El PSdeG vuelve a pedir a Rueda que haga público el "acuerdo secreto" con Altri y aclare si habrá compensaciones

La diputada Patricia Iglesias reclama al Gobierno que rechace el proyecto en Palas de Rei sin indemnizar a la empresa

La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha exigido este martes a la Xunta que haga público el "acuerdo secreto" con la empresa Altri para la planta de Palas de Rei y que aclare si habrá compensaciones con dinero público en el caso de que el proyecto no salga adelante.

La dirigente socialista ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamarle al Gobierno gallego que de "carpetazo" al proyecto sin indemnizar a la empresa.

En este sentido, tal y como ha informado el PSdeG en un comunicado, le ha exigido al Gobierno gallego que de luz sobre el "memorando confidencial o acuerdo" firmado entre los promotores del proyecto y la sociedad Impulsa --disuelta por la Xunta en agosto-- incluyendo los compromisos económicos y jurídicos asumidos por la administración.

Iglesias demanda que aclaren "el posible riesgo de responsabilidad patrimonial o indemnización con cargo a fondos públicos derivado de la tramitación o eventual denegación del proyecto".

De este modo, urge al Ejecutivo gallego que dicte de una vez la resolución administrativa denegatoria del proyecto industrial "evitando cualquier riesgo de responsabilidad patrimonial o indemnización con cargo a fondos públicos".

La parlamentaria socialista sostiene que el proyecto incumple los requisitos de sostenibilidad ambiental, económica, técnica y social, según el Texto refundido de 2015 que aprueba las disposiciones legales de Galicia en materia de política industrial.

A este respecto, además, llama a la Xunta a derogar los artículos 85 y 86 del texto refundido en materia de política industrial de Galicia que, según ha dicho, habilita reclamaciones por responsabilidad patrimonial y las consiguientes indemnizaciones por los Proyectos Industriales Estratégicos --PIE-- que no sean autorizados en un plazo de un año desde que la empresa presenta toda la documentación.

Iglesias ha denunciado la "estrategia de opacidad" del Gobierno gallego, que "oculta información completa y actualizada" sobre el contenido de los informes técnicos, los compromisos económicos asumidos por la Administración autonómica, asociadas al proyecto y los riesgos de responsabilidad patrimonial.

Además, apunta que "ningún proyecto industrial puede ser impuesto al territorio" ni justificado bajo la "etiqueta" de estratégico "si no cumple escrupulosamente con los criterios de sostenibilidad ambiental, viabilidad económica, aceptación social, transparencia e interés público real".