Zona de vivienda tensionada en Santiago: Raxoi ajusta solicitud pero sigue la gresca con la Xunta

La discrepancia política e institucional quedó en evidencia tras la reunión mantenida entre técnicos de ambas administraciones, celebrada casi un mes después de que el IGVS diese por concluida la primera solicitud del Concello al considerar que no se ajustaba a lo recogido en la Ley estatal de Vivienda.

El origen del conflicto

El Ayuntamiento había remitido en mayo la documentación necesaria para obtener la declaración, un paso que considera fundamental para poder aplicar medidas de limitación de precios del alquiler y otras herramientas de control en una ciudad donde la presión inmobiliaria es creciente. No obstante, a comienzos de julio, el IGVS devolvió el expediente al sostener que los informes municipales presentaban deficiencias técnicas y jurídicas.

El organismo autonómico precisó entonces que el plan de actuación propuesto por Raxoi carecía de incidencia real, estaba poco definido o incluía medidas ya en marcha, lo que a su juicio lo hacía insuficiente para responder al problema. También criticó la falta de un calendario claro de ejecución, un requisito básico para validar la eficacia de las políticas previstas.

En materia de diagnóstico, la Xunta reclamó al Ayuntamiento que utilizara únicamente fuentes oficiales, censurando el empleo de portales del sector privado como referencia principal para justificar la escalada del precio de la vivienda. Raxoi defendía que se trabajaba con ambos tipos de datos y que el uso de fuentes complementarias permitía reflejar mejor la realidad.

Otro de los puntos que generó fricciones fue la propuesta de reducir de diez a cinco el número mínimo de viviendas para ser considerado “gran tenedor”, una medida que, según el gobierno local, permitiría aumentar el margen de actuación frente a la especulación inmobiliaria.

La posición del Ayuntamiento

Lejos de dar por cerrado el proceso, la alcaldesa Goretti Sanmartín adelantó este lunes que su ejecutivo no renuncia a la declaración de Santiago como zona tensionada. El Concello presentará un recurso de reposición con el objetivo de retrotraer el procedimiento y defiende que la tramitación llevada a cabo por la Xunta no fue la adecuada.

Según fuentes municipales, la revisión de la memoria justificativa mantendrá los datos oficiales ya presentados, incorporará las referencias expresamente solicitadas por el IGVS y aportará una mayor concreción en las medidas correctoras, con especial referencia a las políticas de incentivo del alquiler social y de regulación del mercado.

El Ayuntamiento insiste en que los técnicos del IGVS reconocieron la validez del diagnóstico elaborado por los servicios municipales, lo que demostraría que Santiago cumple los requisitos legales para ser considerada zona de mercado tensionado. Además, cuestiona que el requerimiento emitido por la Xunta carezca de informes técnicos o jurídicos y esté firmado directamente por el director xeral del IGVS, Heriberto García, lo que, según el gobierno local, refleja únicamente su interpretación.

La respuesta de la Xunta

Desde la Consellería de Vivenda, las afirmaciones del Concello son rechazadas. Fuentes autonómicas aseguran que en ningún momento se dio validez al diagnóstico del Ayuntamiento y que lo que se transmitió en la reunión es que el gobierno municipal debe presentar una nueva memoria validada con datos oficiales, así como un plan de actuación sometido a información pública, ambos requisitos exigidos por ley.

La Xunta recuerda que había ofrecido la posibilidad de mantener esta reunión antes de emitir el requerimiento, lo que habría evitado la situación de bloqueo actual. Para el Ejecutivo autonómico, son los incumplimientos del Ayuntamiento los que han llevado al procedimiento a quedar en suspenso y recalcan que el IGVS se limita a exigir el cumplimiento normativo.

Una batalla clave en la política de vivienda

El resultado de este pulso entre administraciones es decisivo para el futuro inmediato del mercado residencial en Santiago. La declaración de la ciudad como zona tensionada permitiría aplicar medidas de control del alquiler, como la limitación del precio a nuevos contratos en áreas concretas o la posibilidad de beneficios fiscales condicionados a la puesta en el mercado de vivienda asequible.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Raxoi y la Xunta retrasa una decisión considerada prioritaria por el equipo de Sanmartín, que vincula la crisis del acceso a la vivienda con el incremento del turismo, la proliferación de pisos de uso turístico y la reducción de la oferta residencial para la ciudadanía.

Por su parte, la administración autonómica mantiene que estas medidas solo serán posibles con una documentación sólida, una planificación sólida y un procedimiento ajustado estrictamente a la normativa vigente.

Expectación y presión social

Mientras tanto, entidades vecinales, asociaciones de inquilinos y colectivos sociales siguen reclamando una intervención pública más contundente. Consideran imprescindible garantizar alquileres asequibles, especialmente en un contexto de encarecimiento general del coste de vida. A su juicio, cada retraso administrativo supone prolongar la situación de dificultad de cientos de familias compostelanas.

El sector inmobiliario, en cambio, advierte de que una declaración de este tipo podría generar inseguridad jurídica y limitar la inversión privada en vivienda, afectando finalmente a la oferta. Reclaman soluciones basadas en el fomento de la construcción y en la colaboración público-privada como alternativas al control estricto de los precios.