Rúa Abogados presenta 3.000 reclamaciones contra Popular por más de 200 millones para romper la prescripción

El despacho Rúa Abogados, especialista en derecho bancario, ha enviado diversas reclamaciones contra Banco Popular, PwC y dos socios de ésta firma entre los días 6 y 7 de junio, en representación de unos 3.000 afectados por un importe superior a 200 millones de euros, interrumpiendo así el plazo de prescripción del artículo 1.902 del Código Civil.

Asimismo, el despacho ha presentado reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también representando a unos 3.000 afectados y reclamando más de 200 millones de euros, por funcionamiento "anormal" de la Administración al determinarse una "dejación de funciones en su labor de supervisión y control" del Banco Popular.

El 7 de junio, coincidiendo con el primer aniversario desde que el Banco Popular fue resuelto por las instituciones europeas, finalizó el plazo para reclamar a la entidad por responsabilidad extracontractual y contra el Estado por Responsabilidad Patrimonial. No obstante, presentando un nuevo escrito se podía romper con esta prescripción.

Con estas actuaciones, Rúa Abogados tiene abiertas todas las posibles vías de reclamación: Recurso de Anulación contra la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) ante el Tribunal General de la UE, recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la Audiencia Nacional, vía penal ante el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, reclamación por Responsabilidad Patrimonial contra el Banco de España y la CNMV y las demandas civiles.

El perfil del afectado por el caso del Banco Popular es muy variado, incluyendo a familiares descendientes de fundadores de la entidad, notarios, registradores, socios de consultoras internacionales, clientes extranjeros de diverso países, así como a miles de pequeños inversores. A nivel cuantitativo, la mayor reclamación individual corresponde a una persona física por importe de 15 millones de euros, mientras que la de menor importe es de 300 euros.