El control de bajas llega al Parlamento con la oposición frontal de BNG y PSdeG
BNG y PSdeG llevarán al Parlamento su rechazo frontal a la polémica propuesta de la Xunta de fiscalizar las incapacidades temporales por dolencias musculares y salud mental, mientras el Gobierno central amenaza con recurrir la medida al Tribunal Constitucional
El plan de control de bajas laborales anunciado por Alfonso Rueda en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) dominará el pleno del Parlamento de Galicia que se celebrará los próximos días 21 y 22 de abril. Tanto el BNG como el PSdeG tienen previsto interpelar al presidente autonómico y a su Ejecutivo sobre esta iniciativa, que ha generado una intensa polémica desde su anuncio. La sesión se adelanta al martes, dado que Rueda iniciará un viaje institucional a China.
La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, centró su pregunta directamente en Rueda para conocer las medidas concretas que el Gobierno gallego piensa aplicar a los trabajadores de la comunidad. Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, interpelará al presidente sobre las políticas económicas, mientras que su grupo reserva la pregunta específica sobre las bajas para el conselleiro de Emprego, José González.
La propuesta fue uno de los anuncios más llamativos del DEA. Rueda avanzó la creación de un programa integral de abordaje de las bajas laborales con unidades especializadas en dolencias musculoesqueléticas y psiquiatría menor, que servirían de apoyo a los médicos de atención primaria que gestionan las incapacidades temporales, con un papel reforzado también para las mutuas privadas.
La batalla política se traslada al Parlamento
El rechazo de la oposición gallega no se limita al terreno parlamentario. El PSdeG ha criticado que la Xunta ponga el foco en los trabajadores sin atender a las condiciones laborales ni a la falta de personal sanitario tras años de recortes. Los socialistas llevarán además al pleno otras iniciativas propias, como una interpelación sobre planificación en materia de incendios, una proposición para reforzar la atención a la salud mental, más inversión en infraestructuras educativas y una propuesta para que el canon del agua se distribuya con criterios más transparentes y objetivos.
El BNG, que no solo cuestionará el plan de bajas, también defenderá en la Cámara una proposición de ley para reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre los aeropuertos gallegos de interés general. Los nacionalistas, además, llevarán al pleno una proposición no de ley de iniciativa popular impulsada desde Vigo por la plataforma Foanpas para garantizar personal especializado en atención a estudiantes con necesidades específicas, avalada por miles de firmas. También abordarán en forma de interpelación la crisis del marisqueo, tras ver rechazada su petición de comparecencia de la conselleira do Mar.
El PPdeG, por su parte, utilizará el pleno para exigir de nuevo al Gobierno central el rescate y la eliminación de los peajes de la autopista del Atlántico, la AP-9, y defenderá una proposición sobre el sector lácteo para reclamar el cumplimiento estricto de la Ley de la cadena alimentaria. Además, preguntará por la aportación estatal a la dependencia, que según los datos de 2025 habría caído al 32,9%, muy lejos del 50% que establece la ley.
El Gobierno central amenaza con el Constitucional
El debate no se libra solo en Galicia. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su posición completamente contraria al plan y ha advertido de que presentará recurso de inconstitucionalidad si la Xunta sigue adelante con una propuesta que, a su juicio, invade competencias estatales y pone en cuestión a los profesionales de la sanidad pública gallega.
Rueda, lejos de dar marcha atrás, se mostró tajante al confirmar que seguirá adelante con el plan y anunció que quiere aprobar cuanto antes el decreto que lo regule, esperando además una postura constructiva de los agentes del diálogo social. Lo que el presidente gallego no mencionó en su discurso fueron las posibles causas de que en Galicia las bajas sean más largas que la media estatal, algo que los sindicatos relacionan con el acceso a la atención médica, las largas jornadas laborales o el envejecimiento de las plantillas.
En este clima de enfrentamiento, el pleno del martes que viene se perfila como uno de los más tensos de la legislatura en la Cámara gallega, con el control de las bajas como eje de un debate que ya trasciende las fronteras autonómicas.
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