El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha anunciado este miércoles en el Parlamento de Galicia que la oferta de empleo público aprobada por la Xunta de más de 420 plazas de personal sanitario por concurso de méritos, aprobada en el pasado mes marzo, saldrá publicada la próxima semana en el Diario Oficial de Galicia y, en la misma, se incluirán tres plazas para el centro de salud de Vilagarcía, de las que dos son de medicina de familia y una de pediatría.
El 'no' de los diputados del PP, que cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, ha tumbado este martes el inicio de la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la Plataforma SOS Sanidade Pública que consiguió recabar más de 50.000 firmas ciudadanas.
Los problemas en Medicina Interna en el Área Sanitaria de Santiago continúan, se deben a la falta de médicos en toda España y el SERGAS está dialogando con los propios médicos para paliarla pero, mientras tanto, la cobertura de guardias en el Hospital de O Barbanza por personal del hospital de Santiago continuará, pese a ser una medida "puntual y excepcional motivada por la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria". Así puede resumirse la respuesta enviada por la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago y o Barbanza a Galiciapress en respuesta a la concentración de personal de medicina interna del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), alertando de un "empeoramiento del servicio" debido a una mayor precariedad de las condiciones laborales. La protesta ha tenido lugar esta mañana frente al CHUS.
El manifiesto impulsado por médicos MIR de Lugo ganó tanta popularidad que se ha convertido en una iniciativa formal. Su entrada en registro se produce días antes de las elecciones en el SERGAS, las más importantes de toda Galicia en el ámbito laboral.
La sentencia considera que la "primera asistencia prestada" en Ferrol "no fue correcta y que debería haberse sospechado la posibilidad del ictus
Las guardias son una obligación que se deriva del ejercicio de la profesión médica, y se espera que los médicos las realicen durante su carrera profesional. Actualmente, pueden solicitar ser eximidos a partir de los 55 años como norma general, aunque esta edad varía según las autonomías.
La Xunta rectifica tras las protestas de los médicos y de algunos sindicatos, que advirtieron que las consultas telefónicas podrían crear inseguridad jurídica a las enfermeras que tuviesen que suministrar medicamentos a enfermos sin constar una orden por escrito.
Los sindicatos encuadran la propuesta en un decálogo de medidas destinadas a mejorar la AP.
La Xunta ha salido al paso de las informaciones sindicales que la relacionaban con un plan para que los médicos deban hacer guardias hasta que tengan 60 años, cuando ahora el límite de estos servicios obligatorios está en los 55. "Galicia no solicitó lo que recoge la información", indican fuentes oficiales de la Administración tras ser consultas por Galiciapress sobre la denuncia de algunas centrales como CESM Galicia.
Atar a algunos médicos residentes a los puestos donde se han formado y subir la edad de las guardias obligatorias de cincuenta y cinco a 60 años son dos de las medidas que algunas comunidades han solicitado al Estado, según indican varias centrales de ámbito autonómico.
La Xunta asegura que la aplicación nunca dejó de funcionar, aunque reconoce que iba extraordinariamente lenta durante cinco horas, lo que en la práctica imposibilitó atender a miles de clientes. La incidencia empezó en torno a las diez de la mañana y no se solventó hasta primera hora de la tarde.
La presidenta de AGAPap reconoce los esfuerzos de la Xunta de Galicia para tener a los menores protegidos contra decenas de enfermedades y la importancia de que los pediatras tengan una relación fluída con los padres para resolver las dudas que alientan los antivacunas.
Algunos padres y sindicatos, como CIG y O'Mega, critican la medida adoptada ante la acuciante falta de médicos de Atención Primaria, sobre todo en el rural. Por su parte, Sanidade indica que "garantiza" la atención sanitaria de los menores, aunque a veces tenga que ser consultando a un médico por teléfono.
El sindicato presentó una denuncia ante Inspección de Traballo, que elaboró un informe que prevé, según la versión sindical, sanciones a la UTE de Servicios Sanitarios de Coruña S.L. (SSC)-Ambulancias María Pita S.L, concesionaria del servicio. Desde la empresa dicen a Galiciapress entregaron "en tiempo y forma" toda la información solicitada por Inspección. Los trabajadores se quejan de tiempos de viajes tan cortos que ponen en riesgo a los pacientes.
Reclama "ratios reales" y que "no haya listas de espera en la Atención Primaria
Los niños y sus padres tienen que soportar desplazamientos, a menudo de varios días, cuyas incomodidades agravan la ya de por si dificílisma experiencia de combatir un cáncer en un menor.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide una modificación del trabajo de los celadores, uno de los colectivos más numerosos en el Servicio Galego de Saúde SERGAS. La central asegura que es una de las categorías que sufre más precariedad y que sus funciones “se han quedado obsoletas, son sexistas y discriminatorias”.
Los dos sindicatos no podrán concurrir nominalmente ni legalmente juntos, las listas deben ir solo con el nombre de CSIF, determina la Administración tras los recursos de CIG Saúde, CC.OO. y O'Mega. Algo que podría ser determinante en unas eleciones claves para la paz social en la sanidad pública.
Hace varios días que en los foros del SERGAS corre como la pólvora un texto (PDF en el interior) que rechaza el pacto entre el CESM, el sindicato que convocó la huelga, y la Xunta. Sus autores son médicos de Lugo, algunos muy jóvenes. Reclaman, sobre todo, mejoras profesionales para los galenos y critican que el paro solo produjera un pacto centrado en aspectos económicos. Mejoras que exigen sean aplicables también -todas ellas- a los noveles MIR.
Los sindicatos CIG, CCOO y Omega presentaron ante a Xunta la impugnación de las listas de la alianza entre CSIF y CESM. Así se lo confirmaron a Galiciapress fuentes tanto de CESM como de los sindicatos impugnadores. De salir adelante, las consecuencias pueden ir más allá de lo electoral y acabar afectando a la paz social en la sanidad pública e, incluso, tener consecuencias en la negociación colectiva de todos los funcionarios.