Concurso de traslados de la Xunta: habrá polémica porque hay nuevos criterios y faltan plazas

Facenda admite que tendrá que modificar aún más la relación de puestos de trabajo para darle cabida a tantos funcionarios que aprobaron oposiciones de los niveles superiores pero que están ocupando puestos peor pagados. El concurso de traslados previsto para este verano, que modifica las normas habituales, no será suficiente para despejar el atolladero producto de años sin convocatorias para evitar conflictos. 


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Nuria Aguilar
La directora xeral de Emprego Público, Nuria Aguilar

Unos 3.100 trabajadores de la administración autonómica gallega están llamados a elegir o cambiar de destino en las próximas semanas en lo que supone el mayor movimiento de personal de la historia de la Xunta, pero el proceso arranca con tensiones: falta de plazas en los grupos de mayor cualificación, fechas sin concretar y la denuncia de los sindicatos por la eliminación de criterios consolidados durante más de dos décadas en los concursos de traslados. 

 

La Dirección Xeral de Emprego Público (DXEP) tiene sobre la mesa un reto de envergadura inédita. Un total de 2.100 trabajadores que superaron procesos selectivos deben elegir ahora su destino definitivo entre las aproximadamente 2.600 plazas disponibles. 

 

A ellos se suman cerca de un millar de empleados afectados por el concurso de traslados de la administración general, convocado tras varios años sin celebrarse. Es decir, hay unos 3.100 aspirantes para unos 2.600 puestos. Por lo tanto, muchos se quedarán sin el destino esperado. 

En conjunto, el proceso afecta al 12% de la plantilla autonómica, una proporción sin precedentes en la historia de la administración gallega.

 

Entre quienes esperan destino figuran aprobados en los procesos de estabilización convocados desde 2022, pero también trabajadores procedentes de procesos de funcionarización, promoción interna y acceso libre que se remontan en algunos casos a 2019 y que llevan años cubriendo puestos de forma provisional.

 

 La reunión monográfica del pasado 11 de mayo entre la DXEP y los sindicatos sirvió para aclarar el orden de adjudicación: primero elegirán los cinco funcionarizados, después los 92 de la promoción interna de enero de 2020, seguidos de los 721 de las convocatorias de acceso libre de diciembre de 2019, los 23 de promoción específica y los 489 de los procesos de 2022. Tras este primer bloque irán los estabilizados por concurso de méritos al amparo de la Ley 20/2021 y, por último, los de concurso-oposición.  

 

 

 

 

 

Déficit en los grupos mejor pagados

El proceso, sin embargo, arrastra un problema estructural de difícil solución inmediata: hay déficit de plazas en los grupos A1 y A2, los de mayor retribución y cualificación, mientras que sobran puestos en los grupos C1, C2 y agrupación profesional, que son los que menos cobran. 

 

Dado que los aspirantes de mayor nivel eligen primero, es casi seguro que agotarán la oferta disponible para sus categorías antes de que tengan oportunidad de elegir todos los interesados.

Para paliar este desequilibrio, la DXEP anunció varias medidas. En primer lugar, se incorporarán 60 plazas del Consorcio Galego de Benestar que no participaron en el concurso de traslados al no figurar en la RPT en el momento de la convocatoria, entre ellas 11 de A1, 8 jefaturas de sección y 6 puestos base de A2. Además, se ofertarán alrededor de 120 jefaturas de negociado de características similares a las 110 que participaron en el concurso de traslados y quedaron desiertas, la mayoría de ellas en Santiago de Compostela. También se sumarán puestos base de A1 y A2 que no pasaron por el concurso.

 

Modificaciones en la RPT como última solución

Con todo, la propia administración reconoce que estas medidas podrían no ser suficientes. Según trasladaron los sindicatos, la DXEP prevé abordar de forma inminente una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear nuevos puestos en los subgrupos A1 y A2 o adaptar puestos existentes para abrirlos a estas categorías. Una decisión que genera incertidumbre: la Xunta no concretó cuántas plazas serían necesarias ni descartó que las nuevas creaciones 

 

La Xunta sí trasladó una estimación: los actos de elección se publicarían durante el mes de junio y las tomas de posesión estarían finalizadas antes del 15 de julio, si bien la DXEP apuntó también a mediados de julio como horizonte. CSIF exigió además instrucciones específicas para proteger el disfrute de las vacaciones del personal afectado por estos procesos, cuyo período estival podría verse gravemente alterado.

 

 

 

 

La CIG denuncia el recorte en los criterios de los concursos

En paralelo a las dificultades logísticas del proceso, la CIG-Autonómica lleva meses denunciando otro tipo de problema: los cambios de criterios aplicados por la Xunta en los últimos concursos de traslados. La central sindical alertó en marzo de que la administración ha suprimido la puntuación por tiempo de permanencia en el mismo puesto, un mérito que venía aplicándose durante más de veinte años y que reconocía la estabilidad, la especialización acumulada y el compromiso con el servicio público.

 

La DXEP justificó esta supresión alegando que el Decreto 151/2022 de movilidad generaba desigualdades en la valoración de ese mérito según la vía de acceso al puesto. Para la CIG, este argumento no es válido: si existe esa desigualdad, «es responsabilidad de la Xunta modificar el Decreto que ella misma aprobó sin negociación». El sindicato también criticó que se haya puesto como excusa la falta de adaptación de la aplicación informática FIDES, utilizada para gestionar los concursos: «La tecnología debe adaptarse a las bases negociadas, y no al revés».

 

Igualmente, la Xunta eliminó la puntuación por medidas de conciliación, concretamente la proximidad al domicilio de hijos, hijas y personas en situación de dependencia, manteniendo únicamente el criterio de reagrupamiento con la pareja. 


 

 

 

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