, por su parte, Arco Iris acusan directamente a la Consellería de Medio Rural de "minimizar los datos" a fin de evitar que "la población no entre en pánico", falseando los datos del incendio iniciado en la parroquia de Requeixo. "Los datos de la Xunta y Copernicus no son compatibles", argumenta el colectivo, que admite las dificultades para perimetrar una "superficie tan gigantesca y angulosa". No obstante, sus estimaciones, incluso superiores a las de Copernicus, se asemejan más a las del ente comunitario.
A su juicio, las cifras de la Xunta "resultan inexplicables" y acusan al Gobierno de Galicia de publicar "datos claramente manipulados": "Una cosa es reconocer que, con los medios actuales, es imposible hacer frente a la ola incendiaria y otra muy distinta, es mentir y desinformar a la población acerca de la gigantesca superficie ya arrasada".
En términos muy parecidos se pronuncian desde la Sociedade Galega de Historia Natural, que hacen una reflexión sobre esta ola de incendios en una comunidad que, por sus condiciones climáticas y ecosistemas, no debería contar con unos incendios tan numerosos, tan destructivos y tan recurrrentes. Así, Galicia cuenta con una "actividad incendiaria muy intensa y casi permanente", a ojos de la organización, que entiende que hay condicionantes, como la sequía, el calor o el viento que han facilitado que esta ola de incendios se propague y se descontrole.
"De poco ha servido que desde comienzos de los años 90 los gastos anuales en extinción crezcan sin pausa desde 60 hasta más de 170 millones de euros, pues no se impidió que continúe la pérdida de vidas y bienes humanos, de infinidad de animales quemados vivos, la destrucción de la vegetación y el paisaje, la erosión de nuestros montes y la contaminación de ríos, embalses y rías", apuntan desde la Sociedade Galega de Historia Natural.
A renglón seguido, tratan de desterrar la idea de que exista un "terrorismo incendiario" organizado que busque la destrucción de los ecosistemas, pero sí manifiestan que esa idea, más propia, dicen, de "teorías de la conspiración", ayuda a otros a "eludir responsabilidades profesionales y políticas", considerando inaceptable que las gestiones del medio rural con presupuestos millonarios no pongan freno a la "elevada actividad incendiaria".
Así, proponen una mayor labor de concienciación para "erradicar los fuegos de origen humano", lo que reduciría en un 90% los incendios declarados en Galicia. Informar a la ciudadanía de cómo proceder ante un incendio forestal, "fomentar un paisaje forestal diverso en mosaico, con muchos menos pinos y eucaliptos y más frondosas autóctonas", una mayor inversión en el desarrollo social y "ambientalmente sostenible" del rural y un mayor gasto en prevención "sin olvidar las necesidades de extinción y de restauración de las zonas quemadas" son algunas de las recomendaciones de la entidad.
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