​Ana Pontón: "Los peajes no son ruido, sino un serio problema para muchas familias"

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Ap9 autopistaEl Gobierno central rechaza bonificar peajes.


La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha reclamado este jueves en Ferrol la nacionalización de la AP-9 a través de la compra de acciones, que supondría un gasto de 1.000 millones de euros frente a los 4.000 estimados para su transferencia.


"No puede ser que la única vía de comunicación de norte a sur de nuestro país sea por peaje", ha censurado la diputada, quien ha considerado que "sería bueno para la vertebración de Galicia"


Yolanda Díaz ha criticado también la actitud de Feijóo, asegurando no entender que pueda "aguantar esta tomadura de pelo" del Gobierno central. Asimismo, ha remarcado que la norma que regula las autopistas en España es del año 1972 y ha anunciado que En Marea tiene preparada una iniciativa parlamentaria para que las concesiones que finalizan el próximo año no se vuelvan a adjudicar.


PRESIÓN POLÍTICA CONTRA LOS PEAJES


El Bloque Nacionalista Galego impulsará una asamblea en Pontevedra con cargos públicos del Parlamento, de las diputaciones y de los ayuntamientos del Eje Atlántico para incrementar la presión contra la subida de los peajes en el AP-9, que ve "un auténtico abuso".


Así lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa la líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, que ha explicado que su formación trasladó tanto al portavoz de En Marea, Luís Villares, como al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, la invitación para participar en este encuentro que prevé celebrar el día 27 en Pontevedra.


"Queremos sumar fuerzas para frenar este nuevo abuso contra los gallegos", ha manifestado Pontón, que asegura que el objetivo de esta asamblea es "mandarle el mensaje claro al PP" de que "Galicia no está para seguir engordando los beneficios de Audasa". Reivindicarán que la concesionaria o el Estado asuman el coste de las obras de ampliación.


"Audasa obtuvo un beneficio de 45 millones, la nueva subida de los peajes supone cinco millones más a costa del bolsillo de los usuarios, es tan sencillo como que en lugar de 45 sean 40 millones de beneficios". "No creo que nadie en la dirección de la concesionaria quede sin comer el turrón por eso", ha indicado.


"ARTÍCULO DE LUJO"


Tras ello, ha informado de que remitió una carta al presidente del Grupo Itínere, Pedro Pérez, en relación a sus declaraciones en las que calificó de "ruido" las protestas por estos incrementos y por los accidentes laborales en el Puente de Rande.


"Las críticas a los peajes no son ruido sino un serio problema para las modestas economías de muchas familias, de los trabajadores, un impuesto a la circulación que convierte la AP-9 en un artículo de lujo para la mayoría y un lastre para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas", ha indicado.


"NADA QUE VER" CON LA AMPLIACIÓN


El presidente de la Xunta, por su parte, ha puntualizado que las obras que, según ratificó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quedarán pendientes para "uno o dos meses" en Rande, en la AP-9, "no tienen nada que ver con la obra nueva", sino que se efectuarán para la "conservación del tablero actual".


Feijóo respondió así preguntado por el hecho de que Audasa pueda empezar a cobrar la subida de peaje del 3,81% a lo largo de 2018, aunque el convenio estipula que debe ser al año siguiente de que acabe la ampliación.


PEAJE EN REDONDELA


Feijóo también ha insistido en su petición de que las obras de ampliación de la AP-9 no se vuelvan a hacer con cargo a peajes, sino a presupuestos del Estado, en alusión al enlace orbital de Santiago, así como a la mejora de la entrada de la autopista en las ciudades de A Coruña y Vigo.


Sin embargo, sí considera "lógico" que, si finalmente se consigue la bonificación parcial o total del peaje de Rande entre Redondela y Vigo, "se repercuta" en las tarifas en su totalidad. El ministro, que se abrió a "estudiar" esta bonificación si la Xunta formaliza una propuesta, contempló la subida tarifaria temporal como única opción, al obviar la posibilidad de que el Gobierno lo asuma del presupuesto.


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