La crisis industrial y la gestión de los Next Generation son dos de los desafíos clave de Galicia, señala Blanco Valdés

Con motivo del XI Foro de las Autonomías y la publicación del XXXII Informe de las Comunidades Autónomas, Galiciapress charla con Roberto Luis Blanco Valdés, catedrático de la USC y responsable del capítulo dedicado a Galicia en el volumen.

Analista de la realidad política gallega desde el inicio de la serie de publicaciones, Blanco señala a los resultados de las autonómicas gallegas y el segundo año de la pandemia como los grandes protagonistas de un 2021 "legislativamente muy bueno". 

Al profesor y columnista le preocupa especialmente todo lo que rodea en la actualidad al reparto de los fondos Next Generation, claves para la recuperación económica pero que, según su criterio, "no están siendo bien gestionados por el Gobierno de España". 

El pasado jueves 16 de junio tuvo lugar el XI Foro de las Autonomías, un encuentro en donde Observatorio de Derecho Público hace un análisis pormenorizado de la realidad autonómica como prolegómeno previo a la publicación del XXXII Informe de las Comunidades Autónomas, que, como todos los años, cuenta con un capítulo dedicado a Galicia, que nace de la pluma del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Luis Blanco Valdés. 

Blanco lleva formando parte de esta publicación desde su primera edición. De González Laxe a Rueda, pasando por Fraga, Touriño y Feijóo, Blanco ha diseccionado con su bisturí el trabajo de la Xunta año a año en materia tanto de su actividad político institucional como en el apartado legislativo,  en el marco de los criterios objetivos que imperan en el citado infome.

LA COVID Y LAS ELECCIONES CENTRARON 2021

Para el 2021 Blanco dice haber encontrado “dos grandes temas”. Como no podía ser de otra manera, la Covid-19 es una de los protagonistas. La pandemia ha puesto de manifiesto la “lealtad constitucional de la Xunta en la cogobernanza del Estado”, un aspecto en el que “destaca” el Gobierno de Galicia sobre otras comunidades como podrían ser Cataluña, “donde la deslealtad ha sido extrema por momentos”, o Madrid, “que va más por libre”. 

Al tiempo, Blanco también subraya la “eficacia” en la gestión que realizó la Xunta ante la pandemia, pese solicitar, sin éxito -y como otras comunidades-, una ‘Ley de pandemia’ al Gobierno central. Los bajos porcentajes de letalidad según reflejan los informes del Instituto de Salud Carlos III y los datos del Ministerio de Sanidad apoyan el hecho de que “Galicia es el territorio de la España peninsular con menos mortalidad por Covid por habitantes”, y todo ello pese a la población tan envejecida que registra la comunidad gallega. 

CAMBIOS DE SILLAS EN LA POLÍTICA GALLEGA

Por otra banda, Blanco destaca los resultados de las elecciones autonómicas de 2020, donde se “consolidó el poder del PPdeG, ganando con un escaño más”, pero que también dejó un “fenómeno muy importante con la desaparición de las mareas”, votos que “recogió el Bloque en su inmensa mayoría”, lo que llevó a los nacionalistas gallegos a pasar de ser la cuarta fuerza a la segunda en el Parlamento de Galicia, algo que debilitó la posición del PSdeG, que si bien no perdió escaños sí se vio relegado a la tercera posición. En este contexto, las opciones para un gobierno socialista se ven “reducidas”, según explica el experto, que considera que en un escenario como el actual el PSdeG podría aspirar a ser “un aliado en un gobierno del BNG”. 

Los análisis de Blanco sirven también a veces para dibujar “ciertas tendencias”, pero ni siquiera con una bola de cristal se podría haber aventurado el relevo en la dirección de la Xunta que se produjo hace cuestión de dos meses, con el salto de Feijóo a Madrid y la llegada de Alfonso Rueda a la presidencia de Galicia. 

Tantos cambios en el tablero político hacen que sea más incierto prever qué ocurrirá en las futuras elecciones. Blanco dice que en 2021 no se podía augurar un cambio así, primero porque la fractura entre la dirección de los populares y el PP de Madrid tuvo lugar con 2022 ya empezado, pero segundo porque “creo que ni Feijóo se podía ni imaginar dando el salto fuera de Galicia”. 

“Ahora la situación es menos clara, porque el tirón electoral de Feijóo está demostrado tras ganar cuatro mayorías absolutas. Las expectativas de Rueda son más inciertas, pero los sondeos señalan que el PP mantendría la mayoría absoluta y tiene experiencia”, argumenta Blanco, que emplaza al análisis de los resultados de este fin de semana en Andalucía, donde arrasó el PP, para tener una radiografía más precisa de la realidad política a nivel nacional. 

Ya en el aspecto legislativo, Blanco celebra la “riqueza” en este ámbito que fue 2021, sobre todo en aspectos como la situación de la mujer o la gestión de la crisis sanitaria. “Fue un año muy bueno legislativamente hablando”, afirma. 

LA CRISIS INDUSTRIAL SIGUE SIENDO UNA RÉMORA PARA GALICIA

En su informe, el catedrático refleja como hitos a tener en consideración la llegada del AVE a Galicia o el cambio en la dirección de Inditex, con la salida de Pablo Isla y la llegada de Marta Ortega al frente de la multinacional textil. Sin embargo, y si tomamos como ejemplo el informe de 2019, el último prepandemia, nos encontramos con que muchos de los asuntos que preocupaban entonces, como puede ser la crisis industrial, siguen todavía a día de hoy formando parte de la actualidad gallega.  

Algunos puntos, como la transferencia de la AP-9, no son, para el entender de Blanco, tan urgentes como puedan parecer. En su opinión, la transferencia del vial no supondría cambios significativos en el precio y considera que el Gobierno de España cuenta con más herramientas que la Xunta para la gestión y la negociación del precio en una infraestructura como la autopista de peaje. “Quizá me equivoco yo, pero creo que no supondría un gran cambio”, reconoce. 

Sí destaca sobre otros puntos el hecho de que Galicia, por primera vez, recupere el presupuesto anterior a la crisis de 2008. Blanco recuerda la “rebaja espectacular en el presupuesto” que acompañó el inicio de la era Feijóo, algo que se ha sostenido a lo largo del tiempo hasta hoy con una recuperación paulatina. 

Sin embargo, si aplicamos la inflación, los presupuestos de hoy, aunque en euros puedan ser parecidos, nada tienen que ver con los de 2008, ya que por entonces el margen de maniobra con esos montantes era mucho mayor. No obstante, como puntualiza Blanco, esto, en su opinión, no se ha trasladado a una reducción en prestaciones sanitarias o educativas. 

“OPACIDAD ABSOLUTA” EN LOS NEXT GENERATION

La economía gallega vive en estos momentos muy atenta al desembarco de los fondos Next Generation, la promesa de un gran impulso a muchas industrias en la comunidad. Por ahora, poco se sabe del destino de estos fondos, pero si tomamos como ejemplo Altri, todo parece indicar que las administraciones han priorizado criterios prácticos, como las comunicaciones, a otros que deberían beneficiar a zonas industrialmente deprimidas, como A Mariña o As Pontes, donde esperan que los fondos europeos sean el salvavidas para la economía de esos territorios.

Blanco lamenta la “opacidad absoluta” que hasta ahora ha rodeado a los fondos, ejemplo de “falta de transparencia”. “Se están ejecutando en algunos capítulos una parte mínima del dinero previsto, algo que ya pasaba con la ejecución de otras ayudas europeas. Va muy lento. El Gobierno está administrando mal los fondos, que deberían priorizar los territorios en peor situación”, denuncia el catedrático de la universidad compostelana.

A renglón seguido, pone como ejemplo una factoría como Stellantis Vigo, cuyo proyecto para la fabricación de coches eléctricos debería ser “prioritario”. “Debería ser obvio que la planta reciba esos fondos. Pero no sabemos qué pasa porque la información que recibimos es mínima. Eso exige capacidad de gestión, pero creo el Gobierno está en otra cosa”, lamenta amargamente.

En el XXXII Foro de las Autonomías también se prestará una especial atención la polémica Ley de la Vivienda y su impacto. La Xunta de Galicia ya anunció que haría todo lo posible con no aplicarla y tratará de frenarla por la vía judicial. Blanco ve algunas opciones de que esto suceda, pero debe ser el “tribunal Constitucional el que decida los márgenes dentro de una economía social de mercado si es posible incluir en los aspectos intervencionistas que figuran en la Ley de la Vivienda”.