Precariedad y brecha salarial en Navantia-Ferrol, el personal civil denuncia sueldos por debajo del SMI

El complejo de Navantia en Ferrol, uno de los centros neurálgicos de la construcción naval militar en España, está viviendo un momento complicado que puede desembocar en una crisis sociolaboral. El personal civil, que incluye a técnicos e inspectores cruciales para la certificación de buques para el Ministerio de Defensa, denuncia discriminación salarial severa, el auge de la subcontratación mediante empresas auxiliares, y la preocupación por el riesgo de pobreza que afecta a los empleados con las nóminas más bajas.

 

Brecha salarial
La fuente principal de malestar reside en las mejoras salariales aprobadas a principios de año. Se consolidaron incrementos de 300 euros para marineros y soldados, y de 200 euros para el resto del personal militar del Ministerio de Defensa. El personal civil quedó excluido de esta subida. 
 

Los trabajadores civiles, cuyo puesto incluye la inspección de construcciones y obras de barcos—cubriendo desde la verificación de comunicaciones interiores hasta el cumplimiento de requisitos del Estado Mayor y el periodo de garantía post-entrega—, realizan las mismas funciones que sus homólogos militares en muchos casos. 
 

El colectivo subraya que la discriminación es ilógica, especialmente cuando son los civiles quienes a menudo asumen las responsabilidades de los militares durante sus periodos vacacionales, como señala Pablo Morgade, de USO. Esta disparidad sitúa al Ministerio de Defensa como la entidad que ofrece los salarios más bajos dentro de la Administración General del Estado (AGE).

Presupuestos elevados y sueldos congelados
El personal civil denuncia la congelación de sus sueldos desde enero de 2025 en contraste con el músculo financiero de Defensa. El presupuesto ministerial excede los 12.000 millones de euros, y “se aprueban con gran rapidez créditos multimillonarios destinados a la industria privada”. Como los 7.000 millones recientes para la modernización de varios programas o los 800 millones adicionales para partidas específicas, entre ellas los BAM (Buque de Acción Marítima).

Este incremento en objetivos para la Armada hace viable la demanda de una subida de unos 200 euros mensuales para los grupos salariales más bajos. Los trabajadores argumentan que esta mejora requeriría solo 36 millones de euros, menos del 9% del coste de la subida retributiva ya aplicada al personal militar. 

Morgade denuncia salarios que apenas alcanzan los 1.015 euros entre las categorías inferiores, es decir apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Hay personal que con 50 años debe compartir piso” e incluso algunos “necesiten ayudas sociales”. La diferencia de 200 o 300 euros supondría salir de la “zona de riesgo”.

 

Externalización y pérdida de conocimientos
El sector naval en Ferrol es uno de los más externalizados en España. La plantilla de Navantia se ha reducido drásticamente pasando de unos 9.000 a entre 3.000 y 4.000 empleados. El volumen de trabajo restante recae en empresas auxiliares que no solo se ocupan de construcción en los astilleros, también afecta a servicios como administración, limpieza, prevención e inspección. 

Una de las consecuencias directas es la pérdida de la experiencia y el conocimiento técnico acumulado durante décadas por los profesionales públicos. Irónicamente, el personal interno a menudo debe formar a los trabajadores de las subcontratas, solo para que la Administración termine pagando tarifas superiores por esos mismos servicios externalizados. Este modelo, especialmente en proyectos de alta tecnología como las fragatas F-110, compromete el know-how y la calidad de la gestión interna.

La situación se complica por la falta de renovación en los cuadros profesionales. El personal de la administración de Estado ha pasado de unos 55.000 trabajadores en 2006 a poco más de 20.000 en la actualidad. Esto se traduce en una media de edad en torno a los 55 años, anticipando que una parte significativa del colectivo se jubilará en los próximos diez años.

La insuficiente reposición de plazas (con miles de puestos que se pierden cada año) provoca un debilitamiento estructural que mina la capacidad operativa y técnica del Ministerio. 
 

En Ferrol, el personal civil, que incluye unos 500 empleados entre el arsenal y otras unidades, considera que si no hay una solución en los próximos meses aumentarán la presión sobre el Ministerio. Con ello la movilización continuará, incluyendo la coordinación de protestas a nivel nacional y la amenaza de paros o huelgas, hasta que se firme y publique un acuerdo oficial que garantice la igualdad salarial.