El caos del monte alimenta a la 'industria del fuego'

El Plan Forestal de Galicia de 1992 contemplaba un espacio temporal hasta el 2032 en el cual se contemplaba la mejor calidad de vida de los habitantes de zonas rurales, la preservación de los recursos naturales y la mejora en la gestión de los montes. Se preveían unas 300.000 hectáreas para eucalipto, a día de hoy se superan las 400.000. Por otra parte, se preveía también que el monte pudiese ofrecer otros rendimientos distintos al forestal entre ellos figuraba la apicultura, ganadería en extensivo y otros recursos. Durante el gobierno PSdeG-BNG, la administración quiso abrir el monte a nuevas iniciativas y a su ordenamiento permitiendo alternativas en las que participasen activamente los propietarios y propietarias para que fuesen estas personas quienes diseñasen las políticas activas con sus propiedades. Sin embargo, desde el primer gobierno Feijóo y en la actualidad con Alfonso Rueda al frente de la Xunta, muchos de los planes quedaron en el fondo de algún cajón olvidado. La proliferación de incendios forestales tiene muchas variables, pero entre ellas destacaría la “desordenación” del monte. La excesiva proliferación de eucalipto, la falta de políticas de prevención que incluyan a los propietarios de forma activa y la ausencia de alternativas han convertido al monte gallego en caos que alimenta a sectores interesados como empresas dedicadas a la extinción de incendios y relacionadas. 

UNA RADIOGRAFÍA DEL MONTE

El problema del monte en Galicia es que los incendios forestales se llevan consigo árboles, mato, flora, ganado, fauna y paisaje. Xosé Pereira, de Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM), la Xunta de Galicia no está aplicando una verdadera política de prevención. El Plan De Incendios de Galicia (PLADIGA) “es un copia y pega” del documento escrito el año anterior volviéndolo una pieza obsoleta según pasan los años. Y esto se puede observar ante la situación actual, una masiva forestación del monte, abandono del rural, masas forestales desordenadas y muy poca población. “En realidad, el rural no interesa”. 
 

Según Xosé Pereira se deberían observar tres factores sobre la situación actual. En primer lugar tenemos que la política de prevención actual debería cambiar de modelo. Debería abandonarse, en parte, el modelo de subvencionar la limpieza del monte con ayudas económicas (desbroce, limpieza de caminos forestales) en época de fuegos. En su lugar se propone una política de acción directa que convierta los terrenos en elementos multifuncionales. Esto incluye la opinión de los propietarios permitiendo que las comunidades de montes (CCMM) y los particulares decidan sobre el futuro que quieren dar a sus propiedades. “Es fundamental contar con la opinión de los propietarios” señala Pereira, si se quiere conseguir resultados en la lucha contra el fuego.

El segundo punto es la extinción. Aquí las críticas caen sobre la externalización de servicios como pueden ser el de helicópteros antincendios, la creación de todo un entramado alrededor de la extinción que implica empresas especializadas en trajes, herramientas, compra de vehículos todoterreno, motobombas, licitaciones para obras de infraestructuras, etc. 

En ese sentido, los comuneros de montes consideran necesario revertir todo aquello externalizado y/o privatizado a lo público. De esta forma no se estaría favoreciendo a intereses privados que se “lucran” con los incendios forestales. El servicio debiera ser totalmente público porque “lo público nos representa a todos”. Por tanto, se dejaría de favorecer a esa industria del fuego que “cuanto más volumen de negocio, más volumen de beneficios”. A esto último se debiera unir la investigación, la mejora tecnológica de los equipos de investigación contraincendios por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El último factor es el de las ayudas a los propietarios y propietarias. No se trata de ayudas para limpiar el monte, se trata de “aquellas ayudas abiertas en su día por el bipartito”. Con ellas se apostaba por la multifuncionalidad del monte y permitiendo al propietario valorar las necesidades que tenía en ese momento y cómo el monte podría ser una solución para cubrirlas. Se buscaba tener un monte más productivo y “esa fue la primera ayuda que retiró el gobierno del PP”.

INDUSTRIA DEL FUEGO

El concepto de industria del fuego nace cuando se analizan las diferentes implicaciones empresariales que tienen los incendios. Entre ellas están las adjudicaciones a empresas para entregar material de todo tipo (palas, buldózer, motobombas, uniformes, utilería, etc.) y que suponen un desembolso importante para las arcas públicas, con un Pladiga de 2025 que recibe 200 millones de euros.

La industria del fuego implica a todas esas empresas que, directa o indirectamente, reciben dinero público para mantener diferentes servicios para combatir el fuego. Y es que la creación de nuevos equipos, la compra de maquinaria o su alquiler suponen un gasto elevado a la administración autonómica. 
 

A esto se suman las licitaciones, y no solo las implicadas directamente en apagar fuegos sino en las que implican la creación de infraestructuras como son casetas de vigilancia, centros de formación, edificaciones que en ocasiones no resultan funcionales según sindicatos, trabajadores y asociaciones profesionales. 

Si se busca una alternativa a la actual política forestal llevada adelante por el gobierno autonómico, es necesaria una reestructuración del monte, una mejor distribución de las plantaciones forestales y llevar adelante políticas que favorezcan alternativas sólidas y fiables económicamente. Se reclama también al ejecutivo autonómico la integración “en lo público” de servicios ahora externalizados.