JUSTICIA

Los funcionarios gallegos exigen a la Xunta la equiparación salarial con sus colegas de otras comunidades.

Fiscalía y TSXG celebran el "salto cualitativo" que supondrán las nuevas instalaciones, que paliarán "graves carencias" actuales.

Entiende que la investigación debe ser conjunta porque todos los acusados jugaron un papel para lograr la independencia de Catauña.

Sindicatos denuncian "agravio" respecto al resto del Estado en sus salarios, medios humanos y materiales

Desde su puesta en marcha en junio han dictado ya casi 200 sentencias y celebrarán otras 380 vistas estos dos meses.

La Fiscalía pide "mejorar en capacidad de respuesta jurídica" y a la hora de reclamar indemnizaciones.

Proponen negociar hasta finales de enero mejoras laborales y más personal para superar los recortes de los últimos años.

El Gobierno de Santiago interpone una demanda contra Carmen Franco, avalada por numerosa documentación.

José Manuel Maza afirma que "no caben vacilaciones" frente a los independentistas y coloca a la institución "en todos los frentes".

Un bufete de abogados lleva su tercer recurso ante el TGUE, debido al "elevado número de solicitudes" de accionistas.

CSIF alerta de que por este "agujero en la seguridad", los funcionarios de otros órganos judiciales pueden ver y modificar los procesos penales.

Más de 2.000 afectados presentarán un recurso el lunes, mientras inversores mexicanos lo han hecho este viernes.

Vuelven al juzgado este jueves el cargo de Adif investigado y dos peritos en relación con el análisis de riesgos.

Nouy afirma que hay margen de mejora para que la justicia española investigue si hubo filtración de información privilegiada. 

Los populares quieren que no se mire más atrás de 2015, cuando se creó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

El 30 de abril de 1994, dos empleados del Cash Récord situado en el Polígono lucense fueron asesinados a tiros en el propio supermercado.

Seis de las siete grandes ciudades dieron su respaldo a la reclamación de las víctimas, a excepción de Ourense, que solo solicitó la técnica. 

En Marea tilda de "corrupto" al fiscal anticorrupción y el PP ve "inapropiadas" esas manifestaciones. 

El "disparate" comenzó cuando la Xunta la envió como refuerzo a la Fiscalía con lo puesto, sin un sitio donde sentarse a trabajar.

Insiste en su denuncia de supuestas irregularidades en cuestiones como quiénes podrán ejercer el voto.