Jácome sería inhabilitado años si prospera la acusación que él desmiente y la Fiscalía confirma

El gabinete de prensa del Ayuntamiento de Ourense distribuyó este miércoles un comunicado en el que se afirmaba que «o Ministerio Fiscal non formula acusación por prevaricación contra o alcalde ourensano». 

La nota añadía que la Fiscalía se oponía además a las acusaciones de falsedad documental y malversación planteadas por la acusación particular. En términos similares se pronunció el político inicialmente en sus redes sociales. 

Sin embargo, esa lectura resultó ser, en el mejor de los casos, incompleta. La Fiscalía Provincial de Ourense tuvo que salir a aclarar públicamente que la causa prosigue, que no se ha finiquitado ningún plazo y que el fiscal encargado del caso presentará acusación por prevaricación en cuanto quede resuelta la cuestión procesal pendiente.

Lo que sí recoge el escrito fiscal, y que el comunicado del Concello reproducía de forma selectiva, es la oposición del Ministerio Público a ampliar la causa con los delitos de malversación y falsedad documental que había solicitado la acusación particular. Pero ese posicionamiento es una pieza del procedimiento, no su conclusión. 

El fiscal, según fuentes judiciales consultadas, confirma la resolución del juez Leonardo Álvarez y sostiene viva la imputación por prevaricación continuada.

Antes de que la Fiscalía aclarase la situación, el propio Jácome había publicado en sus redes sociales que «el Ministerio Fiscal no formula acusación por prevaricación contra mí en el plazo estipulado», un mensaje que reproducía el argumento del comunicado oficial y que el alcalde calificó de victoria.

 Esa publicación fue corregida horas después por el propio alcalde con un nuevo tuit en el que ya admitía que la Fiscalía anunciaba que sí presentaría el escrito, aunque trató de restarle importancia. El edil asegura que la acusación de la Fiscalía será "fuera de plazo". Además, pone en duda su independencia.

La acusación que viene: prevaricación por medio millón de euros

El origen del caso se remonta al año 2019, cuando Jácome accedió a la alcaldía de Ourense. Desde entonces, según el auto de imputación firmado por el magistrado instructor, el regidor compatibilizó su sueldo de dedicación exclusiva como alcalde con los ingresos procedentes de sus actividades privadas, fundamentalmente a través de su cadena de televisión, Auria TV, sin solicitar en ningún momento la preceptiva autorización al pleno municipal. Las remuneraciones públicas acumuladas durante todo ese periodo rondan los medio millón de euros.

El juez concluyó en su auto que Jácome era plenamente consciente de la obligación de pedir esa compatibilidad y que, pese a ello, no lo hizo. Esa es la base del delito de prevaricación administrativa que ahora la Fiscalía dice que trasladará al escrito de acusación. El fiscal esperará, no obstante, a que la Audiencia Provincial de Ourense resuelva el recurso de reforma presentado por la acusación particular, ya que si prosperase la inclusión de la malversación, el procedimiento pasaría a juicio con jurado popular, lo que altera sustancialmente el esquema procesal.

La acusación particular la ejerce Telmo Ucha, exconcejal de Democracia Ourensana —el partido del propio alcalde— que fue excluido de las listas electorales de 2023 y que presentó en su día la querella que desencadenó toda esta investigación. Ucha sostiene que la conducta de Jácome encaja también en la malversación y en la falsedad documental, argumentando que el alcalde ocultó en sus declaraciones patrimoniales ante las instituciones hasta 19 inmuebles y un volumen privado de negocio de unos 850.000 euros. Son esos dos delitos extra los que deberá dilucidar la Audencia Provincial y ambos son también el motivo de que la Fiscalía no haya presentado por ahora escrito de cargos a la espera de que el tribunal provincial se pronuncie sobre la petición de Ucha. La acusación particular reclama más de 491.000 euros de restitución y once años y medio de cárcel.

Por qué la Fiscalía descarta malversación y falsedad

Eso sí, el Ministerio Fiscal rechaza los dos delitos adicionales que pide Ucha, pero por razones técnicas que no implican exculpar al alcalde del delito principal. 

Respecto a la malversación, el fiscal argumenta que las remuneraciones públicas no son fondos que estén a cargo del alcalde previamente a su obtención, sino que el aprovechamiento indebido se produce después de recibirlos, por lo que no encajan en el tipo penal de malversación. En cuanto a la falsedad documental, la Fiscalía señala que era un hecho notorio y conocido por todos los concejales que Jácome era el propietario de Auria TV y que percibía ingresos por ello, por lo que sus declaraciones patrimoniales incompletas no habrían logrado confundir a nadie ni alterar la percepción de la realidad.

Esa posición fiscal, que el comunicado del Concello presentó como un espaldarazo al alcalde, es en realidad una cuestión de encaje jurídico de los tipos penales, no un archivo ni una absolución. La imputación por prevaricación sigue en pie, y la Fiscalía ha confirmado que acusará formalmente cuando el momento procesal lo permita. 

Si Jácome es condenado, ¿tendría que dejar la alcaldía?

El delito de prevaricación administrativa está tipificado en el artículo 404 del Código Penal español y lleva aparejada una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 9 y 15 años. Al tratarse de un delito continuado —es decir, una conducta reiterada a lo largo del tiempo, en este caso desde 2019—, la pena se aplica en su mitad superior, lo que sitúa el marco punitivo entre los 12 y los 15 años de inhabilitación. 

No contempla pena de prisión, solo la inhabilitación, lo que significa que Jácome no iría a la cárcel por este delito en concreto, pero sí quedaría impedido legalmente para ejercer cualquier cargo o empleo público durante ese periodo. La acusación particular reclama además penas por los delitos de malversación y falsedad que la Fiscalía ha rechazado por ahora, que sí incluyen años de cárcel, pero esos cargos están aún sin resolver procesalmente. Con todo, si la Fiscalía no los ve claros, dificilmente los verán los jueces.

Respecto al calendario judicial, una sentencia condenatoria en primera instancia es recurrible ante la Audiencia Provincial y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. En la práctica, el proceso completo —desde la sentencia de primera instancia hasta que esta adquiera firmeza tras agotar todos los recursos ordinarios— puede extenderse entre cinco y diez años en casos de esta complejidad. 

Y aquí está la clave política: en el derecho penal español, la pena de inhabilitación no se ejecuta hasta que la sentencia es firme, es decir, hasta que se hayan resuelto todos los recursos. Mientras haya recursos en marcha, Jácome podría legalmente seguir ejerciendo como alcalde de Ourense, del mismo modo que ocurrió, por ejemplo, con otros cargos políticos condenados en primera instancia que permanecieron en sus puestos durante años de litigio. Dicho esto, conviene subrayar que aún no hay sentencia: la Fiscalía ni siquiera ha presentado todavía su escrito formal de acusación.