GFS Security debe abonar la nómina de septiembre y pagos atrasados a los vigilantes, dicta Inspección de Trabajo

La CIG puso en conocimiento de Inspección de Trabajo la situación de los vigilantes de GFS Security que prestan su servicio en empresas como Reganosa o en hospitales como el CHUO, donde prestaba servicio Prosetecnisa.

Desde el sindicato denuncian que a los trabajadores todavía se les adeuda la nómina de septiembre y la "represión" que practica GFC Security Group contra algunos de sus empleados.

La situación de los vigilantes de seguridad de la valenciana GFS Security es cada vez más insostenible. Diciembre será otro mes en el que la plantilla no reciba los pagos que la compañía todavía les adeuda mientras siguen prestando servicios en empresas como Reganosa o para entidades públicas como el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). 

El problema se remonta al traspaso de funciones de Prosetecnisa, anterior concesionaria, para GFS. En ese lapso, y pese a los acuerdos alcanzados entre las dos firmas, quedaron pendientes de abonarse los salarios de los trabajadores de septiembre y las liquidaciones que no pagó en su día Prosetecnisa. 

Desde la CIG denuncian que GFS no se hace cargo de los sueldos de septiembre pese al pacto firmado con la anterior concesionaria de los servicios. Solo en A Coruña, el montante total de la deuda ronda los 250.000 euros.
 

“La Inspección de Trabajo, atendiendo la denuncia presentada por la CIG-Servicios a causa de las continuas demoras y finalmente impagos salariales, también apunta como responsable de estos continuos retrasos a la empresa GFS, ya que en aplicación del artículo 44 del Estatuto de las personas Trabajadoras, las empresas adjudicatarias quedarían subrogadas a cumplir con los derechos y deberes del personal, entre ellos, el pago de salarios y cotizaciones”, señalan desde el sindicato.
 

REPRESALIAS

En la misma línea, la CIG denuncia que desde hace meses se vienen tomando represalias contra trabajadores que prestan servico en Reganosa. GFS, según el relato del sindicato, niega la reincorporación de los afectados a su puesto laboral después de haber sido apartados.
 

Uno de los sancionados, miembro del comité de la CIG, está junto a otros tres trabajadores “a la espera de su reincorporación al puesto de trabajo, o cuando menos de conocer los motivos y alcance de la medida que provoca negarles el acceso a una prestación normal de servicios, vulnerando nuevamente el derecho a disponer de una ocupación efectiva". 

Desde la CIG recuerdan la situación cíclica que se está dando en los últimos años la situación en estas empresas, con tres firmas de seguridad quebradas y con investigaciones por parte de Fiscalía. Entre tanto, el personal sigue con las movilizaciones para reclamar que se cumplan los acuerdos y se les pague el dinero atrasado.