La Xunta prestó y perdió 2,5 millones, Abanca 5,5; ahora la ex-cúpula de El Correo Gallego cerca de juicio por alzamiento de capitales

El auto de la magistrada López Suevos acusa al ex-director y al ex-gerente de usar un crédito que le concedió la Xunta pese a que la situación de la compañía era ya precaria para mantener con vida artificialmente el periódico al tiempo que desviaban dinero a sus propias cuentas. Mientras tanto, docenas de trabajadores estuvieron años sin cobrar y muchos tuvieron que renunciar a su puesto de trabajo para poder mantener a flote sus familias. La cabecera sigue en pie tras ser vendida al Grupo Prensa Ibérica pero el agujero que permanece con los trabajadores y el fisco supera los dos millones. 


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El presidente de la Xunta Feijóo presidió la gala de El Correo Gallego de 2018 que premió a su mentor Romay Beccaría el año de la concesión del crédito de Xesgalicia
El presidente de la Xunta Feijóo presidió la gala de El Correo Gallego de 2018 que premió a su mentor Romay Beccaría el año de la concesión del crédito de Xesgalicia

El Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Santiago imputa a José Manuel Rey Novoa, al exgerente Ángel Remesar, a sus respectivas esposas y al responsable de Asemali Inversiones por un delito de alzamiento de bienes a través de un entramado de sociedades pantalla.

 

La jueza instructora Ana López-Suevos del Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Santiago ha dictado un auto de procesamiento fechado el 20 de mayo de 2026 contra el exdirector de El Correo Gallego José Manuel Rey Novoa, el exgerente Ángel Remesar, sus respectivas esposas y el responsable de Asemali Inversiones. La magistrada les atribuye un delito de alzamiento de bienes por valor de 2,7 millones de euros articulado a través de un entramado de empresas diseñado para eludir el pago de nóminas a los trabajadores del histórico diario compostelano. Adicionalmente, a Rey Novoa y Remesar se les imputa también un delito de apropiación indebida.

 

La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, da a la Fiscalía y a la acusación particular un plazo de diez días para formular escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral. Cabe recurso contra el auto.

 

La jueza constata "indicios de criminalidad de bastante solidez" a lo largo de 53 páginas apoyadas en un amplio informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según ese análisis, el entramado tenía como objetivo que los ingresos que debían fluir hacia Editorial Compostela —editora de la cabecera— circulasen por las cuentas bancarias de otras sociedades y de los propios investigados, impidiendo que quedase saldo susceptible de embargo. De ese modo, Rey Novoa y Remesar retenían el control sobre qué pagos afrontaban y cuáles no.

 

La investigación apunta también a seis mercantiles: Editorial Compostela, Think First, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego y Asemali Inversiones.

 

Un préstamo público de 2,5 millones y la sombra de la "voluntad política"

El auto describe con detalle el largo proceso de deterioro financiero de la cabecera. Las actas del consejo de administración ya reconocían una situación precaria en 2018, agravada por la pandemia.

 

En ese contexto, Rey Novoa —según subraya la instructora— llegó a hablar de "voluntad política" para conseguir el préstamo de 2,5 millones de euros concedido en 2018 por Xesgalicia/Igape como parte de una reestructuración financiera. Abanca, principal acreedor, renunció por su parte a más de 5,5 millones de euros.

 

El préstamo público tenía como fin saldar deudas con Hacienda y la Seguridad Social, asegurando así el ingreso de convenios por parte de entidades públicas, sobre todo la Xunta, como el suscrito con la CRTVG. Sin embargo, durante ese mismo período la deuda con la plantilla seguía creciendo: en octubre de 2020 ascendía ya a 4,7 millones de euros. De hecho, muchos de los trabajadores se vieron obligados a renunciar a sus puestos de trabajo para buscar otros empleos. Durante meses, inclusos años, estuvieron sin cobrar y sacando el periódico adelante.

 

Editorial Compostela encadenó préstamos bancarios y particulares, acumuló decenas de embargos y entró en preconcurso en febrero de 2022. Ni siquiera entonces se atendió con normalidad a los acreedores ni se devolvió el préstamo de Xesgalicia.

 

En un proceso paralelo, el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña declaró culpable el concurso de acreedores en 2024 y condenó a Rey Novoa a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, apreciando la existencia de "cuentas irreales". En noviembre de 2022, ese mismo juzgado había autorizado la venta de la editorial al grupo Prensa Ibérica —propietario también de Faro de Vigo— por 1,6 millones.

 

Ventas de un euro y un posible testaferro para Netflix

El relato judicial describe una sucesión de operaciones calificadas como "cuanto menos impropias". En los últimos meses de 2022, Rey Novoa intentó desprenderse de Editorial Compostela y Think First sin lograrlo de forma definitiva. En dos ocasiones vendió la sociedad para recomprarla después por el precio simbólico de un euro, cerrando esos negocios con personas con antecedentes por estafa o con empresas sin capacidad económica aparente para asumir las deudas.

 

También se apunta a la pignoración de derechos de cobro futuros, especialmente los vinculados a la CRTVG, y a contratos de cesión de crédito como mecanismos para seguir operando pese a los embargos.

 

Uno de los episodios más llamativos del auto es el supuesto uso del administrador de Asemali Inversiones como testaferro de Rey Novoa en el alquiler de una nave en un polígono para el rodaje de una serie de Netflix, con el fin de que ese dinero no llegase a los acreedores. La instructora también señala la desaparición de varias obras de arte que formaban parte de la colección almacenada en la nave de El Correo Gallego, entre las que figuran piezas del reconocido artista gallego Antón Lamazares.

 

La "unidad de caja" que ocultaba los ingresos

El núcleo de la investigación descansa en el análisis de la UDEF, que concluye que el grupo de sociedades investigadas funcionaba como una única caja común: los ingresos y gastos de El Correo se distribuían entre las cuentas de las cinco empresas del grupo y también circulaban por cuentas personales de los investigados. 

 

La separación jurídica entre ellas era, según la instrucción, meramente formal y diseñada para eludir responsabilidades ante organismos públicos y trabajadores.

 

Editorial Compostela era la única entidad con actividad real y con la cabecera como activo principal; las demás sociedades nunca tuvieron trabajadores en alta. Los pagos a la plantilla eran decididos de forma irregular por Rey Novoa y Remesar, quienes mientras tanto cobraban "elevados salarios". Ante la imposibilidad de cobrar, muchos empleados vieron cómo sus reclamaciones eran absorbidas por el Fogasa. 

 

La deuda que fundamenta el alzamiento de bienes suma 2,7 millones: un millón adeudado directamente a los trabajadores y 1,7 millones pendientes de reintegrar al Fogasa.

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