La renovación fallida del CGPJ: A Feijóo le temblaron las piernas

Pues no. Esta vez tampoco hubo acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), algo que lleva cuatro años pendiente. Una falta de acuerdo que, todo lleva a pensar, se debe al PP, quien una vez más (y van ya unas 20) se echó atrás incumpliendo así un mandato constitucional (Título VI, Art 122, CE).

¿A qué se puede deber realmente esta resistencia, este bloqueo del PP a la renovación del CGPJ? La respuesta está muy, muy clara: el Partido Popular (PP) le tiene miedo, pánico, a lo que podría pasar si el poder judicial español definitivamente se democratiza. Porque, en cuyo caso, con una justicia realmente independiente (Titulo VI, Art. 117.1 CE) y dados los incontables casos de corrupción y el elevadísimo número de sus dirigentes y directivos implicados, no serían extraños los continuados desfiles de los mismos por las salas de la justicia y sus posteriores ingresos en prisión por corrupción. Puede ser algo histórico. Histórico y mortal para ese partido, ya que, según fuentes periodísticas que siguen la corrupción en el Partido Popular en la actualidad, son casi un centenar (96) los dirigentes imputados, en su mayoría por corrupción: exministros de los gobiernos de J.M. Aznar y Mariano Rajoy; expresidentes, exconselleiros y exdiputados de CCAA; expresidentes de Diputaciones y exalcades, extesoreros… Solo hasta el 2025 la Audiencia Nacional tiene que juzgar 27 casos de corrupción del Partido Popular (PP). Una corrupción que, según fuentes fiscales, le cuesta al erario público español más de 122 mil millones de euros: 10% del PIB, que equivalen al gasto público en enseñanza en Ëspaña.

Evidencias como éstas explican el pánico del PP a que si se renueva el CGPJ empiecen a llegar a los distintos Juzgados y Tribunales, en muchos de los cuales se tapan la mayoría de sus jugadas, jueces y magistrados demócratas e independientes que administren la justicia con libertad, independencia y democracia, tal y como establece la Constitución Española pero que hoy por hoy no se cumplen.

El poder judicial español no solo tapa las jugadas del Partido Popular (PP) sino que, en no pocos casos, se ha convertido en un perseguidor implacable e insistente de los partidos de izquierdas y muy especialmente de Unidas Podemos, a pesar de que, a día de hoy, todos los casos judiciales que se le abrieron tuvieron que cerrarse por falta de pruebas. Un caso paradigmático es el del magistrado de la Audiencia Nacional, el señor García Castellón -17 años en puestos nombrados por el Partido Popular, que investiga la operación Kitchen pero en la que se niega a imputar a Dolores de Cospedal en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción- quien sigue en su particular cruzada contra Unidas Podemos, y muy especialmente contra uno de sus fundadores, el señor Juan Carlos Monedero, a pesar de los reveses judiciales sufridos y del criterio en contra de la Fiscalía que acusa a ese magistrado de "cruzar todas las líneas".

Una falta de acuerdo sobre la obligada renovación del CGPJ que, por otra parte, supone para el señor Núñez Feijóo, a quien también le temblaron las piernas como a su partido, un escalón más en lo que parece un imparable deterioro de la imagen de buen gestor y político demócrata y liberal que le habían fabricado unos medios de información y opinión que, por ese servicio, habían sido espléndidamente retribuidos. Un deterioro de imagen que también afecta a su condición de líder del Partido Popular, una posición que cada día que pasa parece más débil y cuestionada, especialmente por el sector más ultra de las derechas españolas. Se cuenta que en círculos madrileños acercados al Partido Popular (PP) cada vez son más las voces que empiezan a cuestionar la Núñez Feijóo como cabeza de lista para las elecciones generales del 2023.