Jefes de Seguridad privada se reunen en Santiago en un momento de incertidumbre en el sector

El encuentro, desarrollado en la sede de Abanca en la Praza de Cervantes, ha reunido a expertos y representantes institucionales para analizar tanto los retos de cooperación público-privada como las dificultades estructurales que atraviesa el sector, entre ellas la escasez de vigilantes habilitados, el estancamiento de los salarios y la creciente exigencia formativa ante nuevas amenazas digitales.

El presidente de la Asociación Europea de Profesionales para Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana (Aecra) y secretario general de la AJDSE, Jorge Salgueiro, destacó el acuerdo de colaboración firmado este año con la Xunta de Galicia y defendió la necesidad de “potenciar la cooperación público-privada” para responder de forma más eficaz a las demandas de seguridad ciudadana. Sin embargo, admitió que el sector vive un momento de “transición y tensión”, a la espera de la firma del nuevo convenio estatal que debe actualizar las condiciones salariales y laborales de más de 146.000 vigilantes en toda España.

Por parte del Gobierno gallego, el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, recordó que el convenio suscrito con la AJDSE busca impulsar la formación continua y mejorar la coordinación entre empresas privadas y cuerpos públicos. Villanueva elogió el papel del sector privado, ya que sin su aportación “sería prácticamente imposible asumir todas las funciones de seguridad con medios exclusivamente públicos”. No obstante, desde la Xunta también se reconoce la necesidad de reforzar políticas de atracción de profesionales, porque cada año el sector pierde personal especializado que migra hacia otras actividades con mejores condiciones laborales o turnos menos exigentes.

El presidente de la AJDSE en Galicia, Jesús Blanco, hizo hincapié en que “el ecosistema de seguridad solo funciona con la máxima colaboración” y reclamó que el futuro convenio garantice salarios dignos, formación homologada y estabilidad profesional. Según explicó, la falta de relevo generacional y las jornadas prolongadas están dificultando el relevo de vigilantes, una situación que ya se percibe en grandes eventos y contratos públicos donde cuesta cubrir todos los puestos disponibles.

Durante el acto, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, subrayó que Galicia es una de las comunidades más seguras de España, y que el país se mantiene entre los más seguros del mundo, aunque alertó de que uno de cada cuatro delitos se produce ya en el entorno digital. Para afrontar estos retos, insistió en reforzar la cooperación entre lo público y lo privado, una “pieza clave” en un escenario de cambios tecnológicos constantes.

Blanco recordó que el sector suma 1.400 empresas en todo el país, con una facturación anual de 6.000 millones de euros, pero que atraviesa un momento de tensión social y laboral, condicionado por las negociaciones del nuevo convenio estatal de seguridad privada. Dichas conversaciones, abiertas desde hace meses entre patronal y sindicatos, avanzan lentamente debido a desacuerdos sobre subidas salariales, escalas profesionales, pluses de nocturnidad y festivos, así como sobre la regulación de los servicios externalizados que afectan directamente a los vigilantes que trabajan en aeropuertos, hospitales, juzgados y centros de transporte.

Los sindicatos reclaman una subida salarial superior al IPC y una mejor regulación de las jornadas y los descansos, mientras que las empresas alertan de que los márgenes del sector son cada vez menores por los concursos públicos donde el precio sigue siendo el criterio principal. Este escenario de presión económica, falta de mano de obra y exigencias crecientes ha llevado a muchas compañías a rechazar nuevos contratos o a revisar plantillas para mantener su viabilidad.