La concesionaria del Cunqueiro gana 2,42 millones de euros al año

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública y la Plataforma SOS Sanidade Pública de Vigo instan al gobierno de Alberto Núñez Feijóo a acabar con el "erróneo y costoso experimento" que supone la privatización del modelo de construcción y gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. 

La Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo, liderada por Acciona e integrada por Puentes y Calzadas, Veolia y Concessia, ha declarado 4,96 millones de euros en beneficios desde la puesta en marcha del complejo en septiembre de 2015, según publica La Voz de Galicia tras acceder a las cuentas anuales de la empresa. Así, la sociedad declaró en 2015 110.000 euros de beneficios; 1,32 millones en 2016; y 3,53 millones en 2017. De media, en los dos últimos ejercicios, Novo Hospital de Vigo ganó 2,42 millones al año. 

"Ahora asistimos al espectáculo de una concesionaria insaciable que sube el canon a pagar por Sergas, que incumple los compromisos de adquiridos sin ser sancionada, que no cumple con el compromiso de equipar el centro, o que funciona sin transparencia", han denunciado las plataformas de sanidad pública. 

El Sergas sancionó a la concesionaria en los primeros meses de vida del hospital a pagar medio millón de euros por fallos de disponibilidad y calidad de los servicios, cifra que bajó hasta 168.608 euros en el año 2017. Por otra banda, la concesionaria ha interpuesto al menos cuatro demandas contra el Servizo Galego de Saúde para reclamar más dinero. 

Las organizaciones señalan que llevan advirtiendo desde el primer momento "sobre las graves consecuencias de esta decisión [cambio de un modelo público a privado] para la atención sanitaria y el sistema público". Así lo han explicado en un comunicado, donde ponen como ejemplo el Hospital de Alzira, "rescatado recientemente por el Gobierno de Valencia por problemas similares", e invitan a Feijóo a "acabar con este erróneo y costoso experimento".

La oposición de las plataformas, explican, se debe, en primer lugar, a que la privatización supondría un encarecimiento del proyecto, "algo que se confirmó al pasar de 250 millones a más de 1.300"; a los recortes del proyecto "para beneficiar" a la concesionaria, "que supusieron una reducción de entre el 25% e 30% de la superficie, las camas, los servicios, el equipamiento y la calidad de l construcción"; y en los "enfrentamientos" entre la concesionaria y el Sergas. 

"Por eso exigimos, una vez más, la reintegración al sistema sanitario público de este hospital, para evitar la quiebra económica dado el afán desmedido de ganancias de la concesionaria", sentencian las organizaciones.