No se debe sustituir las residencias con bonos para los cuidadores, esgrime el PSOE

El grupo socialista llevó al Pleno del Parlamento la situación de las residencias públicas y la atención a la dependencia en Galicia. La diputada Silvia Longueira acusó al Gobierno gallego de sustituir “derechos por bonos” y criticó que haya “cada vez más dinero para ayudas individuales y menos para servicios públicos efectivos”. Según sus datos, Galicia se sitúa como la cuarta comunidad con mayor déficit de plazas residenciales, un problema que, advirtió, se agravará por el envejecimiento acelerado de la población.

Longueira reclamó una planificación a diez años vista para afrontar el reto del envejecimiento. “Dentro de una década Galicia se enfrentará a una situación inédita, y es responsabilidad del Gobierno estar preparado”, señaló. Además, acusó a la Xunta de depositar buena parte de la solución en la iniciativa privada, al depender de proyectos impulsados por entidades como la Fundación Amancio Ortega.

La diputada socialista también aseguró que el aumento del sector privado va ligado a un deterioro de las condiciones laborales en los centros. Según sus datos, en los últimos cinco años cerraron cinco residencias por incumplimientos detectados en las inspecciones realizadas por la Administración autonómica.

La Xunta defiende su modelo “centrado en la libertad”

Frente a las críticas, la conselleira de Política Social, Fabiola García, defendió que Galicia “sigue siendo un referente nacional en la atención a las personas mayores”. La titular autonómica explicó que la hoja de ruta de la Xunta incluye la creación de 3.500 nuevas plazas residenciales hasta 2028, dentro de un nuevo modelo que busca que los centros “se parezcan cada vez más a un hogar”.

Entre los proyectos en marcha, García destacó las 900 plazas financiadas por la Fundación Amancio Ortega, distribuidas en siete residencias, entre ellas la de A Coruña, recientemente autorizada por el ayuntamiento. También mencionó las nuevas instalaciones de Ribeira y Antas de Ulla y las 1.800 plazas adicionales previstas en el Plan de Residencias que impulsa el Ejecutivo gallego.

La conselleira reclamó al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad que tiene paralizado el plan autonómico de agilización de la dependencia y la discapacidad. Además, confirmó que la Xunta se ha personado en el procedimiento para defender sus competencias en esta materia.

García insistió en que “la mayoría de las personas mayores en Galicia quiere envejecer en su propio hogar”, por lo que la Xunta destina también recursos al fortalecimiento de servicios de atención a domicilio. Entre ellos, citó programas como Xantar na Casa o el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuyo acuerdo con la Fegamp permitirá aumentar progresivamente la financiación autonómica hasta los 18 euros por hora en 2028, con una inversión adicional de 150 millones.

La conselleira rechazó la visión del PSdeG de que toda persona mayor sea automáticamente dependiente y acusó al grupo socialista de incurrir en “edadismo” y estereotipos. En su opinión, las políticas públicas deben “basarse en la libertad de las personas usuarias y no en etiquetas”.

Longueira, por su parte, replicó que no se trata de asociar edad con dependencia, sino de reclamar planificación para afrontar una transformación demográfica sin precedentes. “Si la población mayor de 65 años crece cada año, hay que gobernar con anticipación, no por intuición”, respondió al cierre del debate.