Suspendido por cuarta vez el juicio contra el exalcalde de Verín acusado de apropiarse de 1.960 euros

La causa ha sido la incomparecencia del actual regidor del municipio, Gerardo Seoane, que será sancionado

El juicio contra el exalcalde de Verín (Ourense) Santiago Cid Harguindey, también exvicepresidente de la Diputación de Ourense y actual presidente del Verín Club de Fútbol, ha sido suspendido este miércoles en la Audiencia Provincial tras más de dos horas de sesión oral a causa de la incomparecencia de un testigo, el actual regidor del municipio, Gerardo Seoane, que será sancionado por ello. Se reanudará, inicialmente y según ha señalado el presidente del tribunal, el próximo 28 de enero a las 9,30 horas.

Se trata de la cuarta vez que el proceso se aplaza. En la primera ocasión, la suspensión se debió a la huelga en la Justicia. En la segunda, a la ausencia de dos testigos y, en la tercera citación del exregidor, la suspensión fue a causa de la incomparecencia del testigo comprador de una finca en Verín a la sociedad a la que pertenecía Cid Harguindey, que se encontraba en el extranjero.

La suspensión de la sesión oral de este miércoles había sido solicitada ya al inicio del juicio por el letrado del exalcalde de Verín, que consideró que el caso debía ser juzgado por el Penal y no por la Audiencia Provincial, justificación que no consideró el tribunal, el cual determinó que el caso cobra "especial gravedad" por las cantidades que se imputan.

El acusado se enfrenta a una pena de seis años de prisión, solicitada por la Fiscalía, que sostiene que el exregidor se apropió de forma indebida de 1.960 euros cuando era administrador de la Sociedad Mirador de Monterrey S.L., de la cual era socio junto con otras tres personas --una de éstas es la denunciante, que sigue siendo socio de la empresa--.

Según ha señalado el Ministerio Público en el escrito de acusación, un tercero le entregó al exregidor 1.960 euros en concepto de devolución por liquidación de cobro de la valoración de unas fincas realizada el 12 de junio de 2008. Sin embargo, el acusado, "lejos de ingresar la referida cantidad en las cuentas de la sociedad, se apropió de ella".

Por su parte, la acusación particular demanda para Cid Harguindey un total de 12 años y medio de prisión por cuatro delitos societarios, dos de falsedad y otro de apropiación indebida o de administración desleal, así como una indemnización a la Sociedad Mirador de Monterrey S.L. de 151.960 euros. La defensa pide la libre absolución.

DECLARACIÓN DEL ACUSADO
El acusado ha declarado durante su intervención en la sesión oral de este miércoles que las juntas de la empresa se realizaban por teléfono, así como la aprobación de las cuentas, y ha destacado que los 150.000 euros restantes de una venta de 300.000 de una finca por parte de la Sociedad Mirador de Monterrey S.L. no fueron recibidos por dicha sociedad porque "no reclamó el dinero", puesto que el comprador se quejó de que la parcela estaba ocupada, primero, por ovejas, y luego, por un nieto de la arrendataria con una furgoneta y un caballo.

En este sentido, ha señalado que mandaba las cuentas a los socios cuando se las requerían y ha asegurado que éstos sabían que no iban a recibir el dinero que faltaba de la venta de la finca tras haber repartido los primeros 150.000 euros en función de los porcentajes de participación en la empresa.

Harguindey ha declarado que el comprador de la finca denunció al morador y exigió luego la devolución del dinero o quedarse con ella por lo que había pagado, por lo que la sociedad decidió "que se quedase" con la finca, ya que dos socios advirtieron que ellos "no iban a devolver" la primera cantidad entregada "porque ya la habían gastado".

Sin embargo, el cuarto de los socios, el denunciante en este caso, dijo, según ha comunicado el acusado, que no devolvería el dinero", pero no opinó al respecto de condonar esa deuda de 150.000 euros por la venta de una finca.

A la pregunta de por qué no aparece esa deuda con la empresa de 150.000 euros en las cuentas de los ejercicios posteriores, el acusado ha contestado que él no llevaba la gestión económica en este sentido.

COBRO DE 1.960 EUROS
En relación a los 1.960 euros que le atribuye Fiscalía en concepto de devolución por liquidación de cobro de la valoración de unas fincas realizada el 12 de junio de 2008, Harguindey ha justificado esta entrega por su implicación con el encargado de realizar la peritación, al que le entregó "las fichas" de los terrenos.

Asimismo, ha destacado que el perito le exigió que firmara el documento de su actuación en las fincas "en representación de la empresa" para que éste le devolviera esos 1.960 euros. "Me quedé lo que sobró del peritaje y se lo di a los socios. El dinero para pagar la peritación salió de mis bolsillos", ha declarado.

Por su parte, el perito ha destacado que la devolución de este dinero se efectuó a Cid Harguindey como administrador de la sociedad y ha negado que éste le entregara información para efectuar su trabajo alegando que "simplemente lo acompañó" en alguna ocasión a las fincas, ya que la información se la entregó el socio que actúa como denunciante en este caso.

Además, ha asegurado que no acordó "nada" con el acusado por haberlo acompañado y ha destacado que cobró menos de lo inicialmente pactado porque la valoración de las fincas "fue más sencilla" al haber algunas "con construcciones", las cuales no entraron en la peritación porque los socios le dijeron que no había que valorar, por lo que puso otras a petición de Harguindey y el socio denunciante.

VALORACIÓN DE DOS SOCIOS
El socio querellante ha asegurado que acompañó y le dio "toda la información y documentación" al perito y que Santiago Cid Harguindey los acompañó en alguna ocasión, pero no colaboró con el encargado de realizar la peritación. A su vez, ha negado que las juntas se celebraran por teléfono.

"De 2008, 2009 y 2010 no hay cuentas y esos 150.000 euros no sabíamos dónde estaban. Sin haber hecho junta, estaban aprobadas las cuentas. No me avisó jamás de que las cuentas de 2008, 2009 y 2010 estaban aprobadas. Una película para no pagarme a mí ni al resto de socios", ha denunciado.

Otro socio ha destacado que la sociedad "no tenia casi actividad" y ha asegurado que no fue citado formalmente para la celebración de las juntas. Ha informado que no recuerdo la cifra de la venta de la finca pero que sí fue informado del contrato y que el importe se repartió en dividendos.

"Mi participación era pequeña y no quería entrar en líos, me dijeron que, como consecuencia de las circunstancias, el precio de la finca era de 150.000 euros y no de 300.000 euros y lo asumí sin más. Desconozco la cantidad de la pericial, pero no sé si el dinero se pagó por la empresa o por particular. Santiago me explicó lo que yo le pedía y le di facultades para que votara por mí", ha señalado.