​Los investigados por los retrasos de la hepatitis C “dejaron muchas lagunas” según la acusación

Ni Félix Rubial, exdirector de asistencia sanitaria, ni Carolina González-Criado, subdirectora de Farmacia, han querido hacer declaraciones a los medios tras responder durante un total de cuatro horas y media en los juzgados de Santiago en el proceso que los investiga por supuestos retrasos en tratamientos de hepatitis C por parte de la subcomisión de la que formaban parte.

Pero el que sí ha hablado ha sido su abogado. Manuel Pillado, letrado de la Xunta y director de su asesoría jurídica, asegurando que las declaraciones de estos dos altos cargos han acreditado “el total, correcto, pleno y diligente funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C y de los profesionales” que la integraban.

No avanza si pedirá el archivo de la causa, pues no quiere “comentar la estrategia judicial que vamos a seguir”. Pero en todo caso, asegura que han entregado documentación “con ánimo de colaboración”, alegrándose de que el juzgado escuchase a estos profesionales sanitarios, cuyas declaraciones considera “fundamentales para el caso”.

En el lado contrario, el abogado de la plataforma de víctimas personada en el caso, Arximiro Soliño, no ha salido tan satisfecho con las declaraciones. Aunque no ha querido entrar en detalles, ha considerado que los investigados “dejaron muchas lagunas” sin analizar y que sus declaraciones no fueron del todo satisfactorias.

“Están muy bien agarrados, pero hay algunas contradicciones y algunas lagunas que habrá que analizar” para comprobar si son relevantes. En todo caso, destaca que las declaraciones dieron mucho para analizar y que sacar conclusiones en este momento “sería prematuro”.

POSTURA DE LA FISCALÍA

También se ha pronunciado sobre las declaraciones la fiscal del caso, Pilar Fernández, algo nada habitual. Ha querido aclarar que la finalidad exclusiva de la Fiscalía es “constatar la legalidad de los procedimientos” con el objetivo último de “salvaguardar el sistema público de salud”, comprobando que todos los procedimientos se llevaron a cabo con la “máxima garantía, máxima transparencia y que no exista ninguna irregularidad”.

Asegura que no se siente presionada políticamente por el debate sobre este caso y adelanta que continuará investigando y “si en su día hay que formular alguna otra acusación, se formulará”

INVESTIGACIÓN

Los dos altos cargos del Sergas evitaron hacer declaraciones tanto a su entrada como a la salida de los juzgados, a los que acudencomo investigados por un presunto delito de prevaricación, aunque la Fiscalía también detectó en el caso indicios de homicidio imprudente por el momento el juez no ha aceptado esa consideración.

Tuvieron que responder por los retrasos que se produjeron en los nuevos medicamentos contra la enfemedad, que según la fiscalía fueron "de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico". La denuncia de la Fiscalía habla de 6 enfermos que murieron entre Galicia entre 2014 y 2015, después de ver negados o retrasados sus tratamientos pese a las advertencias de los facultativos que los atendieron y a que cumplían los requisitos del protocolo.

Desde que trascendió el caso ambos cargos han sido respaldados por la Xunta, tantopor el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, como por el propio presidente de la Xunta. Ambos defendieron en sede parlamentaria la subcomisión en la que se integraban estos dos altos cargos, sosteniendo que los tratamientos siempre fueron autorizados en base a "criterios clínicos".