Antonio Roma será de los fiscales que acudan a los paros programados para los días 1, 2 y 3 de julio.
El juez José Luis Deaño, miembro de la Sala de Gobierno del TSXG desde 2019, es el presidente en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura, uno de los colectivos que han convocado la huelga de jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio en contra de las medidas que impulsa el Gobierno de España para, entre otras cosas, reformar la carrera judicial y la carrera fiscal. El magistrado atiende a Galiciapress para desgranar los motivos de esta convocatoria, el impacto de las medidas que propone el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y las consecuencias derivadas de congelar los juzgados durante tres días.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial nombra a Ana María del Carmen Blanco, presidenta de la Audiencia Provincial de Ourense.
Bolaños pretende un sistema de becas y un ente público para que no solo los candidatos que tengan muchos medios económicos para pasarse años preparando las oposiciones puedan acceder a la carrera judicial. Algo que no gusta a la mayoría de colectivos de la Justicia, que hoy han convocado tres días de paro. Una movilización que llega en pleno enfrentamiento entre el Ejecutivo y algunos estamentos judiciales.
Entienden que su puesta en práctica podría "afectar a la viabilidad de las poblaciones"
Que todo es un montaje judicial, basado en especulaciones e indicios, para continuar la campaña de acoso y derrocamiento del actual gobierno español, que ahora se centra en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Colegio de Abogados de A Coruña (ICACor) critica la medida, pero enfatiza la necesidad de contar con ese nuevo juzgado.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia notificó al ya exconselleiro la investigación en un proceso judicial que afecta a su "esfera personal".
La Xunta tuvo conocimiento de los hechos en 2019, le abrió un expediente y la apartó, hasta que la propia educadora renunció al puesto en 2020.
La propuesta del Ministerio de Justicia de transformar juzgados de instrucción en Vigo y A Coruña genera un rechazo unánime entre sindicatos, magistrados y la Xunta, que exigen más recursos sin desmantelar los existentes.
Ana Pontón reprocha al conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, se niegue a recibir a los profesionales del turno de oficio.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha emitido el fallo contra el joven, condenado por cómplice en la muerte de Luiz. Diego M.M., Alejandro F.G. y Kaio A.S.C. han visto ratificadas sus penas de más de dos décadas de cárcel cada uno.
El PSOE local destaca que el fallo judicial confirma que la formación actuó "correctamente", pero la Justicia no contempla aplicar medidas cautelares por su expulsión.
Un juzgado de Vigo respalda la decisión de la Consellería de Educación, que la suspendió durante dos semana y acordó su exclusión de los listas de contratación por un año.
La Xunta se había comprometido a solucionar el problema, que se agravó el mes pasado, pero todavía no se ha acometido ninguna reparación.
El investigado aceptó la pena de cárcel por los hechos de los que se le acusan sobre un menor de 16 años.
La Xunta, que es la responsable de los juzgados, promete reparar el problema e indica que estaba prevista una reforma en profundidad en 2026.
El Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso se ha comprometido con los afectados a tratar de agilizar los trámites.
Desde el despacho Gayres Abogados, al frente de este caso, creen que la sentencia puede abrir la puerta a más fallos semejantes.
La víctima, de 29 años de edad procedente de Paraguay, conoció a la acusada en un club en el que ambas ejercían la prostitución. La investigada acabó con su vida asfixiándola tras una discusión.