FISCALIA

Maza matiza que para ello, el presidente catalán debería cometer un delito de malversación y habría que "ver las circunstancias en que se produce en su momento".

La fiscalía denuncia en la Audiencia Nacional a las personas y entidades que impulsaron la intimidación y los incidentes.

La Fiscalía del Estado ordena a los fiscales jefes catalanes que investiguen a los regidores que colaboren con el 1-O.

Mossos, Policía y Guardia Civil tienen instrucciones para "intervenir urnas, sobres electorales y cualquier otro material" del referéndum ilegal.

Estuvo 13 días ingresado y el hospital defiende que recibió la "atención adecuada". El Defensor del Paciente acude a la Fiscalía.

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública ha presentado la petición por escrito. Niegan que se hayan retomado las operaciones.

La Audiencia de Palma le impuso una pena de 6 años y 3 meses de prisión, pero la Fiscalía del Supremo solicita más del doble.

Ha insistido en que la sociedad radicada en Panamá que heredó de su padre "no supone ilegalidad ni irregularidad". 

Las Xuventudes Socialistas reclaman que "una sociedad decente no puede tolerar ningún ataque a los derechos fundamentales y a la igualdad".

En Marea tilda de "corrupto" al fiscal anticorrupción y el PP ve "inapropiadas" esas manifestaciones. 

El "disparate" comenzó cuando la Xunta la envió como refuerzo a la Fiscalía con lo puesto, sin un sitio donde sentarse a trabajar.

La Fiscalía considera que actuó con alevosía y ensañamiento y la defensa pide rebajar la cualificación a homicidio por un supuesto trastorno delirante.

La Audiencia de A Coruña lo considera autor de un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento. 

Los hechos sucedieron en julio de 2015 y julio de 2016, en visitas del acusado al domicilio familiar de los menores, en Padrón. 

La Delegación del Gobierno de Madrid denunció esta campaña publicitaria por un delito del artículo 510 de discurso de odio del Código Penal. 

El Defensor del Paciente considera que "la administración" no debe "quitar la autoridad al médico" para otorgarla a las "mutuas".

El presunto cabecilla de la trama Gürtel recibió, según Anticorrupción, más de 11 millones entre contratos y comisiones.

Este equipo de traballo formarano gardas civís de tráfico e policías locais das sete grandes cidades galegas.

El escrito de acusación señala que el expresidente de la Generalitat desobedeció intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional al seguir adelante con la consulta del 9N.

Parece claro que la Fiscalía no pedirá penas de prisión al considerar que los gastos de la consulta fueron pactados antes de la supresión del TC y debían pagarse.