El PSOE quiere más transparencia en los gastos de funcionamiento de la Casa Real

El PSOE quiere Patrimonio Nacional deje de pagar los gastos propios del funcionamiento de la Casa de Su Majestad el Rey de manera que éstos sean atendidos directamente por la alta institución y, con este objetivo, va a plantear en el Congreso que se aborden las modificaciones presupuestarias y la dotación de recursos humanos que resulten necesarias para lograrlo.

Así consta en una de las propuestas de resolución registrada por el PSOE al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, correspondiente a 2013, que se someterá a votación el próximo jueves en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

PERSONAL DE CONFIANZA

En ese anteproyecto de informe, el fiscalizador destacaba la "relevante prestación de servicios a la Familia Real con recursos propios del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional", que, según la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda, "correspondería atender propiamente a la Casa del Rey".

El tribunal citaba, entre otras cosas el personal de servicio y la administración de los bienes privados. Además, señalaba que a 31 de diciembre de 2013, Patrimonio Nacional contaba con una plantilla de 1.573 personas y de los que "muchos puestos funcionarios y laborales, más la práctica totalidad del personal eventual" eran de "especial confianza y libre designación" y prestaban sus servicios mayoritariamente en el área restringida de la zona de alta seguridad de las residencias de la Familia Real en el complejo de La Zarzuela, así como, en menor medida, en otras residencias".

Sin embargo, Patrimonio replicó que "no se corresponde con la realidad" que "una gran parte" de su plantilla sea "personal de confianza destinado en las residencias de la Familia Real" y concretó que total, entre laborales y eventuales, en el Palacio de la Zarzuela no prestaban servicio más de 122 personas.

GESTIÓN DE BIENES PRIVADOS

Tras estas alegaciones, en el informe finalmente aprobado, el Tribunal de Cuentas se limita a constatar la existencia de una "relevante prestación de determinados servicios a la Corona" que "no está formalmente y en su totalidad prevista en la vigente normativa", pero sin el añadido de que debería ser la Casa del Rey la que se ocupara de pagar esos servicios, como va a defender el jueves el PSOE.

Eso sí, en sus conclusiones el fiscalizador recalca que en varias estancias gestionadas por Patrimonio "se custodian bienes identificados por el Consejo de Administración de Patrimonio como 'bienes privados de la Familia Real' y recomienda que, dada la naturaleza privada de los mismos, "su custodia y gestión deberían ser objeto de regulación normativa o encauzarse en su caso a través de un convenio de colaboración entre Patrimonio y la Casa del Rey".