Radad Covid, la app oficial contra el coronavirus, no es accesible para algunas personas con discapacidad

Todas las administraciones tienen la obligación legal de cumplir unos criterios de accesibilidad en sus herramientas informáticas. Sin embargo, la herramienta más importante de España contra el coronavirus no cumple estos requisitos, alerta CERMI. Hay que recordar que A Mesa pola Normalización también criticó hace poco a Radar Covid, en su caso por estar en inglés pero ni en gallego ni en las otras lenguas cooficiales de España.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante la Oficina de la Atención a la Discapacidad (OADIS) del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 las "graves deficiencias" de accesibilidad de la aplicación para dispositivos móviles Radar COVID, que excluye de su uso a determinadas personas con discapacidad.

Radar COVID es la aplicación oficial del Gobierno de España para el rastreo de contactos por coronavirus y se ha puesto gratuitamente a disposición de todas las personas que desean utilizarla como forma de contribuir a reducir los contagios y a prevenir la extensión de la enfermedad.

El CERMI se han recibido quejas de personas y de organizaciones de la discapacidad que señalan relevantes carencias de accesibilidad, que la convierten en inutilizable para grupos específicos de este sector social.

La aplicación ha sido promovida por la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y en su realización se han ignorado inexcusablemente los criterios generales de accesibilidad universal establecidos para este tipo de soluciones digitales.

El CERMI ha pedido a la OADIS que abra una investigación a la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por proporcionar una aplicación inaccesible y le inste a solventar las deficiencias detectadas con la mayor urgencia.

Como afirma CERMI, "no diseñar productos tecnológicos accesibles va en contra de la normativa vigente y supone una infracción legal sancionable, pero se agrava como en este caso cuando la falta de accesibilidad deja desprotegidos o en peor situación a las personas con discapacidad ante el impacto de la pandemia causada por el coronavirus, comprometiendo su derecho a la salud sin discriminaciones".