La Xunta propone robots, los familiares reclaman más personal cualificado y excluir el lucro de los asilos

El nuevo modelo de residencias anunciado por la Xunta de Galicia para 2022 contempla algunas medidas como la creación de unidades con un máximo de 25 personas o el uso de robots. Propuestas que una parte de las personas a las que va dirigido este nuevo modelo han recibido con "incredulidad". 

Paulino Campos, presidente de la Federación Galega de Asociación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE) y portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias de Mayores y de Residencias de Discapacidad, acerca a Galiciapress la perspectiva de familiares y usuarios ante este nuevo modelo con propuestas que "rozan el delirio".

"El cuidado de las personas mayores no puede estar en manos de empresas cuyo primer -y único- objetivo es el beneficio económico... De ahí que traslademos a la sociedad que en estos momentos nuestra mayor preocupación, como familiares, además de evitar muertes, es que se respeten los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas mayores que viven en las residencias", afirma Campos.

Protesta de REDE en Vigo | Foto: REDE

El pasado miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que a partir del próximo año Galicia pondrá en marcha un nuevo modelo de residencias que será “el más ambicioso y vanguardista” de España. La crisis del coronavirus, que tuvo en los centros para mayores gallegos su punto crítico durante las tres primeras olas de la pandemia, parece que ha hecho reaccionar a la administración pública, que pese a las buenas intenciones parece haber caído de nuevo en el error de dejar de lado a los verdaderos protagonistas, desplazados en ese dialogo.

Las propuestas de este nuevo modelo anunciado por Feijóo han sido estudiadas minuciosamente por Paulino Campos, presidente de la Federación Galega de Asociación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE) y portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias de Mayores y de Residencias de Discapacidad, que en primer lugar destaca la “incredulidad” y “asombro” con el que las familias y usuarios de residencias recibieron las propuestas, ya que algunas “rozan el delirio” cuando no son abiertamente “demagógicas”.

“Hay una cuestión muy clara: Feijóo y su Gobierno, incluido todo el equipo de Política Social, protagonizan una gestión extremadamente sectaria. Son obsesivos en cuanto a los niveles de opacidad y ocultismo, y así no se pueden hacer las cosas bien”, considera el presidente de REDE. Ese ocultismo se desprende de la negativa de la Xunta a no dar los nombres del comité que asesora al Gobierno gallego en la elaboración de los parámetros. “Teme el descrédito”, afirma Campos, porque integrantes de dicho comité “han tenido una actitud amoral con familiares y usuarias”, que “no dan la talla intelectual y profesional” o, directamente “representan los intereses espurios y mercantilistas de la patronal, de las empresas operadoras, y del nuevo orden asistencial que se avecina”. Sin embargo, REDE no ve la representación en ese comité ni de familias, ni de usuarios, ni de trabajadores geriátricos.

Tras más de 800 fallecidos en las residencias gallegas -más de 30.000 en la cifra estatal- desde REDE critican que el sistema residencial sigue en manos de entidades “privadas, malvadas y usureras” que tiene en su poder cerca del 87% de la gestión. En ese sentido, Campos expone como ejemplo una frase de Josefina Fenández, exconsejera delegada de DomusVi España apartada hace un mes de su puesto de CEO de la firma de geriátricos: “Nos sentimos orgullosos de ganar dinero con las personas más necesitadas”.

“Se precisa por lo tanto una reorganización, reorientación radical de la iniciativa, propiedad y gestión de los servicios sociales, y en este caso de los servicios residenciales... El cuidado de las personas mayores no puede estar en manos de empresas cuyo primer (y único) objetivo es el beneficio económico... De ahí que traslademos a la sociedad que en estos momentos nuestra mayor preocupación, como familiares, además de evitar muertes, es que se respeten los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas mayores que viven en las residencias”, reclama Campos, a la vez que denuncia que estos derechos, hoy por hoy, “no están garantizados y se vulneran constantemente” ya que algunos residentes “viven en auténticas prisiones”.

Este punto es crucial para los familiares y usuarios de las residencias gallegas, porque sin ese respeto a los derechos humanos y la dignidad lo demás “no vale de nada”, al igual que resulta imperativo garantizar “los derechos laborales de las trabajadoras, pisoteados y ninguneados”. No obstante, este nuevo modelo “no quiere saber nada de ello”. “Quien redacta o alimenta el documento gubernamental es la patronal, es la iniciativa privada, los que manejan sin rubor la 'silver economy', el business centrado en los mayores”, denuncia REDE.

LA XUNTA DICE ROBOTS; REDE PERSONAL CUALIFICADO

A renglón seguido, desde la organización han elaborado un decálogo en el que figuran todas las demandas que, a su parecer, debe contemplar el nuevo modelo. El decálogo, en el que están trabajando junto con el Gobierno central, “que sí, lógicamente, nos ha integrado en el foro donde se analiza y decide buena parte de ese futuro para los cuidados y asistencia a personas mayores”, reclama una mayor dotación de personal humano formado para dar una correcta atención a los residentes, a fin de que se evite así una rotación permanente de personal. Que un centro cuente con suficiente personal supone la diferencia “entre vivir los años en una residencia con calidad y dignidad, o convertirlos en un infierno”.

“La atención médica y el control de la salud de los residentes deben hacerse desde la sanidad pública. Garantizar que los residentes no sufran restricciones en el acceso a los especialistas ni en las derivaciones hospitalarias. Elaboración de un plan para solucionar la polimedicación. Eliminar las sujeciones farmacológicas o químicas y las mecánicas o físicas”, reza el decálogo.

Mientras, la Xunta dice que su apuesta es la de eliminar la idea de que las residencias son “espacios fríos e impersonales”. En cambio, en lugar de más personal, la propuesta de la Xunta parece girar en torno a tecnificar todavía más las residencias, hasta el punto de que el año que viene pretenden explorar la posibilidad de utilizar robots para el cuidado de los mayores. Una idea que, además de vanguardista, parece muy costosa en un momento en el que, como recuerda REDE, algunas residencias públicas “no tienen ni para sábanas nuevas”.

Parece paradójico que la sugerencia de la Xunta para dotar de más calidez y humanidad a las residencias sea por medio de hierro y circuitos. Para REDE este es un “elemento peligroso” fruto de la ausencia de debate entre la Xunta y las familias y usuarios. “Nos observa como elementos peligrosos”, dice Campos de Feijóo y su Ejecutiva ante una propuesta “peregrina” e “inenarrable”. “Y todavía no ha dimitido o exiliado quien haya propuesto semejante extravagancia”, reprende.

NO MÁS DE 60 USUARIOS POR RESIDENCIA

En la misma línea, piden un “debate científico y social, público” para analizar lo ocurrido en las residencias en el último año y medio y conocer los porqués de la alta mortalidad registrada. También insisten en la necesidad de que las inspecciones vayan marcadas por la “transparencia”, que se implementen “controles de calidad exhaustivos y rigurosos” y la “intervención y regulación de la alimentación” en los centros. “Es deleznable que todavía se permita que las personas mayores ingresadas en residencias estén sin ingerir algún tipo de alimento o líquido 13 horas consecutivas”, razona Campos.

Por otro lado, frente a las unidades de máximo 25 personas que propone Feijóo, desde REDE proponen un tope de 60 plazas en las residencias “con habitaciones individuales para procurar el respeto a la intimidad y la mejora de sus condiciones de vida, ofreciéndoles a los mayores un espacio vital propio”. Eso supondría eliminar más del 80% de las plazas de un centro como el CARPD de Vigo, donde este fin de semana la plataforma denunció con una manifestación la falta de atención que allí reciben los usuarios de la mayor residencia pública de Galicia.

“La asignación de plazas públicas fuera del entorno social de la persona mayor, el distanciamiento con las familias, el destierro forzado, es una práctica inaceptable y un caso de tortura lacerante que se enfrenta de plano a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, comentan.

También con el fin de mejorar el dialogo entre instituciones y familias reclaman que se establezcan “órganos de representación en todas las residencias, con independencia de su titularidad, pública o privada, con participación de familiares y residentes” y la prohibición de expulsar a residentes de forma unilateral “sin el visto bueno de la Administración o de la Justicia”.