El presidente de Sogama defiende el modelo de la gestión de residuos ante el Parlamento de Galicia

Javier Domínguez Lino ha comparecido en la Cámara autonómica para desgranar la hoja de ruta de la sociedad pública hasta el final de la década, en una sesión marcada por los duros reproches del BNG y el PSdeG sobre el estancamiento del reciclaje y el reciente encarecimiento del servicio para los ayuntamientos gallegos.

 


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El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, en comisión
El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, en comisión

 

La Comisión de Ordenación Territorial del Parlamento de Galicia ha sido el escenario de un enfrentamiento dialéctico de alta intensidad donde el máximo responsable de Sogama ha mantenido que la valoración energética es el único camino viable para evitar que los desechos terminen sepultados en vertederos. Domínguez Lino ha defendido con vehemencia que la incineración no supone un obstáculo para la recuperación de materiales, sino que es la alternativa directa al enterramiento de residuos, una postura que choca frontalmente con la visión de los grupos de la oposición, que demandan un cambio radical hacia una economía circular real que priorice el compostaje y la separación en origen.

 

 

El debate ha alcanzado sus cuotas más tensas cuando los portavoces del BNG y el PSdeG han afeado al presidente de la entidad el uso del castellano durante el turno de réplicas, un gesto que los nacionalistas calificaron de falta de respeto a la institucionalidad lingüística de la Cámara. Ante estas críticas, Domínguez Lino se mostró visiblemente airado y reivindicó la realidad bilingüe de la comunidad, sugiriendo que, si la lengua utilizada era el principal foco de queja de los diputados, significaba que la gestión técnica de la empresa pública estaba en la dirección correcta.

 

El foco de la gestión para los próximos años se centrará en el nuevo plan estratégico 2025-2030, que contempla una inyección de cien millones de euros para modernizar las instalaciones y avanzar en la sostenibilidad. Dentro de esta planificación, el proyecto estrella es la construcción de la que será la primera planta pública dedicada íntegramente al tratamiento de residuos textiles, una infraestructura en la que se invertirán más de 22 millones de euros y que busca dar respuesta a las nuevas normativas europeas que obligan a la recogida selectiva de ropa y calzado.

 

 

PLAN ESTRATÉGICO

Para el presidente de Sogama, el bajo rendimiento en la clasificación de residuos no es responsabilidad de la planta de Cerceda, sino que el problema estructural reside en los municipios, que actualmente remiten un 85% de la basura sin ningún tipo de separación previa.

 

Según el directivo, la eficacia del sistema gallego depende de que los entes locales asuman su papel en la concienciación y la logística de recogida, puesto que, sin una selección adecuada en el domicilio, la planta se ve obligada a procesar grandes volúmenes de materia que solo puede ser incinerada para evitar el colapso de los vertederos.

 

 

En este contexto, se ha puesto en valor el esfuerzo económico realizado en la última década, periodo en el que se han movilizado más de 118 millones de euros para optimizar la red de infraestructuras. Entre los hitos destacados por el ente público se encuentra la ampliación del complejo de Cerceda, que ha logrado duplicar su capacidad de tratamiento hasta alcanzar el millón de toneladas anuales, además de la creación de una red de instalaciones destinadas específicamente al compostaje que ha contado con una financiación de 45 millones de euros para dar servicio a la mayoría de las localidades gallegas.

 

La intervención también ha servido para que Domínguez Lino cargue contra la política fiscal del Gobierno central, al que acusa de comprometer la viabilidad financiera de Sogama mediante la transposición de directivas europeas que incrementan los gravámenes sobre la incineración. Esta presión impositiva, sumada al incremento del IPC, es la justificación ofrecida para la subida del canon que los ayuntamientos deberán abonar en 2026, fijado en 111,13 euros por tonelada en su tarifa general, aunque el presidente ha matizado que sigue siendo uno de los costes más competitivos de todo el Estado español para este tipo de complejos.

 

 

INVERSIONES Y TECNOLOGÍA

La oposición no ha ahorrado calificativos para definir la comparecencia como una actuación "lamentable" y carente de novedades reales para el sistema gallego. Luís Bará, en representación del BNG, ha denunciado que la entidad funciona en la práctica como una sociedad de incineración que quema o entierra casi el 80% de lo que recibe, cuestionando así que se pueda presumir de un modelo que, a su juicio, está lejos de los estándares ecológicos modernos. 

 

Además, el diputado nacionalista criticó que se presente ahora un plan estratégico que ya fue anunciado públicamente hace un año, interpretando la comparecencia como una maniobra propagandística de la Xunta.

 

Desde las filas socialistas, Aitor Bouza ha reprochado la falta de ambición de la dirección para mejorar las tasas de reciclaje, señalando que Sogama se aferra a un modelo obsoleto que se limita a perpetuar la quema de basura en lugar de evolucionar hacia la reducción y la reutilización. El PSdeG ha lamentado que el presidente dedicara gran parte de su tiempo a criticar otros sistemas de gestión, como el del Barbanza, en lugar de aportar soluciones para que Galicia deje de estar a la cola en los parámetros europeos de recuperación de envases y materia orgánica.

 

 

Por su parte, el Partido Popular ha cerrado filas en torno a la gestión de Domínguez Lino, celebrando la consolidación de una red que actualmente atiende a 2,3 millones de gallegos en 304 municipios. Gonzalo Trenor ha defendido que la eficacia del sistema es indiscutible y que los planes de futuro, que incluyen la digitalización de procesos y la descarbonización mediante energías renovables, garantizan que Galicia cuente con una gestión de residuos profesionalizada y capaz de absorber el volumen de desechos que genera la sociedad actual.

 

 

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