El “remoloneo de la Xunta” con la eutanasia dificulta a muchos enfermos el acceso a una muerte digna

Dos años han pasado desde que en marzo de 2022 España aprobase la Ley de regulación de la eutanasia, un documento que situó a nuestro país a la vanguardia a la hora de reconocer un derecho que, hasta entonces, solo contemplaba la legislación de seis Estados más. El suicidio asistido, tabú hasta no hace tanto, era una reclamación de muchos enfermos crónicos y personas con enfermedades graves e incurables. Sin embargo, si bien la ley se concibió para aliviar el sufrimiento de muchas personas, todavía hoy sigue siendo objeto de polémica, especialmente porque algunos gobiernos autonómicos como el de Galicia son especialmente opacos en este tema.

Desde la Asociación Dereito a Morrer Dignamente recuerdan que el texto aprobado contempla que la Comisión de Garantía y Evaluación “debe elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto". Sin embargo, el colectivo denuncia la “resistencia pasiva” que está practicando la Xunta para reconocer el derecho a la eutanasia dos años después de la entrada en vigor de la ley. 
 

Así, la asociación considera “intolerable” los “intereses partidistas” que tiene esa estrategia del Gobierno de Galicia, ya que significa poner en juego “la necesidad de personas concretas de encontrar ayuda ante una vida que consideran insufrible o indigna”.

RETRASOS, RESISTENCIAS, FORMACIÓN INADECUADA…

En la misma línea, desde el colectivo critican que la información la fueron conociendo a cuentagotas y con casos concretos que sufrieron “inadmisibles retrasos en el acceso a la prestación”. “Asistimos con perplejidad a la resistencia a la modificación del impreso que proporciona el SERGAS para el registro del Testamento Vital-Instrucciones Previas, constatamos la escasa e inadecuada formación realizada y la prácticamente nula información distribuida sobre el nuevo derecho”, reprochan, así como “, y también “la ausencia de actuaciones para promover el registro de las Instrucciones Previas”, aspecto en el que Galicia se mantiene a la cola. 

“Dos años de remoloneo en el cumplimiento de una Ley Orgánica por quien tiene cómo primer deber cumplir y hacer cumplir la Ley”, censuran desde la Asociación, que recuerda los retrasos “sin justificación posible” para la presentación pública de los informes de 2021 y 2022.  
 

“El conocimiento público del informe anual es de la máxima importancia cuando estamos en un proceso de consolidación de un nuevo derecho -integrado en el marco de los derechos fundamentales-, tanto para impedir obstrucciones al mismo como para mejorar su desarrollo mediante la identificación  de acciones y procesos mejorables”, inciden desde el colectivo. 
 

UN DOCUMENTO TRANSPARENTE

Tras dos años de vigencia, desde la plataforma reclaman que los informes pendientes “tengan la mínima calidad que debe contener un informe de evaluación”, tal y como indica la Ley. Así, reclaman que el documento de la Xunta contenga “datos de proceso de la prestación”, donde se detallan los motivos de las solicitudes, los tiempos y plazos transcurridos o los recursos prestados y la forma de aplicación de la ayuda médica para morir, entre otros muchos. 

De igual manera, también debe precisar “datos sobre la información y apoyo a la ciudadanía en el conocimiento del derecho y en la importancia y forma de realización del Testamento Vital”, “datos sobre la formación y apoyo a profesionales sanitarios e información de los recursos puestos a su disposición para desarrollar la nueva prestación” y los “datos de instrumentos de gestión”, como pueden ser las guías técnicas o los registros de los objetores de conciencia.