23-F en Galicia: la Policía vigiló fábricas, universidades y a partidos nacionalistas

La reciente publicación de documentos oficiales en la web de La Moncloa ha permitido conocer con detalle la reacción social en Galicia ante el 23-F. Los informes policiales del momento, ahora desclasificados, muestran que la noticia del asalto al Congreso de los Diputados provocó una oleada de protestas, reuniones y paros en múltiples ámbitos.

En Ferrol, 3.500 trabajadores de Astano y 6.200 de Bazán interrumpieron la producción durante horas en señal de rechazo a la intentona golpista. En Vigo, las movilizaciones se extendieron por las factorías de Álvarez, Barreras y Vulcano, además de producirse asambleas en empresas como Citroën. La convocatoria de CC.OO. y UGT fue decisiva en estas acciones, que contaron también con la participación de militantes del Partido Comunista de Galicia (PCG) en localidades como Vilagarcía de Arousa, donde se promovieron paros en apoyo de “la Constitución y las instituciones”.

Santiago de Compostela se convirtió en otro foco de respuesta. Según los informes de la Jefatura Superior de Policía de A Coruña, el 24 de febrero se realizaron desalojos en las facultades de Filología, Ciencias de la Educación e Historia tras las primeras concentraciones estudiantiles. La Liga Comunista Revolucionaria (LCR), junto a grupos como el MCG, PCS y PST, distribuyó panfletos convocando asambleas que pedían el “castigo a los culpables” y la “depuración de elementos fascistas” en los cuerpos de seguridad del Estado.

Un día después, el 25 de febrero, los partes oficiales ya hablaban de una “normalidad general”, pero aún se registraban incidentes en el ámbito académico. Hubo paros totales y parciales en diversas facultades y una asamblea masiva en la Facultad de Medicina reunió a unas 500 personas, que acordaron extender el paro a toda la universidad.

Estos documentos también recogen la aparición de propaganda firmada por Esquerda Galega en Vigo, que llamaba a los trabajadores a “consolidar conquistas democráticas” frente a la amenaza autoritaria. Una pequeña manifestación estudiantil en Santiago, con consignas contra la ocupación del Congreso, fue disuelta sin incidentes por la policía.

Vigilancia al separatismo

Los archivos liberados incluyen además un informe del Ministerio de Defensa fechado el 10 de febrero de 1981, apenas dos semanas antes del golpe, en el que se analizaban las “amenazas interiores” para la unidad de España. En el caso gallego, el documento señalaba que el “separatismo violento” tenía poco eco, aunque advertía de su posible crecimiento futuro.

En ese listado se mencionan formaciones como el Bloque Nacional Popular Galego, el Partido Obreiro Galego, la Irmandade Galega y el Partido Galego do Proletariado, subrayando en estos últimos su escasa militancia pero también su simpatía por la lucha armada. El informe destacaba las conexiones de este último grupo con la organización Lucha Armada Revolucionaria (ALAR), a la que identificaba como su brazo operativo, y señalaba presuntos vínculos con ETA.

La información desclasificada refuerza la imagen de una Galicia activa y comprometida durante las horas inciertas del 23-F. Obreros, estudiantes y organizaciones sociales expresaron su rechazo al golpe y defendieron las libertades conquistadas tras la dictadura. Aunque el ritmo de las protestas se redujo en los días posteriores, el eco de aquella movilización dejó constancia de que la ciudadanía gallega no permaneció indiferente ante la amenaza a la democracia.