¿Usó Stellantis dinero público para crear tecnología en Vigo y llevarla a otros países? CUT sospecha que sí

En el Grupo Stellantis da la sensación de que todo funciona a las mil maravillas. Buenas cifras de ventas, ingresos récord, beneficios astronómicos, nuevos proyectos para todos…menos para Vigo. Hace unos días la empresa dio a conocer nuevas inversiones en factorías de Italia y Portugal, mientras que la gallega se quedaba de lado en la asignación de los nuevos modelos eléctricos.
 

Desde la Central Unitaria dos Traballadores (CUT) critica la “actitud” de la dirección de Stellantis y señalan directamente a la dirección de la factoría olívica por la “falta de transparencia para la asignación de nuevos proyectos”. Al tiempo, dirige también la mirada a las administraciones públicas por el “desembolso de subvenciones y ayudas” cuando ocurren estos hechos. 
 

“En el año 2021 le concediera la subvención y entrega sin contraprestación por una cuantía de 1.970.000,00 euros para el desarrollo del vehículo eléctrico E-K9”, dicen desde la CUT. En la memoria de la solicitud de esa ayuda se hablaba del desarrollo y lanzamiento en la planta viguesa “de un nuevo vehículo consistente en una furgoneta 100% eléctrica, con elevada resistencia estructural y ultraligera, que se fabricará de forma exclusiva en dicha planta para todos los mercados mundiales tanto en su versión particular como utilitaria”.

Se trata en todo caso de un vehículo “100% eléctrico”, de última tecnología e innovador para el mercado actual. “La ejecución de este proyecto supone el inicio de futuras adjudicaciones de nuevos modelos y vehículos tecnológicamente innovadores y altas prestaciones enfocadas hacia los nuevos vehículos eléctricos menos contaminantes, ajustándose así a las directivas europeas sobre emisiones de CO2 y gases contaminantes del medio ambiente, sumando también la significativa reducción en contaminación acústica”, detallan. 

Así las cosas, desde la CUT consideran que “se puede estar empleando de manera irregular ayudas para el desenrollo del vehículo eléctrico que debería ser en exclusividad para el centro de Vigo y que se está llevando la producción del vehículo para el cual estaba diseñada la subvención primero para la planta de Inglaterra de Ellesmore y ahora para la planta de Mangualde en Portugal”. 
 

Al quedarse sin este proyecto, desde la CUT solicitan a la Consellería de Economía y a la Axencia Galega de Innovación que verifiquen el cumplimiento de la subvención adjudicada y su uso correcto ante el temor de un “uso irregular de los fondos” y la posibilidad de que se usase para desarrollar tecnología con dinero público español que Stellantis acabará derivando a otras plantas fuera del país. 

PRIMEROS EN PRODUCCIÓN; ÚLTIMOS EN TENER EN CUENTA

El sindicato reitera que, pese a ser la de Balaídos una de las plantas más rentables, la viguesa es también la gran olvidada del grupo y la más exigida, algo que ya viene siendo así desde tiempos de la PSA Citroën. 
 

“La CUT exige, una vez más, que las ayudas no solo vayan acompañadas de la garantía de nuevos proyectos, sino que también repercutan en la mejora de las condiciones laborales y pongan freno a imparable precarización de las condiciones que está acometiendo la dirección de la planta de Vigo”, recalcan. 

Los recortes sufridos en la última década y la posibilidad de que el futuro nuevo convenio -debe aprobarse para aplicarse a partir de 2024- no traiga consigo las mejoras esperadas, sino todo lo contrario, son el gran problema al que se enfrentan los obreros de la fábrica.

“Ahora que la salud financiera del grupo está en su mejor momento, declarando intensas subidas de beneficios año tras año, parece que tampoco es el momento de repercutir esos beneficios en las personas trabajadoras, que somos quien generamos esos beneficios con nuestro esfuerzo y la costa de la precarización de nuestras condiciones laborales, sociales y económicas, mientras siguen solicitando más ayudas las administraciones públicas, e inversiones la Zona Franca y Gobierno, sin definir los modelos o plataformas que llegarían a Vigo”, reprocha el sindicato, que exige “responsabilidades” a la dirección y las administraciones públicas.