Viviendas de Uso Turístico: ¿con o sin ITV?

Las VUT han soliviantado los ánimos entre propietarios de las mismas y entre algunas administraciones (central, algunas autonómicas y algunas municipales). Tanto es así, que desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA) consideran que están siendo demonizados y culpabilizados ante la falta de vivienda en alquiler de larga duración. Por su parte, desde que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo denunciara la falta de código de registro autonómico obligatorio en casi 10.000 VUT, reclama a la Xunta que regularice esta situación, aunque el gobierno autonómico parece estar haciendo oídos sordos a todo tipo de reclamaciones según unos y otros.

LAS VUT EN NÚMEROS

En Galicia, según los últimos datos del 'Informe de Vivendas Turísticas de abril de 2025' realizado por Turismo de Galicia, el total de viviendas de uso turístico es de 26.885. En Santiago de Compostela hay registradas 690 VUT con licencia anterior a la modificación del PGOM local de 2024, lo que choca con A Coruña que supera las 1.300 VUT. Actualmente, y según el documento citado, las viviendas de uso turístico representan el 86.2% de la oferta total de alojamientos y ocupando el 47.9% de las plazas.

Sin embargo, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo denunciaba en su día que el 61% de las VUT gallegas anunciadas en internet carecen de la licencia preceptiva, esto supone que de 15.740 viviendas localizadas en plataformas digitales, 9.647 no muestran el código de registro autonómico obligatorio. Desde el Ministerio señalan que esto supone una infracción de la normativa vigente y acrecienta el problema de la vivienda en Galicia. El informe de Derechos Sociales y Consumo señalaba que la provincia de Pontevedra concentra la mitad de los pisos turísticos ilegales de la comunidad, con 4.560 anuncios sin número de registro. En ciudades como Santiago de Compostela, solo el 16% de las VUT anunciadas en plataformas cuentan con autorización municipal.

REGULACIÓN Y COMPETENCIAS

La regulación de las VUT en Galicia es un terreno de competencias compartidas y, a menudo, conflictivas. El Gobierno central establece directrices generales y supervisa el cumplimiento de la normativa, la Xunta de Galicia gestiona el registro y la concesión de licencias, y los ayuntamientos pueden imponer restricciones adicionales según las necesidades locales. Esta distribución ha generado fricciones, especialmente tras la reciente presión estatal para que la Xunta abra expedientes sancionadores a los propietarios que incumplen la ley.

El Ayuntamiento de Santiago, por ejemplo, defiende que ya ejerce sus competencias urbanísticas, pero rechaza asumir las de la Xunta en materia de ordenación turística, limitándose a notificar individualmente las resoluciones relativas a la legalidad urbanística de las VUT. “Desde el Concello dan licencias a fondos extranjeros para que puedan comprar edificios enteros en el casco antiguo” señala Dulcinea Aguín, de Aviturga. A esto suma que en su momento los ayuntamientos no pusieron terreno para la construcción de vivienda pública.

El auge de las VUT ha sido señalado como uno de los factores que más presionan el mercado de alquiler en Galicia. En zonas como Cangas, conseguir un alquiler anual es casi imposible; solo se ofrecen contratos que excluyen los meses de verano, cuando los precios se disparan para los turistas. En Vigo, el número de VUT ha crecido un 113% desde 2020, y en barrios como el Casco Vello la concentración de viviendas turísticas supera el 25% del total, con un encarecimiento del alquiler del 7,5% en el último año, por encima de la media municipal.

LEGISLACIÓN Y DEFENSA DE POSICIONES

Ante las propuestas del Ministerio la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, rechaza que la ausencia del número de registro en los anuncios implique necesariamente ilegalidad, comparando la situación con un coche que ha pasado la ITV pero no exhibe la pegatina correspondiente. El sector denuncia que se está demonizando a los propietarios de VUT y rechaza la idea de masificación, asegurando que la ocupación en zonas como el Morrazo no llega al 15%.

La Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia, establece que no basta con estar inscrito en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas: también es obligatorio mostrar el número de inscripción en toda publicidad o actuación de promoción, responden desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo (es decir, hay que colocar la "pegatina" de la ITV). La ausencia de dicho número puede considerarse una infracción grave, sancionable administrativamente, ya sea por prestar servicios turísticos sin la debida autorización o por inducir a error o confusión a los usuarios turísticos.

Además, la normativa contempla sanciones para quienes anuncien viviendas sin el número de registro o con códigos ficticios, lo que compromete la transparencia del mercado y perjudica tanto a los consumidores como a los operadores legales.

POSIBLES RESPUESTAS

Ante la presión social y política generada alrededor de las VUT, algunas administraciones están tomando medidas. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha aprobado la implantación de una tasa turística para estancias en hoteles y otros alojamientos, buscando equiparar la ciudad con otros destinos europeos. El Gobierno gallego, por su parte, anuncia inversiones para modernizar y diversificar la oferta turística, apostando por la sostenibilidad y la desconcentración de la actividad para repartir los beneficios en toda la autonomía.
 

Otros ayuntamientos, como Oleiros, han optado por la prohibición total de las VUT, argumentando su incompatibilidad con el uso residencial y el derecho a la vivienda habitual. Además, el Tribunal Supremo ha avalado la posibilidad de que las comunidades de propietarios prohíban expresamente en sus estatutos el uso turístico de las viviendas.
 

El debate sobre las viviendas de uso turístico en Galicia tiene aspecto de prolongarse en el tiempo. Mientras el sector defiende su papel dinamizador para la economía local y rechaza la criminalización, los vecinos y parte de la administración advierten del riesgo de turistificación y del impacto sobre el acceso a la vivienda. La solución va a depender de la voluntad de negociación entre los distintos agentes que intervienen en este debate.