Abogados del turno de oficio de Ourense eligen: "trabajar gratis y repartir migajas" o ir a la guerra contra la Xunta

La asistencia jurídica gratuita, un derecho garantizado por la Constitución española, se encuentra en estos momentos en un callejón sin salida. El aumento de la demanda de este servicio, cubierto por los abogados del turno de oficio adscritos, no va paralelo al aumento de la inversión que administraciones públicas, como al Xunta de Galicia, están realizando para mantener un sistema cada vez más precario, sostenido por la profesionalidad de los abogados del TO -que desde noviembre de 2023 se encuentran en huelga indefinida a nivel nacional, una medida que ha paralizado miles de procesos- y por el esfuerzo que realizan los Ilustres Colegios de Abogados. Pero desde Ourense han decidido poner un límite a la buena voluntad y paciencia del colectivo, que ahora toma la palabra para elegir si mantienen las cosas como hasta ahora o plantan cara al Gobierno de Galicia para que dote, de una vez por todas, de los recursos necesarios al servicio.

"NO VAN A RECONOCER CONCEPTOS NUEVOS, NI GUARDIAS..."

La decana del ICA Ourense, Marta Gómez, es el rostro de esta cruenta batalla contra el Ejecutivo que preside Alfonso Rueda, que propone, en lo que desde el ICA califican de “imposición unilateral”, un incremento presupuestario que no alcanza los 3 millones de euros, muy lejos de los 6 que calcula el colegio auriense que serían necesarios para que el servicio no fuese deficitario.

“No hay diálogo. Ninguno”, lamenta Gómez, que la última vez que habló con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes fue en otoño, donde la Xunta dejó claro que “no se van a reconocer conceptos nuevos, ni guardias, ni nada” y que con esa partida iba a ser necesario un ejercicio de funambulismo financiero porque “lo que se suba de un lado lo hay que quitar de otro”, lo que resulta en que “el servicio sea insostenible tal y como está planteado”.

“Lo único que podemos hacer es decidir si de esos 3 millones le subimos 5 euros al abreviado penal o al divorcio civil”, resume la decana, que trata de hacer malabares con las cuentas porque, en este escenario, lo que queda es “seguir trabajando gratis” ante el inmovilismo de la Xunta, que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Lo que queda, asegura Gómez, es un “reparto de migajas”.  

Así, volvemos a un escenario habitual para los Colegios de Abogados, pues tienen que sufragar esos gastos con las cuotas de los colegiados, algo que ya se viene haciendo porque “la financiación del TO se hace a toro pasado”, por lo que es la entidad la que tiene que adelantar el dinero a los letrados. “Hemos sostenido el servicio todo el año con las cuotas de los colegiados. Ahora lo devolverán cuando les de la gana, porque la orden está aprobada desde el 2 de diciembre y el dinero no entra”, critica. 

Pese a estas presiones de una Xunta que sigue sin publicar los baremos que pretende aprobar, existe un consenso entre todos los Ilustres Colegios de Abogados de Galicia para no firmar el acuerdo, aunque las consecuencias sean dilatar todavía más la entrega. Aunque la voluntad de no firmar es firme, los métodos son distintos, como explica Gómez, consciente de que existen “diferentes sensibilidades” en los colegios.

La decana también se sorprende de la poca cintura que demuestra la Xunta de Galicia, que se niega a abrir la mano. “Pedimos 6 millones, ellos tienen 3. Con un poco de altura de miras podrían decir: ‘No te puedo dar todo lo que pides, pero vamos a estudiar vuestra propuesta’. Pero eso no ha pasado ni va a pasar”, censura, ya que en San Caetano se han negado en redondo a aceptar iniciativas como las relativas a las guardias o la disponibilidad. Lo que sí contempla la Xunta es que se destine dinero a “obras menores o mobiliario”, asuntos tal vez menos urgentes y que roban un pedazo de tarta que podría ir destinado a la asistencia legal gratuita.

UNA FINANCIACIÓN "ESTABLE Y POR ADELANTADO"

Desde Ourense siguen decididos a mantener el pulso con la Xunta. Gómez ya abanderó en octubre la reclamación del Consello da Avogacía Galega para demandar una mayor financiación en un decálogo con propuestas donde el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, y el conselleiro del ramo, Diego Calvo, fueron los señalados por el bloqueo del diálogo en torno a un servicio al que cada vez acuden más ciudadanos y que se hace cada vez más difícil de mantener. 

“La subida nacional fue el año pasado de entre un 5 y un 8%. Eso significa que los 3 millones que ofrece la Xunta solo cubren el incremento de solicitudes. Y si llega, porque ya en enero del año pasado ya tuvimos problemas porque el dinero que había presupuestado la Consellería no llego para pagar la infraestructura del año 2024”, recuerda, reclamando una “financiación estable y por adelantado” para evitar esta clase de circunstancias cada vez más habituales, ya que no se dan solo en el colegio ourensano. 

Cuando Gómez accedió al decanato el año pasado se encontró con un convenio de mediación intrajudicial firmado por el ICA Ourense por el que se establecía que “el Colegio lo paga, el Colegio lo da, el Colegio hace el servicio todo el año, y la Xunta, en diciembre, decide si firma o no”. Justo en diciembre de 2024 la Xunta decidió no financiarlo, una decisión que tuvo respuesta con la baja del convenio, que tampoco es exclusivo del ICA ourensano y que llega a sus homólogos del resto de partidos judiciales. 

ASAMBLEA Y CONSULTA

En este contexto, desde el ICA Ourense han propuesto lanzar una consulta a sus colegiados, a los que ayer se informó en asamblea de la posición que habían adoptado tanto la Xunta como el Colegio, las alternativas existentes, que pasan por “no firmar y pelear por el incremento presupuestario que hace falta, o bien firmar lo que pone la Xunta encima de la mesa en estas condiciones de reparto de migajas y seguir trabajando gratis”.

“El año pasado ya se tomó la decisión por los decanos de no firmar el baremo. Creo que los colegiados, que son los que prestan el servicio, los que tienen que opinar”, razona Gómez, que parece apostar por plantar batalla, pues considera que buscar un incremento de la dotación presupuestaria “es lo que hace falta”. En cualquier caso, el resultado de la consulta no se conocerá hasta la semana que viene, según estiman.

El problema de fondo en este conflicto -y una de las claves de la huelga indefinida del TO- es la negativa de la Xunta a reconocer la relación laboral existente entre las administraciones públicas y los trabajadores del turno. Los togados y las plataformas constituidas para abrir una negociación con Xustiza siguen siendo negados por el Gobierno de Galicia cuando se trata de intentar tender puentes para el diálogo, algo que Gómez vivió de primera mano tanto como decana como en el pasado como portavoz de Marea Negra. 

“Es algo de lo que la Xunta no quiere oír hablar. Dicen que es una cuestión que hay que plantear a nivel nacional. No se puede hacer de forma autónoma. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho es empezar ya los estudios. Hemos encargado un estudio a la Universidad da Coruña sobre las diferentes propuestas que se pueden hacer sobre cómo plantear esta relación laboral especial de los trabajadores del turno de oficio y por ahí seguiremos”, abunda Gómez.

A nivel nacional la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso hace años la necesidad de regularizar la figura del profesional del TO mediante un estatuto que todavía no se ha definido y que mantienen al colectivo sin un marco al que poder aferrarse. Para Gómez, este sería un paso fundamental pero incide en que existen problemas que dificultan este objetivo. 

“Todos los servicios públicos y todas las administraciones son conscientes de que esto es así y de que hay una relación de dependencia. Económicamente es un paso muy difícil de dar. Hay muchas administraciones implicadas porque, al estar las competencias transferidas, no es solo un ministerio. Sería Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad Social, Ministerio de Economía y luego las comunidades autónomas”, detalla la decana ourensana.

A renglón seguido, incida que dentro del propio colectivo existe un debate sobre como esto significaría perder la independencia de la profesión, algo que va directamente al trasfondo jurídico del asunto. “Desde el momento en el que es la administración la que me dice a qué cliente tengo que atender, cuándo lo tengo que atender, qué acción tengo que ejercitar por él, cuánto voy a cobrar por ejercitar esa acción y no puedo renunciar a ese cliente… esa independencia no existe. Esa independencia existe en el ejercicio privado de la actividad. En el turno de oficio no existe esa independencia; es la administración la que marca los pasos”, razona Gómez. 

UN AÑO DE CAMBIO

Este primer año al frente del Colegio de Ourense le ha servido para “aterrizar” y tomar contacto en cómo funciona el órgano colegial. En este tiempo ha tratado de “ordenar” el funcionamiento del colegio y sentar unas bases en cuestiones como “las reclamaciones en materia de mutualidad” o el propio turno de oficio. Su elección en su momento supuso un golpe de timón, rompiendo con la línea que se venía siguiendo, aunque en su valoración no se atreve a precisar si este año ha sido “muy rupturista”, pero sí que ha intentado “aportar una visión distinta, más cercana a lo que es el día a día de los compañeros”. 

Lo que sí parece que han quedado atrás son los titulares donde el ICA Ourense protagonizaba episodios como las bajas en las listas del TO, expedientes a abogados que secundaban la huelga o acusaciones de tratar de cubrir bajas con pagos extraordinarios a los esquiroles que asistiesen casos en los juzgados de Valdeorras y Trives. Así, el giro ha ido en la dirección opuesta, asistiendo a los huelguistas, con un ejemplo reciente de amparo la semana pasada a los abogados sancionados por el ejercicio del derecho a la huelga. 

“La semana pasada se remitió al TSJ el recurso gubernativo para la resolución precisamente de la primera de las sanciones que se impuso aquí”, informa Gómez, que es, de hecho, la abogada de la expedientada por la que ahora el Colegio se persona en defensa. “Se les ha concedido amparo colegial a todos los sancionados”, reafirma.

¿Y SI NO HAY ACUERDO?

La incógnita en estos momentos es qué sucederá si, como cabe esperar, los colegiados votan por rechazar la oferta de la Xunta y mantener una postura firme en pro de alcanzar una negociación real. ¿Supondría una ruptura con el Gobierno de Galicia? Para Gómez, esta ruptura, de hecho, “ya se ha llevado a cabo por su parte”.

“En el momento en el que en el mes de diciembre nos plantean que esa es la única opción que hay y que no hay ninguna alternativa, no ha vuelto a haber ningún tipo de conversación. Nosotros lo que transmitimos en todo momento a la Xunta desde el propio Consello es que lo que necesitamos es que esa negociación se abra, no sobre conceptos particulares, sino sobre lo que es la ampliación de la dotación presupuestaria. Es imprescindible y esa opción no se nos da”, resuelve Gómez.

Por todo ello, y aunque cree que esa ampliación de la financiación no se va a dar, “al menos de momento”, las esperanzas pasan por la unidad del colectivo: “Es una manera también de transmitir a la Xunta qué es lo que quieren los colegiados y de hacer ver que no es esta decana a título particular la que está pidiendo las cosas, sino que son los compañeros. Es la forma de que sean conscientes de la situación en la que nos tienen y de que sean conscientes de que es imprescindible aumentar esa dotación presupuestaria. Es una cuestión de voluntad”.