La Xunta cree que Inspección "no encontró la misma situación" que la policía en el asilo cerrado en Amoeiro

Solo los ancianos que hasta el pasado 1 de octubre residían en la Vivienda Comunitaria Jardín, situada en Cerval, en el municipio ourensano de Amoeiro, saben de primera mano las penurias que vivieron en este centro de gestión privada intervenido por la Xunta de Galicia la semana pasada, cuando derivó a los seis residentes a geriátricos públicos ante las "deficiencias graves" que constataron en esta instalación donde prestaba servicio un único trabajador inmigrante sin los permisos necesarios. Fue precisamente el hecho de que su estancia en el país era irregular lo que provocó una inspección policial que derivó en el cierre del centro, no la inspección que, semanas antes, llevó a cabo Política Social, donde al parecer pasaron inadvertidas todas las carencias que presentaban tanto el lugar como los afectados. 

ANCIANOS MAL ALIMENTADOS, UN TRABAJADOR SIN PAPELES...

Más allá de la situación del trabajador de la vivienda comunitaria, lo realmente preocupante era el estado de los ancianos. El alcalde de Amoeiro afirma que los usuarios presentaban problemas graves como deshidratación, producto, en parte, de una dieta basada en "patatas cocidas con leche". Una vez puestos estos hechos en conocimiento de la Consellería, Política Social decretó el cierre. 

Sorprende el hecho de que el pasado 8 de septiembre se realizase en ese mismo lugar una revisión de las instalaciones donde, al parecer, se pasaron por alto las infracciones que, tres semanas después, recogió el atestado policial fruto de la denuncia de un familiar, que tampoco provocó el ciere inmediato, sino la apertura de un expediente. 

En este contexto, el BNG ha propuesto llevar lo sucedido ante el Parlamento de Galicia para que la conselleira Fabiola García ofrezca las explicaciones pertinentes por lo ocurrido en Amoeiro. Antes, fue el conselleiro de Presidente, Diego Calvo, el que asumió las funciones de Alfonso Rueda al frente del Consello de la Xunta y respondió a las cuestiones de Galiciapress sobre este caso que destapa, de nuevo, las fallas en el sector de los cuidados en la comunidad gallega, donde los trabajadores de las residencias y del SAF vienen de protagonizar jornadas de huelga para denunciar la precariedad del sector. 

"SIN EVIDENCIAS NO PODEMOS HACER NADA"

"La respuesta de la Xunta fue clara", reivindicó Calvo en primer lugar defendiendo la "rapidez y contundencia" con la que actuó la Xunta tras conocer los resultados de la investigación policial. "Evidentemente, cuando fueron los profesionales de la inspección seguramente no encontraron la misma situación que encontraron unas semanas más tarde", estima el conselleiro.

En ese sentido, recalca que los ancianos fueron trasladados y que el expediente abierto "va a seguir su curso en materia laboral e Inspección de Traballo está desarrollando las actuaciones pertinentes". "Cuando Inspección detecta una deficiencia se actúa, y eso es lo que nos tiene que valer", considera Calvo. 

"Cuando Inspección acude y no encuentra evidencias no podemos hacer nada; en el momento en el que se detectan actuamos con rapidez", incidió Calvo, que no obstante no entró a valorar si la falta de recursos humanos que en su día denunciaron los inspectores de la Xunta pudo ser la causa de que la Vivienda Comunitaria Jardín siguiese operando durante tres semanas más después de la primera inspección de Política Social. Ni la compañía ni la Consellería han respondido hasta ahora a las preguntas acercadas la semana pasada por este diario.