Una democracia en precario

Manoel Barbeitos
Economista

Unos días atrás asistimos en España a un espectáculo político inaudito, aunque ya nada nos debería sorprender cuándo se trata del funcionamiento y comportamiento de los partidos políticos, muy en particular cuando se trata de los partidos de las derechas.


En línea con lo que venimos denunciando reiteradamente en las páginas de este diario una de las más altas instancias del poder judicial español (Tribunal Supremo: órgano jurisdiccional superior  en todos los órdenes excepto el constitucional: art. 123.1.  C.Y.) confirmaba la sentencia de una instancia inferior (Audiencia Nacional) sobre la existencia de una caja B en la financiación del Partido Popular (PP)m que viene siendo lo mismo que confirmar su financiación ilegal y su sistémica corrupción. Hasta aquí nada ilógico en una democracia aunque se podía debatir sobre la benevolencia de la sentencia dada la dimensión y extensión del delito.


Lo inaudito vino a continuación, cuando los/las más altos/as dirigentes/as de este partido (PP), como por caso Mariano Rajoy, ofrecieron su interpretación de la sentencia: "la decisión del Supremo constituye una reparación moral frente a moción de censura...no se puede hablar de culpabilidad del PP sobre la caja B ya que no fue enjuiciado por ello". Entre paréntesis, nos debería preocupar mucho que políticos de este perfil puedan llegar a ocupar cargos tan relevantes como la jefatura del gobierno. Políticos que se sienten gratificados por que el Tribunal Supremo condena a su partido (PP) "exclusivamente" por lucrarse de las operaciones de la trama Gurtel, en una investigación que sigue en curso, por lo que puede dar paso a nuevos procesos y nuevas condenas individuales y colectivas. Alucinante, mucho más cuando ese partido tiene otras causas pendientes como pasa con el Caso Kitchen.


Una interpretación tal que se vio acompañada de una agresiva campaña mediática a cargo de los medios que son altavoces de estas derechas a favor de tal interpretación de la sentencia. Así La Razón afirmaba categórico que "El Supremo desmonta la moción". No se quedó atrás Él Mundo para quien "El supremo rechaza los párrafos que motivaron la moción contra Rajoy". Menos categórica pero igual de  tendenciosa resultó la información por parte de ABC: "El Supremo ve arbitraria la alusión a la caja  B que provocó la moción de censura". Pero para  fineza La Voz de Galicia quien recogía en páginas interiores que "Rajoy ve en la sentencia del caso Gurtel una reparación moral de su destitución". Por lo que parece estos medios aún no asimilaron los resultados de la moción de censura, al tiempo que intentan  desnaturalizar el sentido real de una sentencia del Tribunal Supremo que confirma una sentencia de la Audiencia Nacional que había condenado a un partido (PP) por corrupción.


Agresividad que trasladaron a un sector del poder judicial. Un magistrado de la Audiencia Nacional se vi impelido a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial  delante de la campaña de prensa contra él dirigida por los medios de la capital citados anteriormente. Una campaña con la que intentan "convertirlo en chivo expiatorio sobre el que elaborar un relato interesado de la moción de censura que le costó la Presidencia a Mariano Rajoy". He ahí la auténtica cara de las derechas españolas y sus altavoces.


En artículos anteriores expresaba mi opinión de que hechos de esta naturaleza, de tal gravedad democrática, debían ser suficientes para que el poder judicial español procediese a la disolución de partidos políticos y organizaciones que tienen la corrupción como alimento (Arts. 6 y 22.2 de la Constitución Española). Una acción de higiene democrática que se debe acompañar de una movilización de la sociedad civil en repudio de todo tipo de organizaciones y dirigentes corruptos, tal como por caso sucede en otros países europeos como Dinamarca, líder en la lucha contra la corrupción.


Mientras esto no suceda seremos una democracia en precario. Una nación de naciones en la que la corrupción sistémica ahoga la convivencia pacífica, frena la democracia, impide el crecimiento sostenido y dispara la desigualdad.


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