​Galicia en el centro del Gobierno

El Gobierno de progreso que va a formarse en los próximos días va a tener un carácter histórico porque será el primer Ejecutivo de coalición que desde la II República nace fruto del diálogo, la negociación y el acuerdo. Por primera vez en casi noventa años, un acuerdo entre distintos partidos alumbra un Consejo de Ministras reflejo directo de la pluralidad de la sociedad española y de su cuerpo electoral, y pone a las mayorías sociales en el centro de la política. Pero además, y debemos subrayarlo, este acuerdo de Gobierno también es histórico porque por primera vez en 40 años de democracia, Galicia, con sus necesidades, demandas e intereses colectivos, se sitúa como eje transversal de la acción política del Estado.

El documento firmado el pasado 30 de diciembre por el PSOE y por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia En Común, está en la base de este acontecimiento. En buena medida es el resultado del trabajo del equipo negociador de Galicia En Común, y de hecho se basa en el programa electoral con el que nos presentamos a las dos últimas elecciones generales. Nos avalan los cerca de 190.000 votos que nuestra coalición, consolidada como la tercera fuerza política del país tras el PP y el PSOE y referencia del espacio progresista de Galicia, obtuvo hace apenas dos meses.

Detallar las medidas concretas que contempla nuestro acuerdo de Gobierno con el PSOE resulta fundamentalmente útil por dos cosas. En primer lugar, para poner de manifiesto la relevancia de Galicia en Común como actor fundamental en la negociación de una salida política a la parálisis y la transitoriedad que han caracterizado la agenda política de los últimos meses. En segundo término, porque esas medidas representan un compromiso firme con la ciudadanía gallega, que debe exigirnos su cumplimiento y aplicación a la mayor brevedad posible y en la medida en que la dinámica parlamentaria nos lo permita.

El Gobierno que formamos se ha comprometido a ejecutar añejas demandas de las gallegas. Entre ellas la transferencia de la titularidad de la AP-9. También el saneamiento integral de las rías, junto a la puesta en marcha de una estrategia que supedite la gestión de los recursos naturales a la protección de la riqueza ecológica de Galicia y a la lucha contra las consecuencias del cambio climático. O la recuperación para el patrimonio público de todos los gallegos de los bienes robados por Franco y su familia, empezando por el Pazo de Meirás. Son algunos de los puntos concretos del acuerdo, pero no los únicos, ni los más destacados.

Este Gobierno va a fomentar una política de infraestructuras en red, y no radial, como la que precisa Galicia. Estará dirigida a promover la conexión interterritorial, aumentando la inversión en cercanías ferroviarias, y a culminar el corredor ferroviario atlántico. Se trata de garantizar la accesibilidad y conectividad territorial, que todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, cuente con un servicio de transporte público terrestre que las comunique con la cabecera de la comarca.

Este Ejecutivo también se ha comprometido con la defensa de los trabajadores de todos los sectores productivos de Galicia con estrategias concretas. Elaboraremos una ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias y sumaremos a España al Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que permitirá a 18.000 personas que viven del sector pesquero gallego ver mejoradas sus condiciones y remuneraciones. Además, protegeremos el tejido industrial y a las familias que dependen de él, actuando de forma efectiva contra las deslocalizaciones e implantando medidas como el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que garantizará la competitividad y viabilidad de empresas como Alcoa. Aprobaremos un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico, que favorecerá una transición sin costes sociales hacia la descarbonización, y pondremos en marcha planes específicos de acción urgente para que comarcas y municipios como As Pontes, afectados por el cierre de centrales de carbón, no vean comprometido su futuro por la imprevisión y dejadez de Gobiernos anteriores.

El acuerdo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común contempla también políticas esenciales para recuperar la justicia social en nuestro país: subir el salario mínimo interprofesional (SMI), para dignificar las rentas de centenares de miles de trabajadores gallegos. Pero no sólo de los más jóvenes , que suelen sufrir los salarios más precarios –en Galicia el sueldo medio anual está más de 600 euros por debajo de la media estatal-, sino de todos aquellos acogidos a convenios colectivos que referencian sus retribuciones al SMI. El pacto también prevé la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que ha dinamitado el mercado de trabajo depauperando las condiciones de vida de miles de familias, abaratando el despido y facilitando los despidos masivos y colectivos en empresas de todo tipo. Nuestro país es un claro ejemplo de esa estrategia antiempleo: Galicia tiene hoy 63.000 trabajadores menos que en el año 2012, cuando el PP de Alberto Núñez Feijóo aprobó la reforma laboral.

Nuestro acuerdo planea asimismo una reformulación de la Seguridad Social que vinculará la subida de las pensiones al índice de precios al consumo, y que elevará la cuantía de las más bajas. De nuevo una medida vital para Galicia, la segunda comunidad con las pensiones más exiguas del Estado y que cuenta con más de 800.000 perceptores de esas rentas.

Recuperar los derechos de las familias trabajadoras de Galicia tras más de una década de degradación implacable de su nivel de vida, es una prioridad básica de cualquier estrategia de Gobierno que persiga la justicia y la equidad social. Pero no la única. Pretendemos laminar cualquier expresión o intento de expresión machista de nuestro país, y lo haremos porque nos hemos comprometido a aplicar, desarrollar y dotar de recursos todas las medidas pendientes del Pacto contra la Violencia de Género, poniendo en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres que padecen esta violencia, así como una Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice que el consentimiento de la víctima sea clave en la determinación penal de los delitos sexuales.

Derogaremos Ley Mordaza y recuperaremos para la ciudadanía la garantía del ejercicio pleno de las libertades de expresión y reunión; y aprobaremos un Ley Básica de Educación que blinde a la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, eliminando del sistema público y concertado la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por su sexo.

También hemos dejado por escrito nuestro compromiso escrito con nuestra lengua, y por lo tanto, con el apoyo, el fomento y el impulso de la producción y distribución de las creaciones artísticas y culturales en gallego.

Un Gobierno que pone a Galicia y a sus mayorías sociales en el eje central de su estrategia, a la que pretendemos dar continuidad con el cambio político que ya ha emprendido este país y que desembocará en el resultado de las próximas elecciones autonómicas. El tiempo de la política basada en la destrucción de lo común se ha terminado.

Las anteriores, insisto, son sólo algunas de las medidas comprometidas en el acuerdo que firmamos el pasado 30 de diciembre. Y damos la bienvenida a las fuerzas que a él se han sumado para permitir la conformación de este Gobierno. Un Gobierno que pone a Galicia y a sus mayorías sociales en el eje central de su estrategia, a la que pretendemos dar continuidad con el cambio político que ya ha emprendido este país y que desembocará en el resultado de las próximas elecciones autonómicas. El tiempo de la política basada en la destrucción de lo común se ha terminado. Y Galicia va a estar en el centro de esta nueva etapa.

Gómez Reino con la también diputada de En Común Yolanda Díaz el día de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso