El edificio señorial, en manos la familia Franco, está más cerca que nunca de ser recuperado como patrimonio público después de la demanda presentada contra la familia Franco en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña por parte de la Abogacía del Estado. En el escrito se reclama la propiedad del inmueble para el Estado, alegando que su adquisición por parte de los Franco fue "simulada y fraudulenta", su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.
Los expertos logran acreditar más de 30 años de uso institucional de la vivienda para argumentar que por "fuerza de uso" es un inmueble público.
Los cinco ayuntamientos vienen de firmar la moción en contra de la mina de Touro-O Pino. Hacen así un total de veintisiete municipios que han mostrado su rechazo al proyecto de Atalaya Mining
El BNG reclama que el Parlamento y la Xunta tomen posición en torno al conflicto con Meirás, como hizo el sábado el Concello de Sada.
Un pleno abarrotado demanda también que el Concello gestione las visitas y nombra "no grata" a la familia del dictador.
El alcalde envió una carta a la Xunta en ese sentido, que apoya Sadamaioría. En Marea y BNG buscan la devolución del inmueble.
La familia del dictador incumple habitualmente sus obligaciones de abrir al público el inmueble situado en Sada, expoliado y regalado a Franco.
El Ministerio Público procede de esta forma ante una denuncia que parte de un colectivo LGTBI, por lo que estudiarán si hay indicios de delito.
El autor del polémico artículo insiste en que su renuncia en la patronal "no supone una retractación" por el contenido.
Bernardo Valiño, que será relevado a mediados de semana, insiste en defender que se trata de "un artículo de debate".
El presidente de los empresarios ve "correcto" y "valiente" el artículo escrito por el secretario y tesorero del colectivo.
Se trata de cinco narcotrafiantes gallegos y ocho asaltantes de nacionalidad colombiana que iban a hacer el pase de droga en Sada.