Incendios: responsabilidad del PP

La catástrofe sufrida es pequeña ante la hecatombe que se prepara 

Una de las cámaras que instalamos regularmente en el Parque Natural de Invernadeiro para monitorear al lobo registró 4 °C a las 7:02 del 28 de agosto. A las 10:26, la misma cámara indicó 34 °C, lo que se traduce en una amplitud térmica de 30 grados en tan solo 3 horas y media, en el intervalo en el que la noche da paso al sol abrasador de la última ola de calor sufrida en el país. La amplitud térmica observada es la de un desierto, con noches frías y días de calor extremo. Sin embargo, el video grabado por la cámara muestra un paisaje cubierto de coníferas, concretamente pinos. Árboles de sylvestris de entre 8 y 10 metros de altura, plantados hace más de 40 años y dispuestos a ambos lados de un amplio cortafuegos , barridos por un viento que levanta polvo de vez en cuando. La temperatura, la amplitud térmica y el paisaje forman una imagen discordante. Vivimos en una envoltura térmica diferente a la que permitió la formación de nuestros paisajes. En estas condiciones extremas de verano, la vegetación se convierte en papel seco o, en el peor de los casos, en gasolina. Y el fuego, con o sin intervención humana, reivindica su función selectiva y remodeladora . ¿Podemos hacer algo al respecto?

El mismo día 23 de agosto, cuando la conselleira de Medio Ambiente anunció en Dozón (y posteriormente ratificó en el Parque Natural de Invernadeiro ) la concesión de ayudas a las sociedades de caza por los devastadores incendios, llegaron a mi móvil imágenes espeluznantes. Ciervos y lobos carbonizados, atrapados entre los matorrales intentando escapar de las llamas. En vísperas de la berrea de los ciervos más hambrienta , confinados en los retales verdes que no han ardido, desde los que braman, no se sabe si llevados por el impulso reproductivo o por la melancolía, la concejala Vázquez, que podría tener a su disposición un ejército de agentes medioambientalesm coches de bomberos, todoterrenos, remolques y hasta helicópteros, prefiere dejar dinero a los cazadores para quién sabe qué misión, en lugar de preparar y equipar a su variado y completo equipo para asistir urgentemente a nuestra maltrecha fauna (otro drama es la afección al ganado en extensas zonas, como las 240 cabras quemadas de Verónica Villamor, de Parafita).

Ya en septiembre, un incendio en Barreiros, en el remoto norte, sacudió los medios de comunicación. Cinco jóvenes brigadistas quedan atrapados en un barranco del río Masma, rodeados de eucaliptos donde se habían refugiado mientras huían de las llamas. Sufren quemaduras de segundo grado en gran parte del cuerpo y son trasladados al Hospital da Mariña y posteriormente a A Coruña. Una ventana de sequía atmosférica, vientos moderados y alta combustibilidad ponen en jaque a la Mariña, anunciando lo que pronto podría ser la norma.

Advertencias que se repiten desde las tierras de Avia o Deza hasta las de Valdeorras, donde un alcalde estentóreo se encuentra sumido en la desgracia. Advertencias que tampoco van con los altos cargos de la Xunta. La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, María Sagrario Pérez, mira al cielo y silba, convencida de que la catástrofe no la afectará. Una actitud compartida por Manuel Rodríguez, director general de Defensa Forestal, y José Luís Chan, director general de Planificación y Gestión Forestal. No hace falta imaginar la reacción de Ángeles Vázquez, quien ha desarrollado un plan de prevención de incendios completo, preciso e infalible en espacios protegidos. Todas estas personas, posibles responsables subsidarios de la desgracia.

El presidente Rueda declaró, en el pleno del Parlamento que debatió los incendios, que asumiría la responsabilidad de realizar las labores de prevención en los cinturones secundarios, aquellos que rodean los núcleos de población. La oposición, quizá ajena a los detalles del asunto, no pudo señalar que dicha competencia, que ya tiene 20 años, recae en la Xunta de Galicia, en caso de que los municipios no desarrollen o ejecuten los planes municipales de prevención. Algo que ocurre a menudo desde que el PP asumió como norma el boicot a la Ley 3/2007 de Incendios, elaborada por la Consellería de Medio Rural del bipartito. Detengámonos en esto un momento. Dejaremos el análisis de la operación de extinción para otra entrega.

La Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios forestales en Galicia, fue una ley avanzada en su concepción, que se dictó en un momento en que los dramáticos acontecimientos actuales confirman la validez de la ley, y que, en su momento, fue calificada de "utopía" por altos dirigentes del PP. Esos mismos dirigentes deberían reconocer a los biercenses que, en Galicia, si el drama no alcanzó las dimensiones de aquella región, fue precisamente por la existencia de las franjas de prevención secundaria que el Bloque "inventó". La exposición de motivos de la ley afirma:
 

“La política de defensa del medio rural frente a los incendios, por su vital importancia para el país, no puede implementarse de forma aislada, sino que debe integrarse en un contexto más amplio de planificación territorial y desarrollo rural, involucrando a todas las administraciones, propietarios de terrenos forestales, agricultores, comunidades forestales locales en común, sociedad rural y la ciudadanía en general”.

El texto estructuró la planificación preventiva en diversas áreas físicas e institucionales. Entre las primeras, se especificaron los tipos de redes de gestión de biomasa: primarias (lineales, en torno a vías de comunicación, instalaciones eléctricas, etc. ), secundarias (municipales, en torno a núcleos de población) y terciarias (en zonas forestales). Entre las últimas, el Título II, « Planificación para la defensa del medio rural frente a los incendios forestales», especificó y detalló una planificación escalonada, de arriba a abajo, que abarcaba desde el nivel regional hasta los comarcales, municipales y sub municipales. Los documentos técnicos que guiarán estos planes territoriales serían el «Plan de prevención y defensa contra incendios forestales en Galicia», a nivel regional, los planes comarcales de prevención y defensa y los planes municipales, que deberían integrarse en los planes municipales de emergencia. Respecto a estos planes municipales, la ley indica en el punto 5 del artículo 16:

La coordinación y gestión de la planificación municipal para la prevención y defensa contra incendios forestales es responsabilidad de los alcaldes. La elaboración, ejecución y actualización de esta planificación es obligatoria . 

Dentro de estos planes municipales, el objetivo principal es la identificación y actuación en redes de gestión de biomasa secundaria. Y, a pesar de todas las modificaciones, compromisos y equívocos legislativos realizados por el PP en los últimos 18 años, la responsabilidad municipal sigue siendo muy clara.

Pero en uno de los artículos, el 21 quater, se especificaron los principales elementos que garantizarían los planes preventivos. Entre ellos, uno de los principales sería el sistema público de gestión de la biomasa. La ley contemplaba atribuciones y mecanismos muy precisos, que posteriormente fueron objeto de profundas modificaciones por parte de diferentes gobiernos del PP.

A pesar de estos intentos, la ley vigente establece claramente la necesidad de cooperación entre administraciones y cómo, cuando sea necesario el apoyo del gobierno regional, este puede y debe poner al servicio de los municipios la entidad del sector público regional Seaga, con el objetivo de lograr una reducción del número de incendios en las zonas de interfaz urbana, para garantizar la seguridad de las personas. Esta cooperación se instrumenta a través de los correspondientes convenios de colaboración entre los municipios y la Xunta. Pero, obviamente, es esta última y, dentro de ella, el departamento responsable de la protección contra incendios forestales, quien debe evaluar si se están alcanzando los objetivos marcados en la ley y, por tanto, evaluar si debe sugerir a los municipios la necesidad de impulsar estos convenios. Es decir, como cualquier fiscal o magistrado puede interpretar, la ley sigue especificando claramente que, subsidiariamente, el gobierno regional será responsable de ejecutar, mediante convenios, la gestión directa de la biomasa, en caso de que ni los titulares responsables ni los municipios asuman dicha labor. La asunción de responsabilidades directas por parte de las administraciones en caso de riesgos evidentes para la seguridad en zonas de incendios recurrentes, si los responsables de la retirada de biomasa no cumplían las advertencias, era una de las preocupaciones del texto original. Este aspecto ha sufrido sucesivas modificaciones. La última, correspondiente a la Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, de entrada en vigor (versión 2022), con la que el PP lleva años modificando la normativa legal. Esta modificación sigue atribuyendo responsabilidades a la administración regional:

Cuando por la extensión o especial dificultad de las tareas de gestión de biomasa o de retirada de especies sea necesaria la elaboración de un plan anual de actuaciones, éste deberá ser aprobado por el órgano de gestión competente en materia de prevención de incendios , ( ). 

Aunque probablemente sea una de las leyes que más modificaciones ha sufrido a lo largo de su historia, con un total de 105, de modo que debemos seguir el hilo de una madeja completamente enredada, este texto mantiene su vigencia y, sin duda, una parte considerable de su espíritu original. Esa sombra aún proyecta una responsabilidad política. Y está por ver si también tendrá una responsabilidad legal.

Porque, aunque no queramos, las preguntas se suceden. ¿Cuántos municipios han procedido a desarrollar los correspondientes planes municipales de prevención y defensa contra incendios forestales? ¿Cuántos municipios gobernados por el PP han incumplido sistemáticamente esta obligación? Es cierto que la complejidad y dificultad de desarrollar esta planificación de forma coherente dificulta su avance administrativo y consolidación, ya que las corporaciones municipales de diferentes afiliaciones políticas se ven impotentes para ejecutarla. Pero ¿se ha derogado o modificado la ley en estos aspectos coercitivos e institucionalmente obligatorios? ¿Existe, por tanto, un boicot activo a esta ley por parte de la propia Xunta de Galicia? ¿O no es una evaluación objetiva que toda la fuerza de la operación Defensa do Monte abandonó toda labor de prevención para centrarse en la extinción? ¿Hacia qué modelo se pretendía avanzar en un contexto de cambio climático ya más que evidente? Y ¿no es así, centrándonos en la extinción y relegando la prevención, cómo evitamos aprovechar las experiencias pasadas recientes de grandes incendios para evitar que esas zonas vuelvan a arder? ¿Tendrá algo que decir el defenestrado José González, ex-conselleiro de Medio Rural, sobre su proyecto estrella de nueva ley de incendios, que priorizaba la prevención sobre la extinción? ¿Será, entonces, que todo se reduce a los abandonos e imposturas más extremos, hábiles e interesantes , como en la infame DANA? Ahí, quizás, resida la responsabilidad subsidiaria de la inacción.

La acumulación de coníferas y eucaliptos en extensas áreas de Galicia anuncia incendios que empequeñecerán los de este año.

Inmensas extensiones de coníferas esperan, no precisamente a ser aprovechadas tras las pertinentes talas, sino a ardeen las sierras de la provincia de Ourense y las del sur de Lugo. Ortegal, Eume y A Mariña, comarcas salpicadas de innumerables aldeas y pequeños núcleos de población, están completamente cubiertas de eucaliptos. El frente atlántico, lo mismo. Un horizonte temporal muy cercano, en el que afrontaremos inviernos fríos, primaveras lluviosas y veranos prolongados con altas temperaturas, instalará una nueva realidad de grandes y voraces incendios, como los que estamos sufriendo este verano que termina. Pero no nos preocupemos, porque la catástrofe sufrida quedará empequeñecida ante la hecatombe que se prepara. La pregunta de si podemos hacer algo solo tiene una respuesta posible y es negativa. No podemos esperar resultados sin implementar un giro total en la política rural, forestal y forestal. Sin abandonar el compromiso actual, incapaz de frenar el vacío demográfico en el territorio y responsable de abrir espacio para la penetración de multinacionales como Altri, Ence, Iberdrola, Greenalia o Cobre San Rafael. La responsabilidad es evidente.